Incluir a los policías que protagonizaron las cargas en el referéndum del 1 de octubre o no. Esa es la cuestión en las altas esferas del independentismo. La causa en la que se investiga a 45 agentes por "torturas y contra la integridad moral" durante aquella jornada divide a partidos y asociaciones civiles.

En enero de este año, el instructor del Juzgado número 7 de Barcelona mandó al banquillo a 45 policías por su desempeño durante la mañana del referéndum ilegal. Ahora la causa está en la Audiencia Provincial de la Ciudad Condal, a la espera de la apertura de juicio. Durante este tiempo, la ANC y Òmnium Cultural han presentado recursos para ampliar el número de investigados.

Por otro lado, los líderes de Junts per Catalunya, quienes serían los principales beneficiados de la amnistía, ven con buenos ojos que los funcionarios de la Policía Nacional entrasen en el paquete del perdón. Así se lo hizo saber el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hace diez días en el Parlamento Europeo.

Choque independentista

El independentismo choca en este asunto. Por un lado, los políticos aceptarían ver como los "represores" no tienen que enfrentarse a un proceso judicial a cambio de poder volver a Cataluña desde Waterloo. Por otro, las asociaciones civiles, que sacaron a la calle a 115.000 personas en la Diada de esta semana, rechazan de plano esta posibilidad y han pedido más imputaciones d urante todo el proceso.

En marzo presentaron un recurso para que se investigase a 12 policías más. Entre los nombres que ponían sobre la mesa del juez, había tres jefes de unidades que actuaron en las escuelas Estrella, Ramón Llull y Pau Romeva, así como otros cuatro mandos destinados en Mediterráneo y Joan Fuster. Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), personado en la causa, señalan que todos los autos están recurridos a la espera de que se resuelvan.

La disputa independentista no es cosa menor. ANC y Òmnium, sabdores de que marcan el pulso en la calle y la movilización ciudadana, lanzaron un órdago la semana pasada a los partidos. Amenazaron con impulsar definitivamente una "lista cívica" electoral si siguen sin ser "eficaces" y, en lugar de trabajar para "hacer efectiva la independencia de Cataluña", acaban apostando por investir al próximo presidente del Gobierno español, informó Efe. Desde el Govern catalán creen que eso no sería "lo más conveniente".

Actuación "conforme a la ley"

La propuesta de Puigdemont y de Sumar, partido de Díaz, tiene poco recorrido. El Ministerio del Interior ha manifestado que los agentes actuaron "conforme a la ley" en todo momento. Tampoco los implicados están por la labor de aceptar un perdón que creen que no necesitan. "Nuestra actuación fue impecable", comentaba un antidisturbio destinado aquellos días en Barcelona a El Independiente: "Nos defenderemos en el juicio".

Para este agente su proceso judicial fue "político", algo que, bajo su punto de vista, se plasmo desde el minuto uno en la actitud del juez. "Cuando se veían (en los vídeos) agresiones por parte de los radicales, el juez las tildaba de ligeras. A nosotros en cambio, si agarrábamos a alguien nos decía que era un uso desproporcionado de la fuerza".

"Todas las veces que he ido a declarar nos han mirado con lupa cada testimonio", recuerda. El juez, por otra parte, da credibilidad a los testimonios de los independentistas en su auto. Recoge frases como "habla normal, cerdo de mierda", "puta", "catalán de mierda", "qué, tú también quieres", "puta, zorra, quítate de aquí", "hijo de puta, payaso". Llegó a dar credibilidad al testimonio de M. S. M., que apuntó que un agente "le tocó los pechos y le dijo 'puta vieja, no me gustan tus tetas'".

Los policías confían en llegar al Tribunal Supremo recurso tras recurso para tener "un juicio normal, sin especiales sensibilidades para ninguna parte". "Ahora mismo lo que queremos es que la causa salga de Cataluña".