El PP y Vox han rubricado este martes en la Asamblea Regional de Murcia un acuerdo de Gobierno que permitirá este jueves la investidura de Fernando López Miras como presidente autonómico y que no tiene “ni ganadores ni vencidos”, en palabras del portavoz del socio mayoritario, Joaquín Segado.

El acuerdo programático, que consta de 30 puntos, ha sido suscrito también por quien será portavoz en la Cámara del minoritario, Rubén Martínez Alpañez, una vez que José Ángel Antelo renuncie a ese cargo al convertirse en vicepresidente regional.

Segado ha calificado este acuerdo como un “pacto responsable en el que se fija una hoja de ruta común” para los próximos 4 años “generando confianza y dando certidumbre” a un Gobierno “fuerte y estable”, mientras que Alpañez lo ha descrito como un “hito histórico” que permitirá a la región “estar a la vanguardia de España”.

Según el pacto, el nuevo Gobierno tendrá un máximo de once miembros, lo que permitiría contar con hasta diez consejerías, de las que dos estarán en manos de Vox: Interior, Seguridad y Emergencias, con rango de Vicepresidencia, y Fomento.

Además, Vox designará al presidente del Consejo de la Transparencia, que contará con atribuciones de Defensor del Pueblo una vez se realice la reforma legislativa correspondiente.

El texto recoge expresamente que los nueve diputados de Vox favorecerán con su voto afirmativo la investidura de López Miras, que saldrá adelante por mayoría absoluta.

Segado ha destacado que el acuerdo se basa en las políticas del PP con aportaciones de Vox en temas que los unen, entre los que ha citado la defensa del trasvase Tajo-Segura, la apuesta por un Plan Hidrológico Nacional o estado del bienestar, la protección del sector agroalimentario, las políticas de familia como eje vertebrador o la excelencia educativa.

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No obstante, algunos puntos, como el Mar Menor, el permiso parental para actividades educativas afectivosexuales o la violencia machista se han redactado evitando crear controversias.

En el caso de Ley de Protección del Mar Menor -que Vox quiere derogar mientras que el PP está abierto a su modificación-, y para huir de posibles desencuentros, se ha optado por la fórmula “seguiremos desarrollando todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación”.

“Estamos perfectamente de acuerdo en que su situación es mejorable y no vamos a caer en la tentación de pelearnos entre nosotros, porque el beneficiario será el PSOE, que compromete millones de euros para regenerarlo, pero luego los manda a Andalucía”, ha justificado Alpañez.

La mención de la violencia machista, o doméstica como la llama Vox, se articula en el punto 8, que habla de promover “políticas que perseguirán erradicar la violencia contra las mujeres y la que sufren los niños y mayores”.

En cuanto al permiso parental, Alpañez se ha mostrado convencido de que “se va a aplicar” con medidas dentro de las competencias autonómicas que no colisionen con la legislación nacional.

Otro punto con una cuidadosa redacción ha sido el 25, que evita mencionar la supresión de las subvenciones a la patronal y los sindicatos al hablar de la modificación de la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva para su concesión, frente a la directa, “para garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos”.

Al respecto, los agentes sociales han coincidido en subrayar que llevan a cabo otra serie de trabajos que emanan de pactos regionales y que no están sometidos a concurrencia competitiva.

Las cantidades que reciben son una compensación por su participación en cerca de un centenar de consejos consultivos de la administración en los que se trabaja en cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad y son cantidades que se justifican debidamente ante la administración regional y no tienen nada que ver con el mal entendido concepto de subvención, según la patronal.

CCOO ha pedido a Miras explicaciones pormenorizadas sobre esta cuestión y confía en que la medida responda a un gesto de responsabilidad y no a un ejercicio de mercadotecnia política que busque manchar la imagen del trabajo de patronal y sindicatos.

Desde UGT han lamentado que con esta iniciativa se pueda querer poner en duda la labor sindical en materias cuyo beneficio es indubitado para el conjunto de la ciudadanía, como prevención de riesgos laborales, igualdad, atención a personas desempleadas, extranjeras y en riesgo de exclusión, formación laboral y sindical o negociación colectiva.