El PSOE se resiste a una tramitación exprés de la amnistía y al relator internacional como pide Puigdemont

No da tiempo material. Es imposible". El PSOE empieza a señalar que una de las premisas de Carles Puigdemont para dar apoyo a Pedro Sánchez no es viable, su exigencia de que la ley de amnistía quede tramitada y aprobada antes de la investidura del presidente del Gobierno en funciones. No quiere prisas, ni trámites ultrarrápidos para alumbrar una de las iniciativas medulares de la legislatura y de extrema sensibilidad. Como también rechaza incorporar a un relator o un mediador internacional a las conversaciones entre el Ejecutivo y Junts per Catalunya, por lo que supondría de proyección de un conflicto entre dos Estados, y no es el caso. Esas dos cuestiones, que el expresident situó en el frontispicio de su comparecencia del pasado martes en Bruselas, pueden complicar sobremanera las negociaciones entre las dos partes y, de no ceder JxCAT, hacer descarrilarlas.

Aunque los contactos no se han detenido en las últimas semanas, los socialistas persisten en su convicción de que las conversaciones formales para procurar la investidura de Sánchez no deben arrancar ante los focos hasta que fracase Alberto Núñez Feijóo y el jefe del Ejecutivo en funciones sea postulado por el Rey. Y no mostrarán por completo sus cartas y sus líneas rojas hasta ese momento. Pero el presidente sí está decidido a seguir dando pasos al frente para tejer un pacto con Junts, un camino que de antemano se percibe muy empedrado en la Moncloa y en Ferraz, más si cabe por el difícil equilibrio que han de guardar con ERC, socio habitual del Gobierno en la pasada legislatura y en guerra total con los posconvergentes. Sánchez no va a arrugarse tras las críticas vertidas por la vieja guardia del PSOE, voces que en la dirección subrayan como "aisladas" y "nada representativas" del latido actual del partido. Nadie más, aparte de los veteranos y de los barones de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, ha alzado la voz contra los planes de la cúpula. Al menos por ahora.

El PP goza de mayoría absoluta en el Senado, por lo que puede dilatar la tramitación y llevarla al máximo, 20 días en caso de que fuera declarada de urgencia

Queda mucho recorrido aún, no obstante. Y los negociadores socialistas saben que tienen que remover o limar dos primeros y fundamentales obstáculos: los tiempos y la mediación internacional a los que se refirió Puigdemont el martes. El expresident, que ha cargado duramente contra ERC por conformarse con lo que él considera migajas y por plegarse a la Moncloa, desconfía de los socialistas. Y quiere cobrar por adelantado, como él ya mismo advirtió en agosto, en la pantalla anterior, la de la Mesa del Congreso. De ahí que el martes incidiera en que la ley de amnistía tendría que estar lista antes de la fecha límite antes de la disolución automática de las Cortes Generales rumbo a unas segundas generales: el 27 de noviembre. Fuentes de su equipo precisaron después que Junts quiere ver completamente aprobada por completo la norma antes de que se vote la reelección del presidente en funciones. Es decir, que el texto pase por Congreso y por Senado.

La respuesta de la cúpula del PSOE es rotunda: "No daría tiempo material", esgrimen fuentes de primer nivel del partido a El Independiente. Socialistas y Unidas Podemos tramitaron en apenas un mes, a finales de 2022, la reforma del Código Penal que eliminaba la sedición y modificaba la malversación, pero en aquel momento pudieron pisar el acelerador porque las dos Cámaras estaban bajo su control. Ahora no sucede lo mismo, porque el PP goza de mayoría absoluta en el Senado, lo que le permite dilatar la tramitación de las iniciativas que llegan del Congreso. Si los textos son declarados de urgencia, la Cámara alta puede retenerlo, eso sí, un máximo de 20 días, y si lo modifica o lo veta, el Congreso tiene la última palabra. Los socialistas, por lo pronto, consideran que no cabe registrar ninguna proposición de ley relativa a la amnistía —o con la denominación que se consensúe— hasta que no pase la investidura de Feijóo y Sánchez cuente con el encargo.

¿Lectura única?

El PSOE y Sumar contarían con un mecanismo más para agilizar la tramitación en el Congreso, que no se empleó con la sedición y la malversación: añadir a la declaración de urgencia —que recorta los plazos a la mitad— el procedimiento de lectura única. Esto es, que el texto no pase por ponencia y comisión y que sea analizado solo por el pleno. Eso haría que en solo una semana la iniciativa fuera visada por la Cámara baja, para de ahí trasladársela al Senado.

Con los indultos, la Moncloa empleó meses abonando el terreno, y desde que lanza el anuncio hasta su materialización, que dependía solo del Ejecutivo, pasó un mes

La reforma del reglamento del Congreso, para permitir el uso de las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la vida parlamentaria, se tramitará con toda premura, en lectura única y con urgencia: se registró el pasado miércoles; la Mesa, presidida por la socialista Francina Armengol, la calificará este 13 de septiembre, y el pleno del Congreso primero la tomará en consideración el martes 19 y la aprobará definitivamente el jueves 21. Lógicamente, al tratarse de un texto que afecta solo a la Cámara baja, no pasa al Senado. El resultado es que el catalán, el gallego y el euskera podrán emplearse en la investidura de Feijóo, el 26 y 27 de septiembre.

