Las autoridades españolas expulsaron de España a tres imanes considerados un peligro para la seguridad nacional durante 2022, un año que dejó también casi una treintena de vetos a predicadores islamistas que querían realizar asistencia religiosa en las cárceles por su perfil radical.

Así consta en el 'Balance del terrorismo en España 2022', publicado en el número de julio de los Cuadernos del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la institución que dirige Florencio Domínguez y que cuenta con Gaizka Fernández Soldevilla como responsable de investigación y documentación.

Según el informe, consultado por Europa Press, en 2022 "responsables de Instituciones Penitenciarias vetaron el ingreso en las cárceles para realizar asistencia religiosa a casi una treintena de imanes que previamente habían sido identificados como extremistas por los servicios de seguridad".

Con datos de principios de 2023, son 173 los presos incluidos en los grupos de control del islamismo radical: 80 encuadrados en el fichero FIES-A --contando tanto preventivos como con sentencia--; 39 en FIES-B por delitos comunes pero involucrados posteriormente en actividades radicales; y otros 54 internos en FIES-C por protagonizar incidentes derivados de una interpretación radical de la religión islámica o por signos tempranos de radicalización.

Difusión del Salafismo

El balance del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo recuerda que España, como otros países europeos, recurre a la deportación de los líderes religiosos que predican interpretaciones extremistas del islam, una labor que se extiende al ámbito de las prisiones, habitual foco de radicalización.

El primero de los imanes expulsados fue de la mezquita de la localidad cacereña de Talayuela, Yahya Benouda, de 51 años. Investigado desde 2006, fue señalado por la Comisaría General de Información de la Policía como "máximo exponente" de la difusión del salafismo en la comunidad musulmana en la comarca de este municipio de unos 7.000 habitantes, según el expediente avalado por la Audiencia Nacional.

En el balance que prologa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se destaca que los servicios de seguridad del Estado constataron que el predicador expulsado tenía "afinidad" con el movimiento radical marroquí Justicia y Caridad, así como con los Hermanos Musulmanes.

"Exhorta a los hombres a que impongan en sus hogares que las mujeres no salgan solas de casa, utilicen vestimenta islámica con niqab o hijab, desde niñas, y que no trabajen fuera del hogar", señalaba el expediente de Benouda.

Este predicador difundía una "interpretación rigorista y radical del Islam que no propicia la integración en la sociedad occidental y que favorece la segregación y discriminación de la mujer" puesto que "propugna la aplicación de la sharía por encima del ordenamiento legal español".

Líderes islámicos en Cataluña

Entre los casos mediáticos, además, el Centro Memorial cita el de Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbi, líderes islámicos extremistas de Reus (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), expulsados de España con el aval de la Justicia. La decisión contó con la protesta de ERC, CUP, Junts y Unidas Podemos-En Comú Podem, que denunciaron que eran víctimas de "represión política mediante la Ley de Extranjería".

El balance menciona que Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma en la que se llevaron a cabo más detenciones yihadistas, "lo que revela que es el territorio en el que se registra el foco de radicalización más importante".

En su repaso, que incluye expulsiones en otros países europeos, el Centro Memorial recuerda la condena el año pasado de un profesor de Corán de Valencia que había trabajado como imán en una mezquita por difundir mensajes de odio contra judíos, chiítas, cristianos y el colectivo LGTBI.

Sahel, propaganda Yihadista y retornados

El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo señala como "novedad" que las islas Canarias aparezca entre la propaganda yihadista que circuló durante el último año por los canales afines a los grupos terroristas de Estado Islámico (DAESH) y Al Qaeda, sumándose a las habituales referencias a Al Ándalus y a las "ciudades ocupadas" de Ceuta y Melilla o alusiones a cuerpos policiales como la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.

En concreto, cita que en marzo se difundió en un canal el mapa del archipiélago acompañado de un texto en el que aludía a estas "islas turísticas", y terciaba: "Estamos luchando en el Sahel y nuestros ojos están puestos en las islas de Al Ándalus y su tierra".

El ministro Grande-Marlaska, en el prólogo del informe, señala al Sahel como el "mayor foco terrorista y amenaza para España". "Los servicios de información, analistas y especialistas en la lucha contra el terrorismo de nuestro país están plenamente orientados a la seguridad de esta región del Sahel", apunta tras volver a destacar que la "amenaza se ha atomizado" por los actores solitarios que pueden actuar por la propaganda que se difunde a través de la Red.

Los retornados es otro de los elementos de análisis, de acuerdo a lo recopilado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que contabiliza 263 personas desplazadas a zonas de conflicto hasta el año pasado.

Hay constancia del fallecimiento de 102 combatientes (casi el 39%) y del retorno de 63. En 2022, de hecho, se practicó por tercer año consecutivo una detención por este motivo, la de un ciudadano marroquí arrestado en Mataró (Barcelona) retornado desde Siria tras enrolarse en el Frente Al Nusra.

De los 63 retornados, el pasado año se encontraban encarcelados nueve en España y 14 en otros países, mientras que otros 40 estaban en libertad --nueve de ellos en España--.

El Centro Memorial recuerda que el CITCO no descarta que existan fallecidos sin registrar por no haber aún constancia oficial y subraya que el 64% de estos combatientes terroristas extranjeros (CTE) o 'foreign terrorist fighters' (FTF) eran de nacionalidad marroquí y el 15% tenían nacionalidad española.

De los combatientes, 31 son mujeres que salieron de España en algún momento para dirigirse a Siria, "normalmente acompañadas de sus parejas" --el informe recuerda la repatriación este año de Yolanda Martínez y Luna Fernández, junto a 13 menores, desde el Kurdistán sirio--. De esta cifra, 15 continuaban el pasado año en territorio sirio, subrayando que para los servicios policiales suponen una "amenaza potencial que no puede ser ignorada".