El Congreso de los Diputados trabaja a contrarreloj para que los deseos de los nacionalistas se cumplan y el debate de investidura de Alberto Núñez-Feijóo, que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre, pueda escucharse además de en castellano, en las lenguas cooficiales del Estado, el euskera, el catalán y el gallego.

Hoy se reúne la Mesa del Congreso precisamente para decidir cómo pueden adaptar la Cámara Baja a este nuevo formato que prometió la presidenta del Congreso, Francina Armengol, nada más llegar a su cargo. Ella misma reconoció en una entrevista en la Cadena SER que no iba a ser fácil y que su objetivo era "hacerlo lo más rápido posible".

Así, el Congreso de los Diputados va a tramitar por la vía de urgencia una proposición de reforma de su Reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Pretenden tenerlo todo atado para que el día 26 de septiembre, cuando comience el debate de investidura del popular, el gallego, el euskera y el catalán ya puedan utilizarse en la Cámara.

Aunque desde el 2011, a raíz de la última Reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de lenguas cooficiales, en la Cámara Alta está permitido presentar documentos escritos en distintas lenguas cooficiales y realizar debates parlamentarios en estas lenguas, además de contar con una traducción simultánea, lo cierto es que su uso está limitado para situaciones concretas.

En el caso del Congreso, a pesar de algunos intentos de llevarlo a cabo, no se utilizan las lenguas cooficiales. Actualmente, cuenta solo con tres traductores e intérpretes, tres mujeres, tal y como detalla la propia web de la Cámara, que se encargan de traducciones al inglés, francés y alemán. 

En esta ocasión pretende ir más allá que el Senado e implementar dichas lenguas en toda la actividad parlamentaria, no solo en ciertos documentos o algunas intervenciones, el euskera, el catalán y el gallego tendrán su lugar incluso en el Diario de Sesiones.

060923 Propuesta de reforma del Reglamento para el uso de las lenguas oficiales en el CongresoDescarga

Según recoge la reforma, los oradores podrán pronunciar su discurso en cualquiera de las lenguas "que tengan carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma". Además de los escritos que se presenten en la Secretaría General del Congreso o incluso las iniciativas presentadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

La propia reforma prevé un plazo de seis meses como "periodo de transición para adaptar los servicios de la Cámara". Durante esos meses, los documentos tendrán que registrarse en la lengua cooficial correspondiente, además de en castellano, y una vez pase ese plazo de "adaptación", los textos no tienen por qué acompañarse con la traducción.

El reto a contrarreloj

Aunque todavía quedan varios meses para que la reforma se lleve a cabo en su totalidad, el Congreso de los Diputados pretende que, aunque sea a contrarreloj, durante la investidura de Feijóo, el 26 y 27 de septiembre, las lenguas cooficiales puedan utilizarse.

Según han indicado fuentes de la Cámara Alta a El Independiente, el Congreso se ha puesto en contacto con el Senado para informarse sobre cómo gestionan las lenguas cooficiales en la Cámara Alta, pero no han ofrecido ningún material "técnico ni humano" ya que aseguran que eso les corresponde al Congreso.

En 2005 el Senado hizo una convocatoria pública para obtener traductores que, aunque no formen parte de la Cámara, cuentan con ellos para determinadas ocasiones. En un primer momento para reuniones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y a partir de la reforma que se hizo en 2011, para los plenos.

Fuentes de la Cámara indican que en su momento hicieron un estudio de cuánto podían costar las sesiones plenarias. Se presupuestó que el coste promedio de la interpretación y la sesión escrita (son dos días) para el diario de sesiones era de unos 11.900 euros. A cada pleno tenía que acudir 7 intérpretes. El presupuesto en traductores para este 2023 es de 280.000 euros de los 64.136.450 que tiene la Cámara.

Estos profesionales cobran 555,22 euros por cada jornada de trabajo, a los que hay que sumar 180 euros de dieta, 5,43 euros por minuto de interpretación y 0,19 euros por kilómetro en caso de desplazamiento, según el último acuerdo alcanzado en 2020.

A la espera de que al igual que el Senado, el Congreso haga una convocatoria pública para obtener traductores e intérpretes, para el debate de investidura de Feijóo el Congreso contratará traductores. Lo tendrá que hacer de manera urgente, además de tener que comprar material como cascos para que los diputados puedan entender las lenguas cooficiales.

Se espera que el coste de los traductores sea mayor que el del Senado (280.000 euros) ya que su actividad es mayor y tendría que adaptar la Cámara con cascos, instalaciones o cabinas para la traducción simultánea, además de intérpretes, y el material necesario para que los diputados entiendan el euskera, el gallego y el catalán.

Letrados del Congreso ven muy difícil su uso

Los servicios jurídicos del Congreso ven, por su parte, "muy difícil" aplicar de "forma inmediata o a corto plazo" la reforma del Reglamento de la Cámara registrada por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG para permitir el uso generalizado de las lenguas cooficiales en los debates e iniciativas parlamentarias.

A pesar de mostrarse a favor de la reforma, advierten de que este cambio obligaría a "replantear todos los procedimientos parlamentarios" tal y como están concebidos en la actualidad.

Los letrados sobre todo advierten de las dificultades que conlleva su "rápida aplicación". Por su parte, fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja consideran que lo más importante es que habrá una "aplicación inicial" que conllevará seis meses, pero que "habrá tiempo para hacerla" como ellos consideran.