Es uno de los principales puntos del acuerdo sellado entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y el PSOE que la semana pasada dejó expedito el camino a la designación de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. La reactivación de la comisión de investigación que debe arrojar luz sobre el espionaje a través de Pegasus a decenas de dirigentes independentistas es también una de las reclamaciones de organizaciones como Amnistía Internacional, muy crítica con el proceso que la justicia española ha firmado para tratar de esclarecer el uso del spyware tanto contra políticos catalanes como contra Pedro Sánchez y sus ministros, sobre los que emerge la sombra de Marruecos.

"Hace falta una investigación exhaustiva para aclarar quién compró el programa y quién ordenó utilizarlo contra el independentismo", detalla el comunicado que desveló los compromisos de un acuerdo circunscrito únicamente a la Mesa del Congreso y que Junts ha desvinculado una y otra vez de las negociaciones para una posible investidura de Pedro Sánchez.

Organizaciones como Amnistía, que han investigado estrechamente los pormenores del uso del programa de espionaje manufacturado por la empresa israelí NSO Group, consideran que el Ejecutivo español debería aceptar y poner en práctica alguna de las recomendaciones incluidas en el informe final del comité PEGA del Parlamento Europeo, la comisión de investigación encargada de examinar el uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes. “A pesar de sus deficiencias, el informe final incluye algunas recomendaciones valiosas que estados como España deberían seguir”, reconoce en conversación con El Independiente Elina Castillo, investigadora sobre vigilancia digital de Amnistía Internacional.

"Una investigación independiente y efectiva"

“En concreto, las autoridades españolas deben tomar medidas concretas para llevar a cabo con prontitud investigaciones independientes, diligentes y efectivas sobre el uso de Pegasus en el país, especialmente en los 47 casos en los que no está claro quién autorizó el despliegue del software espía, y asegurarse de que las personas que han sido objeto de vigilancia tengan acceso a recursos legales adecuados”, agrega Castillo.

Se puede hacer más en términos de transparencia y colaboración con el poder judicial por parte del Gobierno español

En mayo de 2022 saltó el escándalo después de que el CNI reconociera haber espiado al menos a 18 políticos y activistas independentistas -incluido el president catalán Pere Aragonès- mediante Pegasus. La revelación llevó al Gobierno a reconocer que entre sus miembros también había víctimas de espionaje. “Desde que confirmamos de forma independiente que decenas de personalidades políticas, periodistas y sus familias en Cataluña fueron objeto del programa espía Pegasus de NSO Group entre 2015 y 2020, Amnistía Internacional ha instado al gobierno español a que investigue y repare adecuadamente a las víctimas”, recuerda la investigadora.

“Aunque reconocemos la cooperación parcial de España con el proceso de la comisión PEGA, creemos que aún queda más por hacer en términos de transparencia y colaboración con el poder judicial por parte del Gobierno español en relación con el uso de programas espía”, agrega. A su juicio, “las autoridades españolas tienen ahora la oportunidad de investigar con prontitud el uso de Pegasus para determinar las responsabilidades, roles y circunstancias de ello”.

Amnistía también denuncia la falta de voluntad de los estados -supuestamente los únicos clientes de Pegasus- en arrojar luz y poner coto al uso del programa de espionaje. “Seguimos siendo testigos de una falta de transparencia y rendición de cuentas en torno al uso y transferencia de programas espía y su impacto tanto en los derechos humanos como en el estado de derecho. Esto debe ser remediado de inmediato”.

Prohibición inmediata de Pegasus

Hay una necesidad urgente de detener la tecnología de vigilancia de todos los estados y empresas hasta que haya un marco regulatorio que cumpla con los derechos humanos

Castillo se muestra a favor de “prohibir inmediatamente el uso de programas espía altamente invasivos como Pegasus”. “España y otros estados miembros de la UE también deberían tomar medidas para investigar adecuadamente el uso de dicha tecnología y proporcionar una reparación efectiva a las personas afectadas por la vigilancia selectiva”, opina la investigadora, quien subraya “la amplitud y la escala de los hallazgos que surgieron del proyecto Pegasus”.

Según la experta de Amnistía, “está claro que hay una necesidad urgente de detener las actividades habilitadas por la tecnología de vigilancia de todos los estados y empresas, hasta que haya un marco regulatorio que cumpla con los derechos humanos”.

Erradicar las lagunas de regulación

Una tregua que la organización insta a liderar a España durante la actual presidencia del Consejo de la UE. “Ofrece la oportunidad de promover la adopción de otras medidas clave tanto a nivel de la UE como nacional, entre ellas garantizar una reparación efectiva a las víctimas de la vigilancia selectiva y exigir rendición de cuentas respecto de posibles violaciones de derechos humanos generadas a partir de dicha vigilancia”, enumera.

También permitiría “garantizar una aplicación sólida de las normas de control de las exportaciones de la UE que entraron en vigor con la readopción de la política sobre Dual-Use Regulation; y garantizar que los países exportadores también establezcan mecanismos para proporcionar una reparación efectiva por las violaciones de derechos humanos cometidas utilizando la tecnología transferida”.

Asimismo, Amnistía se muestra partidaria de adoptar “medidas para suplir las lagunas de regulación pendientes, como las señaladas en el informe del comité PEGA en el que se pide a la UE que regule de forma más estricta el uso, la fabricación y el comercio de programas espía”.