La expresidenta de Baleares y nueva presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha asegurado que su objetivo es impulsar en el más breve tiempo posible la utilización de las lenguas cooficiales del Estado en la cámara baja. Ahora bien, frente al anuncio de este miércoles, Armengol ha rectificado y ha admitido que antes buscará el consenso con todos los partidos representados en las Cortes. También que se respeten e implanten los requerimientos técnicos necesarios que se demandan para la implementación.

Armengol así lo ha asegurado durante una entrevista en la Cadena SER. Ha insistido en que su "compromiso" con ese objetivo es "hacerlo lo más rápido posible", pero ha recalcado que hará una ronda previa con los grupos parlamentarios y que tendrá que "mirar con los servicios técnicos de la Cámara todas las posibilidades para luego tomar la decisión".

Armengol señaló ayer en el arranque de la XV Legislatura en el Congreso que permitirá el uso de las lenguas cooficiales -el catalán, el euskera y el gallego-, desde el primer momento en las sesiones plenarias. "Hacer lo posible y cumplir este objetivo lo más rápido posible con diálogo y consenso. Haré una ronda con los grupos parlamentarios, quiero hablar con todos ellos para que sea una posición de consenso y hacer cumplir este objetivo con la eficiencia técnica que ello supone", ha recalcado hoy tras recordar que tan solo lleva 22 horas como presidenta del Congreso.

Armengol ha insistido en que España es un país "con una riqueza maravillosa, con identidades y pueblos diferentes y con idiomas cooficiales. Un país con diversidades que nos hace grandes", y ha incidido en que esta España "real" debe trasladarse al Congreso, como sede de la soberanía nacional.

"Y que podamos usar (las lenguas cooficiales) en el Congreso es un hecho de normalidad democrática", ha señalado al referirse a que así lo deben sentir los que "aman en una lengua diferente al castellano".

No obstante, Armengol, preguntada por las necesidades técnicas a la hora de hacer uso de otras lenguas en el Congreso, como el uso de 'pinganillos' para las traducciones, ha reconocido la complejidad de su implantación y ha dicho que "hay que ver las posibilidades técnicas que tengamos".

El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, en sesiones plenarias y en comisiones, abre un debate legal sobre cómo llevarse a cabo y al mismo tiempo supone un desafío logístico al requerir de sistemas técnicos, traductores o 'pinganillos'; un coste económico que podría llegar al millón de euros. Las reacciones no se han hecho esperar.

"No tiene facultad política para decir lo que debe hacerse en el Congreso", le ha puntualizado el nuevo secretario tercero de la Mesa, Guillermo Mariscal, que considera que debe reformarse el reglamento. Y es que la vieja aspiración nacionalista que se ha puesto sobre la mesa en múltiples ocasiones cobra más fuerza que nunca en esta XV Legislatura, y esta vez parece contar con el apoyo de los socialistas.

De momento en el reglamento del Congreso, ni en su capítulo primero y segundo referido a los derechos y prerrogativas de los diputados, ni en su artículo 70 referido a la marcha de los debates en el pleno menciona el idioma que deben utilizar los diputados en la Cámara.

En todo caso, sería la presidenta del Congreso la que teniendo soberanía para interpretar la norma pueda decidir sobre su uso, aunque en este caso Armengol ha puntualizado que buscará el consenso y hablará con todos los grupos parlamentarios, además de con los servicios técnicos del Congreso.

Es el artículo 3 de la Constitución el que sí deja claro que "el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla" y "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".

"La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección", señala la Carta Magna. Habitualmente la flexibilidad ha sido la tónica predominante en los debates del Congreso donde las presidencias solo han intervenido y retirado la palabra cuando el discurso se prolongaba demasiado.

Lo cierto es que la reforma del reglamento se ha intentado en varias ocasiones. La última en junio de 2022 cuando ERC, JxCAT, PDeCAT, PNV, EH Bildu, la Cup, BNG y otras formaciones de izquierda como Podemos, Más País y Compromís plantearon cambiar el artículo 6.2 de Reglamento del Congreso a través de una proposición de Ley.

"Para que los diputados tengan el derecho de intervenir en las sesiones del pleno y en las comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus comunidades autónomas" y "el derecho de presentar los escritos y documentos de índole parlamentaria en cualquiera de dichas lenguas", señalaba la iniciativa.

También que los servicios de la Cámara traduzcan al castellano los escritos presentados en el registro en alguna de las lenguas cooficiales y publicar dichos escritos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Sin embargo, la reforma fue rechazada por el PSOE, PP, Vox y Ciudadanos aunque los socialistas si apoyaron en el Senado otra iniciativa similar, ya que entonces veían más lógico mejorar el uso de las lenguas cooficiales en una cámara territorial. "No sabemos cómo va a ser, quizá el uso de las lenguas en momentos puntuales y acotados", señalan fuentes de EH Bildu, que no quieren una reforma "light".

El precedente del Senado

El caso de la Cámara Alta marca un precedente ya que desde 1994 su reglamento se han modificado para mejorar el uso de las lenguas oficiales en la vida parlamentaria. Actualmente en el Senado se pueden debatir en otras lenguas las mociones que van al pleno y también las iniciativas en las comisiones.

El primer cambio fue hace 29 años cuando se autorizó el uso de cualquiera de las lenguas cooficiales en la primera intervención del Presidente electo en la sesión constitutiva así como en las intervenciones en el debate sobre el estado de las Autonomías que se desarrollaba en comisión.

En 2005 se amplió su uso en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y en la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo. Y en 2011 a todo tipo de escritos en el registro de la Cámara Alta, así como su publicación, y a la intervención de los debates de mociones en el pleno.

Un reto logístico y económico

En otro plano está el coste económico y logístico que supone utilizar tres lenguas diferentes del castellano en las Cortes.

Traductores, cabinas, sistemas técnicos o auriculares para los 350 diputados tendrían que ponerse a disposición de la Cámara Baja, lo que elevaría el presupuesto anual del Congreso, que en 2023 se elevó a 110,4 millones de euros, representando el capítulo de inversiones el 2,5 % del total.

En el caso del Senado el último cálculo señalado por JxCat para implantar las lenguas en su integridad rondaba los 950.000 euros anuales.

Ya en 2006 durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos parlamentarios del Congreso en un intento de modificar el reglamento del Congreso en profundidad chocaron en la autorización del empleo de lenguas distintas del castellano. Fue el escollo que precisamente frustró aquella reforma del reglamento. El entonces presidente del Congreso, Manuel Marín, zanjó que para introducir el uso del catalán, euskera y gallego en la Cámara Baja era necesaria una ley específica de lenguas después de que se vivieran algunos incidentes provocados por ERC en el pleno.