La modificación del reglamento del Congreso para poder usar las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria —en pleno, en comisiones y en escritos— ya está negro sobre blanco, plasmada en un documento cerrado. El PSOE y Sumar registraron este miércoles la propuesta de cambio de las normas de la Cámara baja [aquí en PDF] con la firma de ambos y de sus socios ERC, PNV, Bildu y BNG. No aparece la rúbrica de Junts, aunque la iniciativa sí está pactada con la formación de Carles Puigdemont, por lo que también respaldará su aprobación, prevista, en principio, para el 19 de septiembre. Esa fecha ya asegura que se pueda usar el catalán, el gallego y el euskera en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, programado para el 26 y 27 de septiembre. El escrito requiere de mayoría absoluta, que la garantizan los 178 votos de los firmantes y la adhesión de los siete parlamentarios de Puigdemont.

Fue uno de los compromisos que adquirieron los socios de la coalición con ERC y Junts en las negociaciones para la Mesa de la Cámara baja y que permitieron a la socialista Francina Armengol hacerse con la presidencia. Ella misma, el día de la constitución del Congreso de la XV Legislatura, el pasado 17 de agosto, verbalizó su compromiso con el uso de las lenguas cooficiales desde el primer minuto. Al final, esa promesa se ha traducido en una propuesta de reforma del reglamento del Congreso hablada en las últimas semanas con los socios. También se han mantenido conversaciones con el PP, según aseguran desde la cúpula socialista, que reconocen que las pegas del partido de Feijóo se han ceñido a cuestiones "procedimentales", pero no de fondo.

Los escritos en catalán, gallego o euskera podrán presentarse sin la traducción al castellano, salvo en los seis primeros meses de adaptación de la Cámara

La proposición supone la modificación de varios artículos del reglamento del Congreso, y lo que permitirá, como consagrará el nuevo artículo 6, que los diputados "tendrán el derecho de usar en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos, cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de autonomía". Una redacción esta, por cierto, que incluye al valenciano, como había reclamado la Generalitat, que ahora cogobiernan PP y Vox.

A partir de la aprobación del texto, por tanto, sus señorías podrán intervenir en pleno o en comisión en las lenguas cooficiales —así consta en el nuevo artículo 70—. Respecto a los textos escritos, los diputados podrán presentarlos en cualquiera de las lenguas cooficiales. En los primeros seis meses, deberán hacerlo acompañando sus iniciativas de una traducción al castellano. Pasado ese plazo, podrán registrarlos con esa versión en castellano o sin ella. En el Diario de Sesiones, asimismo, se reproducirán íntegramente todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones plenarias, la Diputación Permanente y las comisiones, tanto en la lengua en que se hubiesen pronunciado como en castellano.

¿Y cómo asegurar que logísticamente esto sea posible? El Congreso dispondrá desde la próxima sesión de investidura de los servicios precisos de traducción e interpretación. Desde el entorno de Armengol se pone como ejemplo que ya la anterior presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, hizo esa contratación de traductores e intérpretes cuando el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigió al hemiciclo en abril de 2022. Ahora, se estudiarán con los letrados y los técnicos "todas las opciones", señalan estas mismas fuentes, "con el principal objetivo: garantizar el derecho a usar lenguas oficiales reconocidas por estatutos y el derecho de los demás a entender los parlamentos".

El acuerdo lleva al Congreso la "pluralidad lingüística"

Los grupos firmantes —PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG— solicitaron la tramitación urgente y en lectura única de la propuesta de reforma. Es decir, que para agilizar al máximo su aprobación, se recorten los plazos a la mitad y que el texto no pase por comisión y se debata y valide directamente por el pleno. Así, la previsión es que la Mesa del Congreso califique la iniciativa la semana próxima y que el pleno para su debate y aprobación se celebre la semana siguiente, previsiblemente el 19 de septiembre. Esa celeridad permitirá que la aprobación esté lista para la investidura fallida de Feijóo, el 26 y 27 de septiembre.