Pero en la dirección socialista se remarca que una eventual ley de amnistía nada tiene que ver con una reforma del reglamento del Congreso, por lo que no cabe esa tramitación ultrarrápida. "Es imposible", remachan a este diario desde el núcleo de confianza del líder. Defienden que requiere de un debate más sosegado y una explicación reposada para que la digestión en la opinión pública sea posible. Con los indultos a los condenados del procés, una decisión que concernía exclusivamente al Ejecutivo, la Moncloa y Ferraz desplegaron una larga (y finalmente exitosa) labor de pedagogía: tras meses abriendo camino, poco a poco, el presidente ya anticipó con nitidez la medida a finales de mayo de 2021, y un mes más tarde el Consejo de Ministros le dio el visto bueno. Para entonces, su equipo había ido nutriendo el debate público con argumentos y hasta el propio Sánchez protagonizó, la víspera de su concesión, un gran acto en el Liceu de Barcelona en defensa de la medida de gracia.

Con la amnistía, prácticamente todo el trabajo de pedagogía queda por hacer. En los discursos públicos del Gobierno y del PSOE ni siquiera aparece esa palabra mencionada. El presidente sí ha prometido "audacia", "valentía", para "pasar página", y "definitivamente" del procés. Y ha mostrado su convicción de que llegará el entendimiento con Junts: el acuerdo "se puede, se debe y se va a alcanzar", dijo hace una semana. Pero hasta el pasado julio tanto él como los miembros de su Gabinete y la cúpula del PSOE habían recalcado que la amnistía no era posible porque no es constitucional. El pasado 22 de agosto Sánchez, en una primera señal de cambio de rumbo, aseguró que quien debe decir si esa medida encaja o no en la Carta Magna es el Tribunal Constitucional. No él.

"Él tiene la llave"

Pero en el Gobierno y en el PSOE no se perciben problemas procedimentales a la tramitación exprés que quiere Puigdemont. Se suman razones políticas. La Moncloa sí accedió al pago por adelantado en la negociación de la Mesa. El expresident pidió "hechos comprobables" y dio su sí a Armengol cuando estaba registrada la petición del ministro José Manuel Albares ante el Consejo de la Unión Europea para que reconozca la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el bloque comunitario. Pero la amnistía, esgrimen en Ferraz, es bien distinta, por su enorme calado y complejidad técnica.

Tienen que entregar primero la gobernabilidad, porque si no es duro de tragar para nosotros. No es igual a hacerlo a la inversa", manifiesta una veterana dirigente

Además, los socialistas consideran que la tramitación ha de llegar después de la investidura, que "lo importante" es el acuerdo, y no que se apruebe a toda prisa y sin apenas debate. "Lo que pactemos hay que cumplirlo, pero no antes de la investidura —precisa un alto mando del Ejecutivo—. Eso no existe en política. Existen los acuerdos, que se cumplen y además él [Puigdemont] tiene la llave", dado que sus siete votos son imprescindibles tanto para la reelección de Sánchez como para la estabilidad de la legislatura. "ERC y Junts tienen que entregar primero la gobernabilidad, porque si no es duro de tragar para nosotros —apunta una dirigente veterana que conoce bien las tripas del Ejecutivo y al propio líder socialista—. No es igual que te den la investidura y luego busques la mejor fórmula a lo contrario".

En algunos cuadros del PSOE también opera el vértigo de que se acceda a esa condición de Junts y luego en el tramo final el expresident haga embarrancar la investidura, de tal manera que el jefe del Ejecutivo se conduciría a unas segundas elecciones, para el 14 de enero, con un enorme agujero en su discurso y con el desgaste a cuestas por la tramitación de una medida muy controvertida y que se enfrentará al durísimo combate de la derecha. Puigdemont no ha puesto fecha, por ejemplo, al referéndum de autodeterminación, aunque sigue insistiendo en él, igual que hizo en la noche del domingo, víspera de la Diada, el president, Pere Aragonès (ERC): exigió la consulta independentista porque la amnistía "no es el final de nada". El referéndum sí que era y sigue siendo línea roja absoluta para el PSOE.

La segunda cuestión que puede dificultar las conversaciones es la exigencia de un relator internacional. Puigdemont, el martes, fue deliberadamente inconcreto cuando formuló esta condición: habló de un "mecanismo de mediación y verificación". Luego a los suyos les detalló que sigue pensando en una mediación internacional para llevar el conflicto catalán a la arena exterior. Ese es su empeño desde hace años.

Para el Ejecutivo, esa condición no es hoy por hoy asumible, precisamente porque situaría al Estado y al independentismo catalán en pie de igualdad. La figura ya supuso la voladura del primer Gobierno de Sánchez en febrero de 2019 y la razón última de que el presidente anticipara los comicios, llevándolos al 28 de abril de aquel año.

