El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido esperar. En una decisión de este mismo jueves, el magistrado aclara que no pedirá una euroorden de entrega de Carles Puigdemont a España hasta que se resuelvan las medidas cautelares en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Es decir, hasta que el órgano comunitario decida si devuelve la inmunidad al expresident temporalmente mientras se esclarece el último fleco judicial en Europa. Fuentes de la defensa del líder independentista han confirmado que el recurso todavía ni siquiera se ha interpuesto. El plazo termina el 15 de septiembre.

La decisión del instructor del procés Llarena se esperaba para estos días y podía mover el panorama político de Junts si se activaba la orden de detención internacional contra Puigdemont y el exconseller Toni Comín. Pero el magistrado ha optado por la vía de la prudencia y, una vez recibida la petición de la Fiscalía y de la acusación popular (Vox) para que se reactiven las peticiones europeas e internacionales, se inclina por esperar. El plazo se instala ahora al menos entre septiembre u octubre que es cuando previsiblemente podría pronunciarse el TJUE.

El instructor se apoya en que si emite ahora una euroorden esta quedaría paralizada antes de alcanzar su objetivo si el TJUE admitiese una eventual medida cautelar que devolviera la inmunidad a Puigdemont. Y esto ya ha ocurrido, recuerda. "Durante la tramitación del recurso, aun cuando el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) denegó la medida cautelar de suspender la retirada de la inmunidad, tal medida provisional fue acordada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en resolución de 24 de mayo de 2022, de modo que los procesados continuaron disfrutando provisionalmente del privilegio que inicialmente les correspondía como parlamentarios", explica Llarena.

Aunque actualmente ninguno de los fugados goza de esta protección, debido a la sentencia del TGUE del pasado 5 de julio, el recurso que van a interponer los procesados podría devolvérselas de forma provisional y ante ese escenario, el juez prefiere apurar los márgenes.

"Cualquier OEDE [Orden Europea de Detención y Entrega] que se emita en el estado actual del procedimiento, quedará inmediatamente paralizada" expone la providencia de este jueves, "obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este recurso".

La vuelta en tres meses a partir de septiembre

El nuevo calendario impone un horizonte para el último trimestre del año. Puigdemont tiene ahora hasta la mitad de septiembre para recurrir y, si solicita medidas cautelares, el TJUE deberá resolverlas antes para decidir si le devuelve la inmunidad mientras entra al fondo de la cuestión. De retornarle dicha protección, de nuevo todo se alargaría en el tiempo.

Pero si no le entrega la inmunidad, Llarena avanza en su decisión de hoy que "podrá adoptarse la decisión que peticionan las acusaciones", es decir reactivar la euroorden, "con una antelación suficiente operativa, visto que el plazo máximo que establece la Decisión Marco 2002/584/JAI para resolver cualquier reclamación de entrega es el de tres meses".

En ese escenario, dice el juez instructor, "no existiría ninguna dificultad para que los procesados puedan ser puestos a disposición de la Justicia española antes de disolverse el Parlamento para el que fueron elegidos y para cuyo desempeño se les concedió la inmunidad cuya suspensión se peticionó desde un inicio".

Haciendo estos cálculos provisionales, suponiendo que Puigdemont agotará los plazos para recurrir (15 de septiembre) y que la medida cautelar del TJUE se adoptara en menos de un mes (15 de octubre), suponiendo además que sería rechazada, la justicia belga debería decidir entre unos márgenes sobre el 15 de enero si entrega al expresident. Si bien todo este escenario puede sufrir cambios por el camino.

Además, el magistrado del Supremo niega que tenga que volver a solicitar un suplicatorio al Europarlamento como algunas fuentes sí han deslizado. "El principio de cooperación leal que opera como regla rectora entre los organismos públicos de la Unión y sus Estados Parte, debe orientarse a que, habiéndose peticionado el suplicatorio inmediatamente después de constituirse el actual Parlamento, si la suspensión de la inmunidad peticionada fue concedida y resuelta jurídicamente válidad, la iniciativa jurisdiccional debería poder alcanzar la finalidad para la que está prevista", dice su resolución. Según él, el suplicatorio valdría incluso de cara a unas nuevas elecciones en el Europarlamento en junio de 2024 e indica que sería una "anomalía" que la constitución de un nuevo Parlamento "obligue a este instructor a reiniciar el proceso".

De esta forma, Llarena deja en pausa la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo del pasado 24 de julio en la que los cuatro fiscales del procés solicitaron que se emitiera una orden de busca y captura para el líder de Junts.