Junts alega que no firma la iniciativa porque no forma parte "de ningún bloque" ni es "socia de nadie", pero la votará porque los cambios introducidos le bastan

Fuentes del Grupo Socialista indicaron que esta modificación del reglamento "responde al compromiso" anunciado por Armengol el día de su elección, el pasado 17 de agosto, "de permitir la utilización de todas las lenguas oficiales desde esa misma sesión constitutiva". "El uso de las lenguas oficiales trae a la Cámara baja", continuaron, "la pluralidad lingüística y responde al mandato constitucional para que el 'patrimonio cultural' de las 'lenguas españolas' sea 'objeto de especial respeto y protección'". Cuando se culmine la reforma, el Congreso tomará la delantera al Senado, donde sí se pueden usar las lenguas cooficiales, pero en el pleno y para el debate de las mociones. En la Cámara alta se exige que, si se presentan iniciativas en catalán, euskera o gallego, estas se acompañen de la versión en castellano.

Junts confirmó que sí votará a favor de la modificación del reglamento del Congreso, aunque no lo haya rubricado. Desde el grupo independentista explican a este diario que el texto que presentó el PSOE la semana pasada y que "el resto de partidos dio por bueno" —clara alusión a ERC—, "incluía únicamente el uso del catalán siempre acompañado de la traducción en lengua castellana". "Lo que finalmente se ha registrado hoy [por este miércoles] incluye las modificaciones que consideramos necesarias para que pueda ser una propuesta votable para nuestro grupo político". El cambio es que los textos se podrán presentar en catalán, gallego o euskera sin traducción al castellano, salvo en los seis meses iniciales de transición en los que sí será obligatorio, para dar tiempo a la Cámara a adaptarse.

La diputada de Junts Míriam Nogueras promete la Constitución durante la sesión constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados, el pasado 17 de agosto de 2023. EUROPA PRESS / ALBERTO ORTEGA

ERC: el occitano y la "unidad lingüística" del catalán

Desde Junts aseguran que no firman el texto por esta razón: "Porque no formamos parte de ningún bloque ni somos socios de nadie. No aceptamos la primera propuesta, que es lo que se hubiera registrado y aprobado si no dependiera de nuestros votos". En el grupo separatista catalán añaden que siempre defendieron que no era necesario reformar el reglamento. "Ahora bien, si querían hacer esta reforma para que les sirva para justificarse ante otras formaciones políticas, tendría que haberse hecho bien y dejar clara una premisa: el catalán siempre en igualdad de condiciones con el castellano. Este es el eje fundamental que hemos garantizado", concluyen.

Sumar consigue que se revise el texto del reglamento para adecuarlo "al lenguaje inclusivo de género"

ERC, por su parte, contraatacó en un comunicado advirtiendo de que gracias a su presión se "da salida a una reivindicación histórica" y que permitirá el uso del catalán, el occitano —aranés en el Vall d'Aran— y "del resto de lenguas oficiales" en todos los trabajos y debates en la Cámara baja. Y subraya asimismo que se garantiza "la unidad lingüística de la lengua catalana". Por su parte, Sumar destacó, informa EFE, que logró incluir una disposición adicional para acometer "en el plazo más breve posible" una revisión del texto del reglamento para "adecuarlo al lenguaje inclusivo de género".

El propio Feijóo se pronunció sobre la modificación reglamentaria ya por la tarde a través de su cuenta de X (antes Twitter). Recordó que es gallego y habla las dos lenguas, pero no concibe "un Congreso con pinganillos".

No hay todavía una estimación del coste, aunque no habría problema porque hay remanentes de sobra. La Mesa tiene previsto informar de los detalles la semana próxima

"Si todos los políticos nos comunicamos en la lengua común, no procede que los ciudadanos paguen para entendernos en el hemiciclo. [Carles] Puigdemont y [Yolanda] Díaz no necesitaron traductor", escribió, haciendo esa alusión última a la cita del expresident catalán y la vicepresidenta segunda del Gobierno, el pasado lunes. No anticipa el jefe del PP cuál será el voto de su partido cuando la iniciativa pase por el pleno de la Cámara baja. Feijóo ha sido senador desde su elección como cabeza del PP, y no mostró entonces su queja por el uso de las lenguas en la Cámara alta.

El Congreso no ha adelantado cuál será el coste de la medida, aunque la Mesa tendrá que proveer los recursos necesarios para hacerla posible. Fuentes parlamentarias indicaron a este diario que no habría problema, porque hay remanentes de sobra. En principio, el órgano rector de la Cámara baja, de mayoría progresista, tiene previsto informar de los detalles logísticos la semana próxima. En el Senado, el coste de los traductores e intérpretes reservado para 2023 es de 280.000 euros, una pequeña cantidad en un presupuesto global de 64,1 millones. El presupuesto total del Congreso es mucho más alto, de 110,4 millones para el presente ejercicio.