Jaume Giró puso fin en 2021 a cinco años de ausencias de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Un plantón que inauguró Andreu Mas Colell, con el Govern de Artur Mas, y que mantuvieron Oriol Junqueras y Pere Aragonès como consejeros de Economía de Carles Puigdemont y Quim Torra, respectivamente. El saldo fue más que positivo para la Generalitat.
El acuerdo fijó una aportación adicional de 3.100 millones de euros para la Generalitat, dentro del incremento de financiación para todas las comunidades autónomas en 2023. Cataluña salió del acuerdo con la promesa de 26.560 millones de euros entre los adelantos correspondientes a 2023, las liquidaciones de los presupuestos de 2021, el 0,3% de margen de déficit y otros ingresos adicionales, como la financiación correspondiente a los Mossos d’Esquadra.
Esta vez, sin embargo, Esquerra no está pensando en una revisión del modelo de financiación autonómica -pendiente de renovación desde hace una década- sino en aprovechar su peso decisivo en la investidura para "poner fin al déficit fiscal" como todos los dirigentes republicanos han repetido desde la campaña electoral del 23J. Por eso la oferta lanzada este martes por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha sonado a manzana envenenada a los republicanos.
Efectos inmediatos
"No iremos a negociar una financiación que implique a otras comunidades, no iremos con Ayuso y García Page" advertía poco después Aragonès en respuesta a Montero. Inmersos en una negociación con el PSOE presionados por las exigencias de Junts, los republicanos tiene claro que su alusión al déficit fiscal y en infraestructuras tiene que traducirse en un acuerdo de efectos inmediatos.
En el escenario que maneja Esquerra, la negociación de la investidura tiene que servir para mantener viva la negociación sobre el "conflicto político" con el horizonte de un referéndum de independencia como objetivo final. Pero son conscientes de que ese objetivo es imposible en el plazo de escasos meses en el que se dirimirá la negociación.
Por eso necesitan concreciones en su otra baza negociadora, la que permite un acercamiento real al PSOE: financiación y cesión de la titularidad de Rodalies. En otras palabras, ERC no apoyará la investidura a cambio de una promesa de reforma del modelo autonómico que despues se tenga que pactar de forma multilateral con el resto de las comunidades autónomos.
En un escenario de sangría electoral -ha perdido 400.000 votos en las elecciones generales- Esquerra tiene que hacer valer sus 7 diputados en el Congreso para contrarrestar la imagen de que Puigdemont es el único que impone condiciones a la investidura de Pedro Sánchez.
Por eso Aragonès tiene claro que ese acuerdo no puede quedar a expensas de lo que decidan las comunidades del régimen común -todas menos País Vasco y Navarra- en el CPFF. Necesita un acuerdo cerrado cuando sus diputados den el sí. Y quiere aprovechar la negociación bilateral que le brinda la investidura para fijar sus condiciones, al margen del resto de las comunidades. A eso se refería el president cuando afirmaba, este martes, que no están dispuestos a "ir de la mano" de otros presidentes autonómicos.
Ceder el liderazgo
Los tiempos en que la Generalitat lideraba las negociaciones del modelo de financiación -la última, con el tripartito en el Govern y José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa- han pasado, argumentan desde Esquerra. Una conclusión a la que ya había llegado CiU, y después Junts, con anterioridad. Ahora exigen bilateralidad.
Por eso fracasaron los repetidos cantos de sirena del presidente valenciano Ximo Puig para presionar desde el frente mediterráneo -con Cataluña y Baleares- por la reforma de la financiación autonómica.
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