Las 86 familias de guardias civiles que viven en el cuartel de Cartagena tendrán que buscarse casa. El edificio se ha declarado en ruina y tendrá que ser derrumbado para levantarse de nuevo, ante el peligro que conlleva que se mantenga en las condiciones actuales. Aunque no es algo inminente, sí que es ineludible, y se espera que se produzca en las próximas semanas, antes de que acabe agosto.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado mediante un escrito que, una vez que se ha declarado en ruina el acuartelamiento, no se ha planteado ninguna solución para desalojar y realojar a las 86 familias que residen en su interior.

La situación del inmueble no es nueva. Desde 2016 ya presentaba signos y síntomas de deterioro. Se ha podido ver cómo se han caído cornisas, cascotes de balcones o se han tenido que apuntalar voladizos para que no corriesen el riesgo de derrumbarse.

A peor desde mayo

Lo que se suponía un rumor desde el pasado viernes ya es una realidad: el edificio se ha declarado en ruinas y, por lo tanto, las familias tendrán que irse. La última inspección del cuartel, a raíz de las inundaciones en mayo en la ciudad, "arrojó problemas estructurales y tras la realización de catas en el forjado, principalmente de las cubiertas de los edificios, se concluye que el estado de las mismas supone un peligro para las personas que habitan el acuartelamiento y trabajan en sus dependencias", denuncia la AUGC.

El problema, según apuntan, es que no se les ha dado una solución habitacional a todas estas personas. "Nos han comunicado los problemas, pero no las soluciones y simplemente se han comprometido a realizar gestiones, pero sin garantizar resultado alguno". La Guardia Civil sólo cuenta con 14 viviendas oficiales en un radio de 50 kilómetros desde Cartagena.

Los afectados por el derrumbe "no tienen modo alguno de alquilar viviendas en la zona" y critican la imposibilidad de "contratar una empresa de mudanzas en estas fechas". La situación es desesperada para los guardias y las familias afectadas. "Todo ello está pasando factura a nuestros compañers, que no saben cuándo podrán desalojar, dónde podrán residir e incluso cual será el colegio de sus hijos creando una incertidumbre y un miedo a que pueda ocurrir algún desprendimiento de cubiertas, cornisas o cualquier otra estructura", aseguran desde la asociación.

Criticas de las asociaciones

La asociación Jucil también ha reclamado "medidas urgentes y extraordinarias para que las 86 familias que residen en el acuartelamiento no acaben en la calle". Su secretario general, Ernesto Vilariño, se ha desplazado este martes hasta la ciudad para reunirse con el coronel jefe de la comandancia, Jesís Arribas, y conocer de primera mano la problemática con detalle.

"El Ministerio del Interior, como casi siempre, se ha mostrado extremadamente lento", se quejan los agentes. Critican que en un primer momento, desde la Dirección General se negaban las deficiencias que al final acabarán con el derribo del edificio para, posteriormente realizar diversos proyectos de construcción de un nuevo acuartelamiento "que nunca vieron la luz".

Según AUGC, de los mencionados planes, "el último y más sangrante" fue el anuncio en junio de 2021 de la construcción únicamente de un nuevo edificio de oficinas olvidando las viviendas de los guardias civiles, que oficialmente se comunicó al Ayuntamiento de Cartagena, "pero nunca se dotó presupuestariamente para su construcción".