"Todo según lo esperado". En el Gobierno y en el PSOE no se digirió con intranquilidad el último mensaje de Carles Puigdemont, que califican incluso de "posibilista", por mucho que anticipe que el martes próximo pondrá negro sobre blanco sus condiciones y pese a que niegue "negociaciones" en este momento. No quiebra, aseguran, el hilo de diálogo abierto con su partido, Junts per Catalunya, ni altera el guion de trabajo. El optimismo, igual que la prudencia, continúan vivos. No hay cambio de planes.

La negociación de la investidura de Pedro Sánchez sigue así su curso. Bajo el radar, de manera discreta, mientras el foco público ilumina a Alberto Núñez Feijóo, el candidato designado por el Rey aunque sin opciones reales, salvo giro improbable, de alcanzar la Moncloa. Los socialistas son conscientes de que pueden cruzarse "minas" por el camino, que nada está hecho, pero también están convencidos de que el camino va asentándose y la reelección de Sánchez se encarrila poco a poco.

Puigdemont irrumpió este jueves a través de un largo mensaje en X (antes Twitter), en el que reconoce "conversaciones" con diferentes actores políticos, "como es lógico", y pide no confundirlas "con una negociación". "Durante demasiado tiempo se ha querido usar el concepto de 'diálogo' como sinónimo del de 'negociación', cuando son dos conceptos sensiblemente diferentes. El diálogo es previo a toda negociación: puede servir para fijar el marco en que esta puede discurrir, o puede servir para comprobar que no existe margen de negociación. Esto lo veremos en los próximos días".

El 'expresident' explicará el próximo martes en Bruselas el marco de la negociación de Junts

El expresident, huido de la Justicia española por el referéndum ilegal del 1-O, se reafirma en que "no hay ninguna negociación en marcha con nadie", "ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido político", y también desligó la reforma que quiere emprender del Consell de la República, el organismo parainstitucional que él mismo dirige desde Bélgica, "de las posibles negociaciones que puedan emprenderse". Anuncia que, como no quiere hablar "ni a través de intermediarios" ni a través de los medios, comparecerá el próximo martes, 5 de septiembre, en Bruselas, para proporcionar "información directa sobre cuál es el marco que JxCAT propondrá a todo el mundo que se interese por abrir negociaciones" con su formación. Porque para Junts su posición "en el centro del tablero político" comporta "una responsabilidad" ante los catalanes y los electores, y por esa razón "importa tanto la forma como el fondo".

"Intenta ponerse en valor"

El Gobierno y la dirección del PSOE respiraron con alivio. Puigdemont no rompía puentes, ni siquiera empleaba un tono belicoso. "Está posibilista. Estará duro, pero posible", indicaban en el círculo de confianza del presidente en funciones. "Puigdemont anuncia que va a poner sus condiciones. Lo que está intentando es ponerse en valor", añadía otro alto cargo del Ejecutivo, que recordaba la importancia que tiene para los socialistas equilibrar bien entre Junts y ERC, para que ninguna fuerza se sienta preterida, mientras cada una compite por colgarse la medalla.

Distintos dirigentes socialistas, no obstante, avisan de que quedan demasiados "encajes" por hacer y por tanto pueden hallarse "minas" por el camino

Así, señalaban lo ocurrido en la noche del miércoles, cuando El Periódico adelantó que el PSOE y ERC habían cerrado su acuerdo para reformar el reglamento del Congreso con el fin de que se puedan utilizar el catalán, el euskera y el gallego en todos los ámbitos parlamentarios. Desde la Moncloa precisaron que simplemente se trataba de un "borrador de trabajo" que se estaba analizando con todos los grupos y que solo cuando hubiera un pacto cerrado se registraría en la Cámara baja. Pero los republicanos, deslizaron, sentían la necesidad de anotarse ya el tanto.

"El mensaje de Puigdemont es positivo", completan en la dirección federal del PSOE. Pero también reclaman prudencia: "Hay que ver también cómo aguanta la Diada [el 11 de septiembre] y cómo resiste Junts que les puedan llamar botiflers [traidores], con una ANC que está enloquecida y que no tiene ningún sentido institucional —continúa esta misma fuente de la cúpula—. Y no hay que olvidar que fue el propio Puigdemont el que siguió hacia delante en 2017 tras el tuit de Gabriel Rufián", el de las "155 monedas de plata". Para Ferraz, por tanto, la clave es que el expresident "entre en la senda de diálogo y se reintegre en la vida política, en el juego político" del que sacó a su partido.

