Nada está hecho, ni mucho menos, pero desde luego sí se están dando pasos en la misma dirección. El Gobierno va estrechando lazos no solo con ERC, que era ya su socio más o menos estable en la pasada legislatura, sino también con Junts, compañero de viaje imprescindible si quiere asegurarse la investidura de Pedro Sánchez. La última prueba, el último paso, es el cierre de la reforma del reglamento del Congreso para que se puedan usar el catalán, el euskera y el gallego en toda la actividad parlamentaria, tanto en las intervenciones orales en pleno y en comisiones como en los escritos registrados en la Cámara. La modificación saldrá adelante en apenas dos semanas gracias a la mayoría progresista y se pondrá en marcha en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el 26 y 27 de septiembre.

PSOE y Sumar registraron este miércoles la proposición de reforma [aquí en PDF] con la firma también de ERC, PNV, EH Bildu y BNG. En el escrito no aparecía la rúbrica de los de Carles Puigdemont, pero sus siete diputados sí respaldarán la iniciativa porque se han introducido cambios sobre el borrador inicial que sitúan al catalán en pie de "igualdad" con el castellano que les han convencido para apoyarla. Junts defiende que no plasma su firma porque no forma "parte de ningún bloque" ni es "socia de nadie". Pretende así marcar distancias con los republicanos, aunque en el fondo ambos han participado del acuerdo y ambos lo votarán a favor en el pleno del Congreso, previsiblemente el 19 de septiembre.

Ambas formaciones compiten para colgarse la medalla y mostrar sus credenciales como partido que ha ejercido la presión efectiva hacia el Ejecutivo

Ambas fuerzas, de hecho, intentaron marcar perfil propio una vez se conoció el contenido de la proposición. JxCAT reivindicó ese pequeño cambio, que cree sustancial: que cuando un diputado registre un escrito en catalán, gallego o euskera no sea necesario acompañarlo de la traducción en castellano. Sí será obligatorio en el periodo de adaptación de la Cámara, en los primeros seis meses desde la aprobación de la reforma.

ERC, por su parte, celebró que el acuerdo dé "salida a una reivindicación histórica y permitirá el uso del catalán, el occitano —aranés en el Aran— y el resto de lenguas oficiales en todos los trabajos y debates parlamentarios, así como la publicación de los Diarios de Sesiones y el registro de todos los textos". Y señaló que la propuesta, que habrá de aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso, ya asegurada, "garantiza la unidad lingüística de la lengua catalana". Los de Oriol Junqueras agregaron que así se certifica el acuerdo alcanzado entre los partidos que tienen el control de la Mesa, PSOE y Sumar, "con ERC para conformar una mayoría progresista en este órgano". Ambas fuerzas, pues, competían entre sí para colgarse la medalla, para mostrar sus credenciales como partido que ha ejercido la presión efectiva hacia el Ejecutivo.

A falta de estimar el coste

Lo cierto es que el Congreso irá mucho más lejos que el Senado, que ya tiene reconocida la utilización de las lenguas cooficiales desde hace muchos años: en 2005 se alcanzó un primer acuerdo en la Mesa y en 2010 se pactó una ampliación del uso del catalán, del euskera y del gallego, aún vigente, gracias a la cual se pueden emplear en el pleno pero solo para el debate de las mociones y en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y en los escritos que se registren. El Congreso da un salto de gigante ahora, al que anteriormente se había negado el PSOE. Las lenguas cooficiales, así, se podrán utilizar en pleno y en comisiones, y también en las iniciativas escritas que se presenten.

La Mesa de la Cámara baja, que preside la socialista Francina Armengol, tiene previsto informar la semana próxima de la parte logística. Esto es, cómo hará posible este cambio, que exigirá, por lo pronto, la contratación exprés de traductores e intérpretes, aunque todo dependerá del dictamen de los servicios técnicos. También el órgano rector hará una estimación del coste y de cuánto supone en el presupuesto global del Congreso, que asciende a 110,4 millones en 2023. En el Senado, la factura de la traducción es poco onerosa: 280.000 euros en este ejercicio, apenas el 0,44% de los 64,1 millones que podrá manejar la Cámara alta en 2023.

La Mesa del Congreso procederá en los próximos días a una contratación exprés de traductores e intérpretes. Y estimará el coste. En el Senado, el gasto es de 280.000 euros, el 0,44% de los 64,1 millones de presupuesto total

El uso de los idiomas cooficiales fue una de las exigencias que pusieron Junts y ERC al PSOE para hacer presidenta a Armengol y configurar una Mesa de mayoría progresista. Aquel acuerdo también incluía el impulso, por parte del Gobierno, de la cooficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europeo, petición que ya cursó Exteriores ante el Consejo de la Unión Europea la misma mañana del 17 de agosto, día de la constitución de las Cortes de la XV Legislatura, como pago por adelantado del pacto con los de Puigdemont. El PSOE también se comprometió a no poner trabas a la apertura de sendas comisiones de investigación sobre el caso Pegasus —el presunto espionaje vía teléfono móvil a los dirigentes independentistas a través de un software de fabricación israelí— y sobre los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. En estas últimas dos cuestiones aún no se han materializado pasos, pero es que aún no se han llegado a constituir siquiera las comisiones ordinarias.

