Guardias civiles entregaban supuestamente borradores de contratos a empresarios del textil para que confeccionaran los pliegos a su antojo; la empresa terminaba llevándose la contratación pública de los uniformes de la benemérita por un buen pico y, a cambio, los funcionarios eran presuntamente agraciados con un porcentaje del dinero, tarjetas regalo, viajes o monterías. Este era el modus operandi de una enorme trama de corrupción que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid y que mantiene a 26 empresas y a seis guardias civiles imputados, entre ellos al coronel Juan Antonio Maroto Gil, jefe del Servicio de Abastecimiento (SABAS) hasta 2020, y al teniente coronel Alberto José Martín Altube, miembro de este mismo servicio desde 2000. Las declaraciones de la causa se retoman esta semana y el sumario al que ha accedido El Independiente muestra un reguero de correos con palabras clave y favores para que los uniformes del Instituto Armado se volvieran en un elemento más rentable para ellos. 

La operación se bautizó como 'Grapa' y nació en la unidad homóloga de compras de la Policía Nacional en 2017. Dos años después, la Unidad de Asuntos Internos de Policía (y un escrito anónimo) avisaron de que en la Guardia Civil podía estar pasando lo mismo y los agentes que investigan a sus compañeros en la Benemérita iniciaron unas pesquisas secretas. La Fiscalía Anticorrupción interpuso la querella el 25 de junio de 2019 contra Maroto Gil y Martín Altube como cabecillas y otros tres guardias civiles (E. V. C., A. S. O. y A. J. A.); así como contra el que fuera director comercial de El Corte Inglés Fernando Fernández Vidal y el exresponsable de uniformidad de la empresa Eduardo Vélez, además de contra dos empresarios de la sociedad Manufacturas Aura S.A., Pablo Fernández Álvarez y Santiago Rodríguez Angulo. Igualmente pedían la imputación de las dos mercantiles como personas jurídicas y de Calzados Robusta S.L.

Poco a poco, los contratos afectados empezaron a crecer. Zapatos, prendas impermeables, mochilas, sacos de montaña, petos reflectantes, chalecos, cascos para el Seprona, trajes de agua... millones de euros en licitaciones bajo la lupa porque las empresas, supuestamente, organizaban los contratos a su gusto y pactaban condiciones ventajosas con los guardias durante todo el proceso de contratación pública. En el último informe de los Servicios de Asuntos Internos de la Guardia Civil que consta en la causa de mayo de este 2023 ya aparecen 34 empresarios o trabajadores bajo el foco y 26 mercantiles. Una macrocausa que se extiende a lo largo de más de 5.000 folios y que indaga en delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

“Buenas tardes, en la reunión con la G.Civil me he informado sobre un nuevo expediente plurianual que va a publicar aproximadamente en un par de meses. El expediente va a ser de varios lotes, y uno de los lotes va a ser de Anoraks y trajes de agua. Os adjunto los pliegos técnicos que van a publicar”, decía el responsable del área de El Corte Inglés a sus empleados. La forma de actuar consistía en dar la vuelta, literalmente, al procedimiento, según el sumario. En lugar de que los pliegos los creara la Benemérita en función de sus necesidades y los sacara al mercado de forma que cualquier empresa pudiera analizarlos y tratar de concursar en igualdad de condiciones, eran determidas empresas seleccionadas las que revisaban los borradores, troceaban los paquetes de productos o pactaban condiciones con los funcionarios para luego, supuestamente, que todos quedaran untados de dinero público.

El juez Esteban Vega Cuevas, que ha llevado la mayor parte de la instrucción, permitió intervenir teléfonos y volcar todo el contenido de correos oficiales. "Estaría bien disimular un poco por contratación [...] Creo que a veces la estética tiene importancia y puede cantar demasiado", dice en un mail de 2012 un empresario de Fal Calzados de Seguridad SA.

Las ofertas eran de todo tipo. Algunas se trataban de contratos menores (por valor un valor inferior a 40.000 euros), mientras que otras alcanzan varios millones de euros. Por ejemplo, en las diligencias consta un contrato de junio de 2017 de petos, chalecos, uniformes diarios para distintas unidades de la Guardia Civil cuyo valor total era de 21.297.500 euros. El contrato se repartió entre Sagres S.L. (casi 9 millones de euros), Iturri S.L. (3 millones), Fabrica Española de Confecciones SA (casi 1 millón) , Manufacturas Aura S.A (1,5 millones), una UTE (2,8 millones) y El Corte Inglés (4,5 millones). El entonces jefe del departamento de esta última pidió sigilo entre sus trabajadores al avanzar que iba a publicarse ese contrato: "Una vez más, permitirme (sic) recordaros que esta información es 'delicada' por lo que ruego la máxima discreción".

