Los datos son demoledores y, a pesar de que año tras año la voz de alarma se da más alta, la situación de la sanidad penitenciaria no se revierte. El 64% de las plazas de médicos en las cárceles está sin cubrir en toda España y los sindicatos advierten de que la situación sólo irá a peor.

Las cifras del portal de transparencia a fecha 5 de junio de este año revelan que de las 525 plazas de médicos existentes en las prisiones españolas hay 336 vacantes. Esto provoca que cada vez más se produzcan salidas de los centros penitenciarios a los hospitales porque los internos no pueden ser atendidos dentro o que la calidad del servicio vaya menguando con la implantación de la "telemedicina".

"Llevo dos años sola. Tengo que atender yo a todos los pacientes y no me da tiempo. Enfermos mentales, cáncer que tengo que pedir cita... son patologías muy graves", explica una médica de una prisión de España que ha preferido mantenerse en el anonimato. En su caso hay plaza para siete médicos, pero sólo está ella para un centro penitenciario que tiene capacidad para 1.200 internos. En la prisión más grande de España, en Valencia, con 2.000 internos sólo cuentan con tres médicos.

Desde el sindicato ACAIP-UGT -que fueron quienes solicitaron los datos a Prisiones- denuncian que la situación es insostenible. "Trimestre a trimestre vemos cómo perdemos médicos. En un año hemos pasado de tener 300 vacantes a tener las 336 que hay ahora", reclama el portavoz del sindicato Joaquín Leyva. Acusan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de no haber renovado a 40 médicos interinos que ejercían sus funciones para ahora convocar un nuevo anunció de contratación de interinos.

Al 64% de esas vacantes hay que sumarle las bajas estructurales que se producen en cualquier oficio como bajas médicas, vacaciones, guardias... "Cuando un médico hace guardia al día siguiente no puede trabajar", aclara Leyva. "Esto nos está generando muchísimos problemas regimentales porque claro el interno requiere atención", expresa.

Cuentan que la población reclusa no se puede extrapolar a la población normal. "No la podemos asimilar a un pueblo de 1.000 personas porque la atención que requieren esas personas (catarro, etc.) no es la de los internos que suelen ser multitoxicómanos, tener un porcentaje superior de enfermedades infecciosas...", explica el portavoz de ACAIP-UGT.

La carga de trabajo termina recayendo muchas veces en los enfermeros que se ven días y días solos cuando el turno del médico ha terminado o, directamente, no existe. "Una [enfermera] hace poco tuvo dos sobredosis [de presos] en el mismo día y las atendió ella sola. Lo pasó muy mal, tuvo que avisar al Samur dos veces, pero claro entre que llega o no llega el enfermo se te puede morir", expone la citada médica.

Los turnos se hacen infinitos, igual que las guardias. "Hay una médica en prácticas ahora, pero los de prácticas pueden estar hoy y mañana no", esgrime la sanitaria. La raíz nace precisamente ahí, en que los licenciados en Medicina no quieren pasar el resto de su carrera en prisión. Primero, porque se cobra menos y eso ya es el disuasor más potente; y segundo, porque no hay alicientes para prosperar dentro de ese circuito.

"El problema de base es que es un mundo muy desconocido, se gana menos que la Sanidad pública y a la gente le asusta. Tenemos gente que ha venido a trabajar con nosotros y se ha ido. O eres especialista en medicina interna o en psiquiatría o te asusta y sobrepasa. Es un medio muy estresante y te pagan menos pues claro ¿Quién quiere trabajar?", revela la especialista que lleva 32 años en Instituciones Penitenciarias.

La importancia de los facultativos para el normal funcionamiento de una cárcel no es menor. Son los que tienen que atender a los internos en el ingreso, los que hacen una valoración clínica de cribado para evitar problemas de salud pública en el interior, los que detectan enfermedades mentales, los que supervisan una correcta administración de los fármacos, etc.

En los datos facilitados por ACAIP-UGT se ejemplifica que en 2021 tuvieron que ser atendidas 265.847 urgencias en todas las cárceles de España y 20.000 de esas tuvieron que ser derivadas de incidentes regimentales.

En el sindicato ponen el foco en los problemas de salud mental que se generan en prisión derivados de las adicciones o de una atención deficitaria en el exterior e indican que el 43% de las altas en las camas de enfermería de los centros están relacionadas con patologías psiquiátricas. "La supervisión médica es imprescindible", rezan.

Los funcionarios de prisiones avisan de que la situación sólo irá a peor. En centros como Murcia, Tenerife o Cáceres directamente ya no hay médicos y en otros como en Zaragoza (Zuera), Castellón (II) o Valladolid el déficit es del 90%.

La telemedicina

"La Dirección General de Instituciones Penitenciarias nos tiene absolutamente abandonados", cuenta esta médica. Desde el departamento que dirige Ángel Luis Ortiz han buscado otras vías como implantar la telemedicina, es decir, que un médico esté de guardia desde su casa atendiendo a varios centros penitenciarios a la vez. "En la telemedicina no se puede explorar, o se puede auscultar, no se puede visualizar un herpes, por ejemplo", cuenta la especialista.

Para los consultados esto no es más que un parche, una solución precaria, dicen, que lo que acaba provocando es que se produzcan más salidas a hospitales. "El médico de prisión no sólo está para atender la salud del enfermo, está para procesos regimentales. Cuando un interno agrede a otro no sólo tiene que atender al agredido, sino que al agresor lo tiene que vigilar si lo ponen en régimen de aislamiento. Tiene que analizar [cuando un interno ingresa] si existen indicios suicidas, hacer un cribado de las enfermedades infecciosas... todo eso no se puede hacer a través de la telemedicina", refiere Leyva.

Desde Instituciones Penitenciarias siempre sostienen que el colapso se evitaría si se cumpliera la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del sistema de salud que lo que proponía era que las Comunidades Autónomas se hicieran cargo de las competencias en sanidad de prisiones. El plazo era de 18 meses pero sólo Navarra ha cumplido. También Cataluña y País Vasco han hecho su parte, básicamente, porque son las únicas autonomías que tienen jurisdicción sobre sus propias prisiones, no dependen del gobierno central. Pero 20 años después la Ley no se ha cumplido.

"Desde ACAIP-UGT entendemos que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias Comunidades Autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria", señaló el sindicato en una nota de prensa.