En la dirección del PSC también creen que el mensaje de Puigdemont va "en la línea" esperada. Sin sobresaltos. Eso sí, un avezado dirigente socialista catalán advierte de que la partida está jugándose en el inicio y "son demasiados los encajes que hay que hacer". "Y no sabes —continúa— en qué casilla te puedes encontrar una mina. El acuerdo necesita fiabilidad y sostenibilidad para afrontar el mandato. Aún no me fío. Quedan muchas etapas por quemar y todo es voluble".

Oficialmente, el Gobierno prefirió guardar silencio: "Conocen la fórmula —decía este jueves a los periodistas el titular de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, el encargado de pilotar la negociación con ERC y Junts—. Somos discretos y cuando llegan los acuerdos se hacen públicos y los explicamos". El ministro reiteró que desde que Sánchez dirige el Ejecutivo la política en Cataluña es la del diálogo "entre diferentes" y el objetivo sigue siendo "garantizar el reencuentro", siempre dentro de la Constitución. Era también su forma de eludir las preguntas sobre una posible ley de amnistía. ¿Pero por qué el expresident señala que no se está hablando de este punto, eje central de las negociaciones? "Lo que dice es que no se ha presentado ningún proyecto de ley de amnistía, y seguro que todavía no hay un texto articulado", explica un dirigente socialista con hilo directo con la Moncloa. Es decir, que se expresa así porque no se ha bajado al detalle.

Avanzar en el carácter plurinacional del Estado

En todo caso, las conversaciones con las formaciones separatistas catalanas son las que se presentan más empinadas. Todo apunta a que será más sencillo enderezar el diálogo con el PNV y Bildu. Este jueves, el lehendakari, Iñigo Urkullu, en una tribuna en El País, reclamaba un pacto territorial para avanzar en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo del autogobierno de Euskadi "y, en su caso, también de Navarra y el resto de comunidades históricas" sin necesidad de modificar la Carta Magna.

Bolaños señala que la propuesta de Urkullu es "legítima". "No es la nuestra pero siempre valoro muy en positivo todas las que se hacen para buscar puntos de acuerdo entre diferentes", aduce

Urkullu propone una "convención constitucional" que permita "pactar una interpretación sobre aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión territorial". "No sería una fórmula mágica ni un camino expedito, pero podría abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro", esgrime. El propio jefe del Ejecutivo vasco reconoce esta es una figura más próxima de los países anglosajones, en los que las constituciones son más flexibles, pero añade que para su aplicación en España "no habría impedimento expreso".

Bolaños aseguró, en nombre del Gobierno, que cree que la propuesta del lehendakari es "muy legítima" y que él valora. "No es la nuestra, pero yo, desde luego, siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el lehendakari. No siendo nuestra propuesta, todo lo que suponga aportaciones al debate, creo que siempre es positivo", remachó.

Fuentes del Ejecutivo precisaron que sobre la propuesta de Urkullu "no hay nada" más, ni es una base para negociar con el PNV, porque ni siquiera él afirma que sea una condición de su partido para la investidura de Sánchez. En el partido se señala que el lehendakari trata de abrir un debate más de carácter doctrinal, que su tribuna "no deja de ser una reflexión, bastante vaporosa" y de difícil aterrizaje en la práctica. En el PSE, mientras, recuerdan que esa reflexión ni siquiera es nueva porque ya la planteó "en el Parlamento vasco en 2018" y sus socios, los socialistas, ya la rechazaron porque el sistema español es "muy diferente" al anglosajón, pues los márgenes que deja la Constitución a la interpretación son "mucho más estrechos".

Ahora bien, "como el PSOE tiene el diálogo como bandera, el hecho de que haya quien plantea una propuesta dentro de la Carta Magna es muy positivo, es un avance", indican en el PSE. Y si el Ejecutivo ha sido "elegante" en la respuesta, agregan, es lógico, porque las negociaciones con el PNV y el resto de socios para la investidura están abiertas de par en par y "no hay que buscarse enemigos", como sí hace a su juicio el PP negándoles, por ahora, un grupo propio en el Senado. Además, la dirección de los socialistas vascos presume que el movimiento del lehendakari ha podido no complacer del todo a Andoni Ortuzar, presidente del PNV y quien, como tal, es quien pilota la relación con otras fuerzas políticas. Cuando avancen las conversaciones, se conocerá si la huella de la propuesta de Urkullu está presente o se desvanece con rapidez.