Tras años de investigación, la Guardia Civil tiene la teoría de que las empresas tenían "una conexión extramuros" y se ponían de acuerdo para que los billetes llegaran a todas. Dividían y se repartían los contratos antes de su publicación, presuntamente, de forma que aniquilaban cualquier tipo de competencia. Así se evidencia en un mensaje de Calzados Robusta en el que asegura haber hablado con otra empresa del sector de los zapatos. "He hablado con Iturri y hemos quedado en que se lo llevan ellos pero lo fabricamos o vosotros o nosotros y facturamos a 69 euros. Cuando adjudiquen y tengan las tallas, hablamos entre nosotros a ver quién lo fabrica dependiendo de si hay más cosas etc para compensar".

De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apuntaló esta tesis señalando en un informe un presunto acuerdo entre las empresas Fal Calzado De Seguridad, Calzados Robusta e Iturri para repartirse las licitaciones correspondientes a productos de calzado. "Abarcaría además la fijación de los precios y la producción del lote adjudicatario, de manera que cada una tenía asignado un porcentaje de fabricación del 33%", indica el órgano que supervisa el buen funcionamiento de los mercados.

Un proceder durante años

Asuntos Internos destaca cómo había agentes que se encargaron de perpetuar esta corrupción a lo largo de los años y con distintos jefes de la unidad. Así se muestra en una conversación de febrero 2011 del capitán A. J. A., quien estuvo destinado en el SABAS desde 1980 hasta 2016, en la que habla con un empresario de Manufacturas Auras S.A. "Hablando ayer con Alberto (Martín Altube) en su despacho, coincide con tu comentario en el sentido de que quiere que todo siga igual, si bien será necesario pedir, en ocasiones, presupuestos de 'relleno' para cubrir el expediente".

En esta línea, la Guardia Civil incautó en el teléfono de uno de los empresarios de Manufacturas Auras S.A. unos mensajes con su expareja en los que ella lo amenazaba con tirar de la manta. "Igual te conviene quedarte en china", le dice ella; "Dale la paliza a tu novio", responde el agente; "Más quisieras", "Igual hasta empiezo a hablar de la trama de chinos en la que estás involucrado" "Y empiezo a dar los nombres de los guardias civiles y militares a los que untáis para que os den concursos"; "Uhhh. Tú también lo estás. No te olvides", devuelve él la amenaza.

En otra comunicación de octubre de 2015, uno de los apoderados de Fal Calzados de Seguridad S.A. transmite a sus socios que ha hablado con Martín Altube sobre la nueva jefatura de la Unidad (el coronel Maroto Gil había tomado posesión justo en abril de ese año). "Los empresarios mostraban su preocupación ante la posibilidad de que dicho oficial no estuviera por la labor de continuar participando y/o validando estas prácticas; ante lo que [el empresario] tranquilizó a sus compañeros haciéndoles saber que Martín Altube '...quiere hacer partícipe al coronel de todo esto y le ha avanzado algo al respecto…'", expone un informe de Asuntos Internos.

A cambio de amañar estos contratos, los investigadores han rastreado tarjetas regalo de El Corte Inglés, viajes organizados para los funcionarios, entradas para ir a ver al Real Madrid, o una parte porcentual de los contratos que consideran parte de la contraprestación. Con todo ello, las empresas mantenían presuntamente su posición privilegiada para conseguir que las contrataciones públicas siempre recayeran sobre ellos.

Detenciones y entradas y registros

La operación cristalizó en julio de 2020, cuando Anticorrupción pidió que se practicaran las primeras detenciones. Para entonces, la CNMC ya había entrado a analizar muchos de los expedientes y había trazado una actuación meridianamente ilegal: "Estamos ante un indicio claro de vulneración del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, al realizarse un acuerdo anticompetitivo entre las empresas fijando los precios a presentar en la licitación y manipulando la misma para que resulte adjudicataria una de ellas”, consta en uno de los informes.

En las entradas y registros encontraron pliegos de contrataciones, anotaciones que parecen indicar comisiones, e incluso dinero en efectivo. De entre los documentos hallados, hay por ejemplo excels de regalos navideños con las direcciones de las casas personales de los guardias civiles. Algunos datan, incluso, de 1997, lo que puede indicar que la corrupción comenzó más de 20 años atrás.

“En esta supuesta trama criminal cada sujeto ocupa su rol, incluido el coronel jefe del SABAS; responsable en darle esa supuesta continuidad delictiva a los mecanismos que sus subordinados investigados y los empresarios en cuestión habrían puesto en marcha tiempo atrás”, afirma Asuntos Internos. Las defensas, eso sí, ponen de relieve que será muy difícil perseguir estos delitos tan antiguos porque pueden estar prescritos.

Paradógicamente, la investigación patrimonial reveló a nombre del coronel Maroto Gil una lavandería donde los agentes creen que podría haberse "lavado" dinero, presuntamente, conseguido a través de esos contratos. En su casa encontraron varias bolsas con fajos de billetes.

A lo largo de las últimas semanas de junio y las primeras de julio el juzgado de instrucción número 50 de Madrid ha practicado decenas de declaraciones de todas las personas físicas investigadas. Este miércoles 6 de septiembre se retomarán las declaraciones de las empresas que es uno de los pocos flecos que queda por terminar en la causa.