En 2019, los PGE decayeron y España fue a elecciones porque Sánchez frenó y no aceptó las condiciones de los separatistas y en concreto el referéndum

El Ejecutivo aceptó primero la figura del "relator", aunque solo para "tomar nota", "convocar y coordinar" las reuniones entre partidos, no un verificador internacional. Pero tras un debate intensísimo dentro del PSOE, y ante el rechazo de los independentistas y su exigencia de un referéndum, Sánchez frenó y se plantó. Aquella fue una de las semanas más turbulentas para su entonces número dos en el Gabinete, Carmen Calvo. Ante la ruptura del diálogo con los republicanos y los posconvergentes, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 cayeron y el anticipo electoral fue un hecho. En la siguiente legislatura, ERC apostó por una mesa de diálogo entre gobiernos y abandonó la idea del observador internacional. Ahora, esa figura resucita y vuelve a ser fuente de conflicto.

El PSOE no deslegitimará al Estado, dicen en la Moncloa

El enviado de Yolanda Díaz para tender puentes con Puigdemont, el exdiputado de los comunes Jaume Asens, apunta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como un dirigente que podría ejercer "un rol interesante" en las conversaciones entre el expresident catalán y Sánchez. Asens añade que legalmente podría tramitarse la ley con urgencia y en lectura única, pero también aprecia obstáculos políticos, porque cree que la sociedad española no está "preparada para unos ritmos tan rápidos, tan forzados", ya que "el debate ha empezado hace no tanto". "Una cosa es Cataluña, donde hay un cierto consenso, y la otra es el resto del Estado [...]. Si se va demasiado rápido… no sé. Es legalmente posible, podría empezar a hacerse, no sé si hace falta que se tramite todo antes. Por ejemplo, si se vota la toma de consideración de la ley creo que ya es un compromiso suficientemente claro de que se va en serio", asegura el exparlamentario este domingo en una entrevista en elDiario.es. Desde las alturas de Ferraz apostillan que el diálogo lo pilotan ellos, y no Sumar.

Dirigentes como Montilla o Almunia entienden que los independentistas han de reconocer sus errores cometidos en 2017

La elaboración y redacción de esa futura ley de amnistía —con el nombre que reciba— también deberá resolver otras cuestiones que se han suscitado en los últimos días. Dirigentes veteranos como el expresident José Montilla o el exlíder del PSOE y exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia han reiterado que los independentistas deberían reconocer los errores de 2017. También se escucha en el partido que los separatistas debieran enterrar la unilateralidad, pero precisamente Puigdemont anticipó en Bruselas —a muy pocos días de la Diada, cierto— que su partido ni renuncia ni renunciará a ella.

La amnistía supone, recordaba el pasado viernes en El País Tomás de la Quadra-Salcedo, exministro socialista de Justicia, que el régimen anterior se equivocó y fue injusto, y esa condición, esgrimía, es inasumible para un partido constitucional como el PSOE. En la Moncloa se reconoce que la futura ley, si se aprueba, no puede contener ninguna "deslegitimación" de la actuación del Estado en el otoño del procés.

El PP ya está preparando toda su artillería contra la medida. En una entrevista este domingo en La Razón, Feijóo se mostró convencido de que si se aprueba una ley de amnistía, "habrá una respuesta judicial, política y electoral". Le respondió, en el acto de arranque del curso político de los socialistas madrileños, el titular de la Presidencia en funciones, uno de los negociadores de Sánchez y hombre de su absoluta confianza. Félix Bolaños ironizaba sobre las "profecías" de la derecha que nunca acaban sucediendo. El PP ya pronosticó, se burló, una crisis económica profunda tras el pasado verano, o que no se llegaría a inyectar rápidamente a toda la población la vacuna del covid. Ahora llega la "temporada alta de las profecías" con una a la cabeza, la de "España se rompe y la Constitución se quiebra".

Feijóo promete una respuesta en todos los frentes a la amnistía y Bolaños ironiza sobre la "temporada alta de profecías" del PP y subraya que España estará "más unida" con un Gobierno socialista

"La credibilidad que tiene el PP cuando dice que España se rompe es la misma que cuando dice que son de centro y que son moderados y que, por eso, no van a pactar con Vox y la ultraderecha: cero", apuntó, informa EFE. España, dijo en el acto celebrado en Alcorcón, estará "cada día más unida y más cohesionada" con un Gobierno socialista "gracias al diálogo, construyendo convivencia, reconstruyendo lazos entre personas y garantizando que en Cataluña se van curando las heridas de aquella fractura tan terrible que hubo en 2017". De nuevo, no dio pistas oficiales sobre la ley de amnistía. No las habrá, probablemente, hasta que pase la investidura de Feijóo, pero el Gobierno y Ferraz sí van deslizando mensajes de cuál es el perímetro de negociación que quiere marcar.