La elaboración de una Ley de amnistía que englobe todas las causas asociadas al movimiento independentista desde la consulta del 9N de 2014 a los disturbios posteriores a la sentencia del procés, en 2019. Esta es, grosso modo, la fórmula que plantean tanto Junts como ERC cuando se refieren a la amnistía que ambos partidos han puesto como condición a la investidura de Pedro Sánchez.

Pero ninguno de ellos aclara exactamente a cuánta gente debe dar amparo esa ley, ni qué causas deben quedar amnistiadas. Una cifra que puede alcanzar los 600 "represaliados" que figuran en los archivos de Òmnium Cultural, aunque la entidad aclara que no tiene una cifra exacta. Desde el entorno del Gobierno, sin embargo, aseguran que los procedimientos penales no llegan a cien.

Carles Puigdemont se centró el pasado martes, en esa franja temporal. "Una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014" reclamó Puigdemont. El senador de ERC Joan Queralt apuntaba en entrevista con El Independiente apunta tanto a causas penales como a las administrativas, lo que incluiría los procesos abiertos en el Tribunal de Cuentas contra los responsables de las consultas del 9N y 1-O, liderados por Artur Mas, Francesc Homs y Oriol Junqueras, además del propio Puigdemont.

Pero dejaba claro que el alcance de la ley -quién se verá eximido de culpas- es el auténtico objeto de la negociación y evitaba cifrar su alcance. Un texto que tanto los republicanos como Puigdemont exigen que sea una realidad antes de la votación de la investidura, y que se ha convertido en la auténtica "línea roja" del independentismo.

1.432 investigados

La entidad Òmnium Cultural sí da una pista del alcance de esa amnistía con su recuento de "represaliados" por el procés. En torno a 700 personas entre los ya condenados y aquellos que tienen una causa abierta o están pendientes de ser procesados. Una cifra que supera ampliamente las previsiones que maneja el Gobierno.

Òmnium cifra en 1.432 las personas investigadas en procedimientos penales asociados al movimiento independentista. Contabiliza otras 1.200 personas afectadas por procedimientos administrativos y contables. Y les suma 1.689 "víctimas de la violencia policial y agresiones fascistas" para alcanzar la cifra de los más de 4.000 "represaliados por la causa general" contra el independentismo que denuncian desde octubre de 2017.

No todos ellos son objeto de la amnistía. Según los datos que maneja la entidad 1.400 personas han sido investigadas en procedimientos penales desde septiembre de 2017, pero la mitad ya han sido archivados. Más de 200 han sido procesados, de los que otro 50% ha sido condenado y en la actualidad quedan en torno a 500 personas con causas abiertas.

Esos serían los beneficiarios de la amnistía tal como la presentan desde JxCat y ERC. Una medida que no contemple "soluciones personales" -no deja de repetir Puigdemont- y dé amparo a todos los que se han implicado en el movimiento independentista. Un grupo que engloba a los fugados -Puigdemont, Toni Comin, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira-; los procesados por la organización del 1-O en el Juzgado 13 de Barcelona; los alcaldes que facilitaron la celebración del referéndum; los procesados por enfrentamientos con la policía el 1-O y en los disturbios posteriores a la sentencia del procés; los miembros del CDR procesados tras la Operación Judas; los investigados por la organización de Tsunami Democràtic y el caso Volhov; los responsables de la promoción exterior del referéndum y los que son objeto de las causas del Tribunal de Cuentas.

Los policías del 1-O

Un listado en el que desde Sumar se ha incluido desde el primer momento a los agentes de la Policía Nacional procesados en un juzgado de Barcelona por su actuación durante el 1-O. Se trata de 45 agentes imputados por la "violencia innecesaria" y "excesiva" en las cargas de ese día. Esquerra asumía inicialmente su inclusión en la amnistía, pero voces de peso como el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han rechazado esta posibilidad en los últimos días.

Una idea, la de una "amnistía simétrica" que ampare a los procesados que han actuado a favor y en contra de la independencia, que defienden los juristas que avalan la constitucionalidad de una amnistía. Aunque uno de sus impulsores oficiales, Jaume Asens, la rechaza alegando que la amnistía no puede cubrir "delitos de torturas" con los que equipara la actuación policial del 1-O.

Los propios sindicatos policiales se han desmarcado también de esa posibilidad. El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, advertía en Catalunya Ràdio que no están dispuestos a formar parte del "mercadeo persa de la investidura" y rechazaba rotundamente que se equipare la intervención policial con la actuación de los condenados por el procés. "No tenemos miedo al Estado de Derecho" advirtió argumentando que el 1-O actuaron precisamente en defensa de ese Estado de Derecho.