Al acuerdo para la Mesa ha seguido, pues, el de la reforma del reglamento para el uso de las lenguas cooficiales, que además se podrá estrenar en la sesión de investidura de Feijóo. PSOE y Sumar, y también Armengol, cumplen así el compromiso contraído entonces con ERC y Junts. Feijóo mostró su rechazo al cambio de la normativa interna y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, lo definió como "imposición" e incluso afirmó que no se había "hablado" con su grupo, pero los negociadores socialistas lo niegan: enfatizan que sí hubo conversaciones con los conservadores.

En la Moncloa no niegan que este pacto va allanando la investidura de Sánchez. Es, recuerdan, otro consenso más con las dos formaciones soberanistas catalanas de las que depende la reelección del líder socialista, ya que se da por hecho que el diálogo con PNV, Bildu y BNG será más sencillo.

La gran condición para la investidura, no obstante, será la formalización de una ley de amnistía que suponga, según expresó el propio presidente en funciones el pasado lunes, "pasar página", y "definitivamente", del procés. El Gobierno no quiere entrar en detalles porque insiste en que este es "el momento de Feijóo", pero no oculta que ya está dialogando con ERC y Junts sobre ese alivio penal, de cuya constitucionalidad, no obstante, hay dudas.

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, no quiso ni siquiera mentar la palabra cuando fue preguntado este miércoles por los periodistas antes de visitar la exposición Nosotras, las europeas, en el espacio Larra de Madrid. El negociador jefe de Sánchez recalcó, en respuesta a las condiciones exigidas el martes por Puigdemont desde Bruselas, que los socialistas trabajarán "siempre dentro de la Constitución y de la ley".

"Método de trabajo" distinto al de Díaz y Sumar

Bolaños además volvió a marcar distancias con Sumar, y es que en el ala socialista del Ejecutivo no sentó bien que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, viajara hasta la capital belga para reunirse el lunes con el expresident catalán. "Nuestro método de trabajo es la discreción, trabajar y explicarlo a los ciudadanos una vez que se hayan producido los acuerdos".

Asens señala que la amnistía no es la única fórmula para obtener el mismo efecto con otro nombre y reconoce que la figura del relator que quiere JxCAT es "problemática"

Un método, dijo, que "se ha mostrado absolutamente eficaz y exitoso en los últimos años". El ministro hizo hincapié en que los socialistas "por supuesto" trabajarán con los grupos para lograr que Sánchez sea investido y continuarán con la política desplegada en los últimos años. Esto es, "apostar por la convivencia", "cumplir con la Constitución", hacer que se cumpla y velar por "construir diálogo, mayor cohesión territorial y tratar de cerrar definitivamente las heridas de la Cataluña de 2017". Y, como hiciera su compañera de Gabinete Isabel Rodríguez la víspera, cargó contra el PP por "atemorizar" a los españoles, advirtiendo, siempre que gobierna el PSOE, de que "va a venir el apocalipsis".

Mientras, Jaume Asens, exportavoz de los comunes en el Congreso y persona designada por Díaz como interlocutor de Sumar con Junts, reconoció en Onda Cero que la ley de amnistía es el "pago" que exige Puigdemont para investir a Sánchez. Pero a renglón seguido sostuvo que el expresident "no descartó otras vías para lograr el mismo efecto que tenga otro nombre" y agregó que "hay diferentes posibilidades para intentar pasar página de lo que ocurrió en 2017". Sus palabras conectan con lo que también desliza la parte socialista del Ejecutivo, que esa futura ley no tiene por qué ser de amnistía, no tiene por qué ser ese el nombre, que es conflictivo. Lo que sí garantiza la Moncloa es que la medida tendrá encaje en el marco constitucional.

Asens también admitió que la petición que hace Junts de un relator internacional no convence ni tan siquiera a Sumar: "Yolanda Díaz ve el tema del relator como algo problemático. Es extraño poner a una tercera persona internacional en la mesa", advirtió.

El PSOE ya desliza que no se siente urgido por los plazos del jefe moral de Junts: lo importante, dice, es el acuerdo

Otra de las cuestiones a resolver son los plazos de tramitación. Puigdemont exige que la ley esté tramitada antes de la investidura, pero en la cúpula socialista se empieza a trasladar la idea de que no se sentirán urgidos por los plazos, que esos son los tiempos del expresident, pero que no necesariamente son los de Sánchez, así que esa es una cuestión a debate. Lo importante, señalan, es que se cierre el acuerdo, y por el momento se sigue avanzando hacia él. El paso de este miércoles con el uso de las lenguas en el Congreso es, subrayan en la Moncloa, inequívoco.