Crecimiento significativo en un mes. A mediados de agosto, El Independiente se hacía eco de dos encuestas publicadas por NC Report para La Razón y SocioMétrica para El Español que trasladaban una situación de división entre el electorado socialista a razón de una posible ley de amnistía. Una concesión del PSOE y sus socios a Junts per Catalunya en particular, y al independentismo en general para lograr, al menos al principio, la investidura de Pedro Sánchez. Se apuntaba en el caso del primer sondeo a un desacuerdo con esa posible legislación del 56,9% del electorado de Sánchez. El segundo rebajaba esa discrepancia a un 45,4%. En este momento, según una medición reciente de Metroscopia, el porcentaje de electorado del PSOE que ya la rechaza en un 59 puntos.

El dato, trasladado este jueves en Onda Cero por el presidente de la demoscópica, José Juan Toharia, no permite analizar una progresión respecto a los anteriores, pero sí contemplar que hay una tendencia: al menos la mitad y como máximo siete de cada diez electores socialistas no están cómodos con que su partido contemple la idea de amnistiar a los involucrados en el procés. Un paso más a los indultos parciales concedidos a los principales líderes que supondría no ya el perdón, sino el olvido de lo acontecido en 2017. El mayor beneficiado sería Carles Puigdemont, quien tiene causa abierta con la justicia tras huir del territorio nacional entonces.

Este sondeo se ha dado a conocer horas antes de que el PSOE tomase la decisión de expulsar a Nicolás Redondo Torreros del partido, argumentándose un "reiterado menosprecio" a las siglas socialistas. Redondo había rechazado la posibilidad de que fructificase una amnistía, e incluso mostrado su apoyo a la movilización que el PP ha convocado para el próximo domingo 24 de septiembre en contra de ello. Lo que ha sido troncal para tomar esa decisión de cese. Aunque la finalidad de los populares será hacer una previa a la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, desgranando las propuestas de gobierno y haciendo oposición a Sánchez, se enfatizará en que Feijóo "ha dejado muy claro que lo que no hará nunca" para ser investido es "pasar por una amnistía ni por un referéndum". Así lo dijo Cuca Gamarra el mismo jueves desde el Congreso de los Diputados.

El 40% de los votantes del PSOE ve desacertada la estrategia de Sánchez para con Cataluña"

La postura frente a una amnistía trasladada por Redondo va en la línea de los dirigentes históricos del PSOE. El expresidente del Gobierno y exsecretario general Felipe González manifestó abiertamente. "Dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación", reclamó la semana pasada el andaluz. Su paisano y ex mano derecha, Alfonso Guerra, exvicesecretario general en Ferraz y exvicepresidente del Ejecutivo definió a este trámite, de plantearse, como "la condena de la Transición", y ha pedido que no se aborde. También catalogó la demanda independentista como una más de todas las posibilidades que pueden llegar después. Joaquín Almunia se ha sumado indicando que "de momento" no hay condiciones para ello.

Con la vieja guardia socialista confluye la nueva, al menos entre los barones más experimentados y que nunca han sido de la cuerda de Sánchez; sí de la de Susana Díaz. Son Javier Lambán o Emiliano García-Page. El barón aragonés, en línea con Guerra, ha considerado que "la nave constitucional" podría irse a pique, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha y del PSOE-CLM ha recordado la postura inicial del partido antes de las elecciones. Desde sectores de Sumar se reconoce este mismo cambio, algo que, frente a capas relevantes del PSOE, lo ven como favorable. Aunque reconocen, dado que es el planteamiento de cara a sus socios lo que ahora tiene prioridad, que los socialistas están tornando hacia una posición de cierta "mesura".

En el 'nuevo' PSOE, aunque hay un compromiso de que no afloren, hay discrepancias respecto a la amnistía. En privado, territorios como el de Castilla y León son críticos, pero destacan que no habrá cuestionamiento público a Sánchez si toma esta decisión. Además, se espera ver en qué grado y bajo que criterios se decidiría. Públicamente, en cambio, barones como el asturiano Adrián Barbón, prefieren pagar ese "precio", siempre dentro de la Constitución, para garantizar la continuidad de los avances sociales. Hay un ligero aperturismo frente a sus homólogos mencionados. En general, el argumento oficial es que "ahora es turno de Feijóo" pugnar por una investidura y no del PSOE.

La cifra de personas que rechazan la amnistía a nivel general aumenta hasta el 70%. Es significativo que, en esos términos, los que consideran cierto que los actos finales del procés, al menos hasta el juicio, la condena y los indultos a los líderes, fueron un "delito" sean un 69% de los ciudadanos y se defina así entre el 72% de los votantes socialistas. Tres puntos por encima del global. En todo caso, la percepción general aportada por Metroscopia es inferior a la de NC Report o SocioMétrica. El 74,1% y el 76,6% de los españoles, en ambas encuestas, rechazaban la amnistía el mes pasado.

Asimismo, la actuación en Sánchez en Cataluña, apunta Metroscopia, les parece desacertada al 40% de los votantes del PSOE y, en este momento, un 35% de los socialistas prefieren que se repitan las elecciones.

Puigdemont rentabiliza sus exigencias de investidura

La última encuesta de SigmaDos sobre unas elecciones generales sitúa a Junts a un escaño más que ERC tras el empate de hace dos meses a siete diputados. Lo perdería el PSC, que, igualmente, lograría una victoria hegemónica con 18 representantes electos. El resto de formaciones obtendrían el mismo resultado: siete los comunes, seis el PP y dos Vox. Este hecho sería un punto de inflexión a tener en cuenta en este escenario y en lo que al liderazgo del independentismo más allá de Cataluña se refiere: desde 2011 ERC siempre ha quedado por delante de las sucesivas marcas exconvergentes.

El horizonte del independentismo son las elecciones europeas del próximo año, desde donde poder incrementar las presiones al Estado. ERC acudirá en una candidatura conjunta con EH Bildu, mientras que Junts aspira a ser referente del movimiento secesionista en un nuevo giro de guion político.