El Gobierno vasco denunciará ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de la Ley de Vivienda aprobada en mayo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez por invadir competencias propias del País Vasco. La decisión ha sido adoptada hoy por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco y en contra del criterio de los tres consejeros del PSE, que han votado en contra de la medida. El PSE, socio de coalición del PNV, es precisamente quien asume la consejería de Vivienda.

La autorización para recurrir ante el TC siete de los artículos de la norma ha sido aprobada tras escuchar los argumentos de los servicios jurídicos del Ejecutivo. Además, también se recurre una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.

Se considera que el Estado regula aspectos que, pese a no estar desarrollados de modo expreso en la ley vasca de vivienda, "son competencia de Euskadi". Una decisión que provocaría además de la invasión competencial "una inseguridad jurídica" y la "imposición a Euskadi de ciertas medidas y medios para llevarlas a cabo" pese a que la titularidad exclusiva la tiene la Administración vasca.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha confiado que tras este anuncio se pueda abrir un proceso de diálogo en la comisión bilateral de cooperación que permita alcanzar una solución que facilite frenar el citado recurso de inconstitucionalidad. Ha recordado que ya ha sucedido en otras ocasiones y que confía en que también ahora se pueda alcanzar un acuerdo: "Exigimos más diálogo para la gestión de estas competencias sea pacífica", ha señalado Zupiria.

Invasión competencial

Junto al recurso al TC de parte de la Ley estatal de Vivienda, el Gobierno de Urkullu también ha aprobado formular un requerimiento al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que derogue, anule o revoque "las disposiciones o actos adoptados en relación a la modificación de los Estatutos y Pliegos de Condiciones de la Denominación de Origen Calificada Rioja". En caso de no hacerlo, se autoriza al Ejecutivo a interponer los correspondientes recursos contenciosos administrativos. También a esta decisión se han opuesto los tres consejeros del PSE que integran el Gobierno de coalición.

Zupiria ha asegurado que estas discrepancias no suponen una fractura en el seno del Ejecutivo, ya que este tipo de discrepancias están perfectamente recogidas y reguladas en su acuerdo de funcionamiento.

El Gobierno vasco considera que el Estado regula aspectos "que no le corresponden", como son la función social de la vivienda, las acciones promotoras públicas o la política pública de acceso a la vivienda y ante lo que a la Comunidad Autónoma Vasca sólo le quedaría "ser mera ejecutora" pese a ser la competente en la materia. Recuerda que la ley vasca ya regula la mayor parte de esas materias y que se trata de una norma avalada por el TC que "confirmó la competencia de Euskadi para aprobar la ley vasca". Acusa al Estado de "injerencia" y de actuar aplicando una norma "recentralizadora".

Una medida "restrictiva"

En lo referido a la aprobación dada a la modificación de los estatutos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, aprobado el 1 de junio, se señala que impide que los diferentes operadores o productores del sector "puedan destinar parte de la uva producida en sus viñedos a nuevas denominaciones de origen o a vinos producidos al margen de la Denominación Rioja".

La modificación se acordó para frenar los intentos en la Rioja Alavesa de crear una denominación propia, "Viñedos de Alava", y que el Gobierno Vasco avaló. Un intento que provocó un fuerte rechazo en La Rioja y entre la mayor parte del sector vitivinícola de la zona. Ahora el Ejecutivo de Urkullu considera que la modificación de los estatutos que autorizó el Gobierno de Sánchez es "una medida restrictiva desde el punto de vista de la competencia y perjudica al sector".

En su argumentación para solicitar la derogación o revocación las disposiciones correspondientes, señala que suponen un límite al derecho a la libertad de empresa "ya que se obliga a los viticultores a destinar su vino exclusivamente a la Denominación Rioja": "De este modo salen perjudicados los viticultores y las pequeñas bodegas titulares de viñedos, mientras que los vinicultores o productores de vino tienen más opciones". Se asegura que se discrimina entre viticultores y vinicultores "ya que a los primeros se les obliga a que su uva sea producida para destinarla sólo a DOC Rioja, mientras que a las corporaciones vinícolas, especialmente las grandes, puede operar en distintas denominaciones de origen".