El presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez realizó desde la Moncloa, en vista a los resultados de las elecciones municipales y autonómicas la noche anterior, un comunicado por el que convocaba elecciones para el 23 de julio. Fue una acción justificada en la necesidad de comprobar la confianza social tras el retroceso del PSOE y sus socios de Unidas Podemos en diferentes regiones, que pasaron a estar controladas por la derecha, y la pérdida de numerosos ayuntamientos clave el 28-M. Al menos de manera virtual por la incapacidad de los socialistas de sumar apoyos, algo que se consagró con acuerdos posteriores de PP y Vox en cinco autonomías y más de un centenar de localidades.

Pero también de cara a su propio partido, para sofocar la posibilidad de crisis interna en los seis meses que restaban hasta la fecha oficial para los comicios, en diciembre.

A día de esta publicación, Sánchez lleva un mes en funciones. Tiene competencias vigentes como la capacidad, previa reunión del Consejo de Ministros, de promulgar decretos leyes. Siempre que sean sumamente necesarios y contando que una vez formalizado el Gobierno o en un plazo de un mes, deberán ser convalidados para que sigan vigentes. El cometido del Ejecutivo en su periodo de transición, según la ley del Gobierno, es la de "facilitar el desarrollo" de uno nuevo así como "traspasar los poderes a este" en el caso de no ser de su mismo signo.

La gestión de Sánchez, de acuerdo a esa jurisprudencia, es la de dedicarse "al despacho ordinario de los asuntos públicos", y "salvo casos de urgencia debidamente acreditados" no tomar medidas que condicionen al próximo mandatario.

Hay dos grandes limitaciones con las que cuenta el Gobierno en funciones. La primera es la incapacidad de presentar proyectos de ley en la cámara baja. Para evitar que el trabajo parlamentario quede estancado en ese periodo desde que se constituye el nuevo hemiciclo y durante el proceso de negociaciones, aparte de establecer comisiones, los grupos, que quedarán conformados oficialmente de cara a esta semana próxima, pueden registrar iniciativas legislativas.

El segundo impedimento que tiene el Ejecutivo en periodo de funciones es su incapacidad de aprobar unas nuevas cuentas nacionales; unos Presupuestos. Este es un problema al que va a enfrentarse la política española en los próximos meses. Aunque recientemente se indicaba que el PSOE había empezado ya a trabajar en esas cuentas por si conseguía acudir a una investidura en lugar de Feijóo, la elección del Rey y la convocatoria del gallego para el 26 y 27 de septiembre, no dejan margen a Sánchez ni al PSOE. Ello pese a poder lograr su investidura antes del 27 de noviembre, cuando acaba el plazo oficial.

De conseguirlo el líder socialista o el popular en este periodo o tras otra convocatoria de generales, el elegido deberán pilotar el inicio de la legislatura con las cuentas pactadas por Sánchez y sus socios de investidura a finales de 2022.

El Gobierno puede aprobar decretos leyes en situación de emergencia justificada, pero no aprobar PGE, proyectos ley o pedir la disolución de las Cortes"

Quedan fuera, además, de las capacitaciones de un Gobierno en funciones la convocatoria de una consulta ciudadana, la presentación de una moción de confianza, solicitar al jefe del Estado la disolución del parlamento, o la designación de altos cargos. Tampoco su destitución. Igualmente y aunque no se realiza, el propio Tribunal Constitucional vía sentencia ha dejado claro que estar en funciones no deja exento la potestad de las Cortes para controlar al Ejecutivo. El PNV, pese a retirar la propuesta después, ha sido el partido que más recientemente ha intentado regular esto.

De cara al ámbito internacional, queda bajo el foco la agenda internacional. España, en este momento, no puede incrementar o rubricar nuevos pactos internacionales con otros países. En cambio, por ser miembro de la Unión Europea si que puede cumplir los objetivos del grupo. Algo importante, más cuando, en este semestre, es precisamente el periodo en el que nuestro país ha asumido la presidencia del Consejo europeo. Sánchez es su presidente desde el 1 de julio.

En este sentido, también podrá cumplir con aquellos compromisos ya fijados en el calendario por Moncloa, como la participación en la Cumbre del G-20, que se celebrará entre el 9 y el 10 de septiembre en Nueva Delhi (India).

El expresidente Mariano Rajoy es el mandatario que más días ha permanecido en funciones. Sucedió en 2016, tras las generales de diciembre de 2015 y la repetición electoral de junio. 314 días se prologó su nueva designación tras su pacto externo con Ciudadanos. En el plazo de abril a noviembre de 2019, por la segunda repetición de elecciones que experimentó España, el propio Sánchez afianzó la segunda plaza con 254 días.