El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más longevo y anómalo de la democracia estrenó este martes nuevo presidente en un pleno extraordinario con todos los vocales. Vicente Guilarte es el tercero después de la renuncia de Carlos Lesmes y de la jubilación de Rafael Mozo y ha conformado su núcleo duro con una nueva organización de la Comisión Permanente y cambios en todas las comisiones. La actitud de Guilarte contrasta con la de su antecesor que no hizo ningún cambio y sus retos pasan ahora por resolver la incógnita de quién dará el discurso de apertura del año judicial ante el Rey Felipe VI y por mantener la calma ante el bloqueo del órgano que, a juzgar por el resultado electoral, se anticipa largo.

El único punto del día del pleno de este martes era en un principio el "examen de la situación del Consejo General del Poder Judicial tras la jubilación del vocal que venía desempeñando la suplencia de su presidente y adopción de los acuerdos precisos para garantizar su correcto funcionamiento". Fuentes internas explican a este periódico que algunos vocales reprocharon la ambigüedad del concepto porque no esperaban que fuera a reorganizarse toda la composición del Consejo. Además, ante la polémica suscitada el día anterior por si Guilarte había abandonado o no su actividad privada, durante la mañana el CGPJ envió un comunicado en el que se advertía de que el propio vocal había pedido que se introdujera en el pleno para que constara en acta que había iniciado los trámites para dedicarse en exclusiva a la presidencia. Con todo aclarado, se votó primero para que se convirtiera por fin en presidente por sustitución.

Guilarte parece haber asumido que ha llegado para quedarse, dicen fuentes del Consejo. En principio, el catedrático de Derecho Civil venía de forma transitoria porque en el horizonte electoral se vislumbraba una victoria del PP que pudiera empezar a engrasar la renovación del CGPJ. Sin embargo, el resultado salido de las urnas ha dado al traste con todos los plazos mentales que manejaban los vocales que ahora acogen con resignación la idea de que su mandato vuelve a prolongarse 'sine die'.

Por eso, se decidió ayer que el Consejo entrara en una nueva etapa con cambios en todas las comisiones y, especialmente relevante las modificaciones en la Comisión Permanente. Este era uno de los temores de los vocales de la actual que se mantenía desde los tiempos de Lesmes y que son los únicos que tienen de dedicación exclusiva y un sueldo de unos 130.000 euros anuales. Son, en realidad, los que manejan el día a día.

Este martes salió de la Permanente uno de los vocales progresistas más activos y combativos del bloque Álvaro Cuesta, así como los conservadores Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz que habían sido los más incisivos con el tema de la exclusivdad. Se mantuvo en esta Comisión la progresista Pilar Sepúlveda y el conservador José Antonio Ballesteros y se agregaron las vocales Roser Bach y Mar Cabrejas, designadas por el PSOE, y Carmen Llombart y Mª Ángeles Carmona, elegidas por el PP. Esta última se quedará compaginando también la presidencia del observatorio de violencia sobre la mujer.

El magistrado Wenceslao Olea seguirá como presidente de la Comisión Disciplinaria (la integrarán Gerardo Martínez Tristán, Moya, Fernández, Pablo Lucas, José María Macías y Cuesta) y la togada Clara Martínez de Careaga al frente de la de Igualdad (integrándola Díaz y Fernández). Por su parte, el conservador Gerardo Marínez Tristán pasará a presidir la de Asuntos Económicos (compuesta por Moya y Lucas).

Guilarte llegó con la propuesta de estos cambios que fue acogida de forma favorable por la mayoría de vocales, si bien los bloques se han disuelto para votar porque tanto los conservadores Díaz, Martínez Moya y Manuel Fernández como los progresistas Sepúlveda, Martínez de Careaga y Cuesta han votado en contra y han anunciado voto particular. Las fuentes consultadas explican que ha habido reproches sobre las formas que ha tenido Guilarte de resolver todo este asunto y el hecho de que no fuera explicitado en el orden del día. Olea, por su parte, ha votado en blanco.

Del otro lado, defienden que ya era hora de hacer esta renovación porque "aprovechando la salida de Mozo" la Comisión Permanente tenía que cambiar y recuerdan que la ley dice que debe hacerse anualmente a pesar de que llevaba años sin tocarse.

Discurso ante el Rey

Así termina el último episodio de polémica en el Consejo antes de que los vocales se marchen de vacaciones. A la vuelta de vacaciones el reto más inmediato que afronta el nuevo presidente pasa por consensuar quién dará el discurso de apertura del año judicial. El CGPJ está compuesto ahora de una bicefalia en cuyo otro extremo está el magistrado Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo y actualmente del propio Tribunal Supremo también. Quién vaya a dar el tradicional discurso ante el Rey Felipe VI es una de las incógnitas que se abren ante este escenario tras la dimisión de Lesmes el pasado año. Algunas las fuentes consultadas señalan que "no hay duda" de que debe ser Guilarte que es el que representa al órgano de gobierno de los jueces, mientras que otras voces abogan por Marín Castán.

Sea el que sea, será la primera vez que alguno de los dos pronuncie este discurso en público público en un discurso no falto de simbolismo y responsabilidad en el que Lesmes hace casi doce meses abroncó a los políticos por su incapacidad de llegar a un pacto que renovara el CGPJ.

Con la salida de Mozo el sector progresista se ha quedado en absoluta minoría siendo 6 contra 10 conservadores. El Poder Judicial debería estar formado en realidad por 20 vocales, si bien en estos años ha habido jubilaciones, fallecimientos y renuncias menguando el órgano.

Guilarte debe manejar ahora los contrapesos y saber acordar decisiones. Una habilidad que Lesmes trató de buscar hasta el último momento pero que, sin embargo, tras su salida la grieta entre ambos sectores ha quedado totalmente acentuada.

Los nombramientos

Otro de los desafíos para Guilarte está en sorportar el goteo de vacantes judiciales y afrontar la crisis de sillas vacías en el Tribunal Supremo. En marzo de 2021 el PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante una reforma que impide al CGPJ realizar nombramientos mientras se encuentra en funciones.

En los primeros 100 días de Gobierno el PP pretendía derogar esta norma para que el CGPJ pudiera volver a nombrar y los conservadores podían ser un rodillo en mayoría. Si se desbloquease podrían imponerse en la mayoría de puestos claves en las cúpulas judiciales y mientras el partido que dirige Alberto Núñez-Feijóo pretendía acometer la prometida reforma de la ley para que cambiara el sistema de nombramientos de vocales y fueran los propios jueces los que eligieran a sus pares.

Los vocales daban por hecho que este proceso se alargaría y en su meta futura se hablaba del primer trimestre del año que viene para una renovación. Pero la insuficiente mayoría de los populares para formar gobierno ha hecho añicos cualquier calendario. Ahora, habrá que ver si alguno de los dos bloques en el Congreso es capaz componer el puzle para ir a la investidura. Si fuera Pedro Sánchez el que consiguiera los apoyos suficientes, el PP volvería a estar en la tesitura de ser la llave para desbloquear el CGPJ y el escenario sería el mismo que durante todos estos años de legislatura.

Si por el contrario, hubiera una repetición electoral, los plazos se alargarían al menos hasta diciembre solamente para volver a los comicios.

Todo este tiempo indefinido de interinidad deja también un vacío sobre las funciones del Poder Judicial hasta que se conforme un Gobierno. En el cajón quedan informes tan extensos como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que el departamento de Justicia de Pilar Llop mandó a analizar.