La foto de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, con el prófugo de las Justicia Carles Puigdemont en la sede del Parlamento Europeo el pasado 4 de septiembre entre sonrisas y claros gestos de complicidad, constituyó el principal detonante del estupor y de la incomprensión que ha comenzado a extenderse entre los eurodiputados del conjunto de la Unión, tanto en la familia de los populares europeos como entre la socialista, de la que forma parte el PSOE.
Elegir el corazón de la soberanía popular europea para un encuentro público de un miembro destacado del Gobierno español con un ex dirigente político pendiente de comparecer ante el Tribunal Supremo de su país por un delito contra la Constitución, supera la capacidad de comprensión de muchos eurodiputados. "La imagen que estamos dando es terrible", dicen fuentes comunitarias en conversación con El Independiente.
Y no han sido pocos los eurodiputados que preguntan a sus homólogos españoles si para esto "defendieron que se le levantara la inmunidad parlamentaria" a Puigdemont y que "España es una democracia plena donde no existen presos políticos", según las mismas fuentes de la Eurocámara. Todo ello con el debate de fondo en torno a la posibilidad de buscar un remedo de amnistía con la que eliminar o "aliviar" las responsabilidades penales de los protagonistas del intento de sedición de 2017 al objeto de sacar adelante una nueva investidura de Pedro Sánchez, necesitado de los votos de Junts.
La maquinaria propagandística del secesionismo en Europa
La "internacionalización del conflicto" ha sido uno de los objetivos tradicionales del secesionismo, ansioso de un reconocimiento exterior que nunca ha conseguido. Si en buena medida naufraga el procés fue porque ningún estado miembro de la UE dio carta de naturaleza a un movimiento independentista que cuestionaba la integridad territorial de España y podía suponer un efecto contagio en otros países con tensiones territoriales. Pero en muy buena medida resultó necesario contrarrestar las estudiadas campañas de los sediciosos. Si de algo se acusó entonces al gobierno de Mariano Rajoy fue de no hacer pedagogía en las cancillerías europeas, de dejarse ganar no pocas veces el relato frente a una potente, y cara, máquina propagandística.
Los veinte europarlamentarios del PSOE mantienen, por su parte, silencio. La consigna de Moncloa de discreción, de no alentar ninguna polémica ni debate sobre el espinoso tema de la amnistía, mientras se negocia con Junts, no hace otra cosa que alimentar las especulaciones, entre las denuncias del PP, que ya ha llevado esta batalla a Bruselas y va a intentar hacer todo el ruido posible.
Los veinte europarlamentarios del PSOE mantienen, por su parte, silencio
Precisamente, la ex eurodiputada y también ex secretaria general del PSOE Elena Valenciano, puso voz pública a estas reticencias cuando recordó el pasado viernes en una entrevista en Onda Cero cómo "tuvimos que esforzarnos mucho en explicar que aquí no había presos políticos sino un Estado de derecho absolutamente impecable y que la gente que estaba en la cárcel lo estaba por haber cometido un delito". Tras no tener empacho en calificar a Junts de "derecha supremacista", la ahora vocal del Consejo de Estado planteó que la cuestión capital pasa por "si se le reconoce o no legitimad (a Puigdemont) como interlocutor de la democracia española. Me parece muy difícil y yo no le acepto exigencias".
Valenciano se declaró "partidaria" de Javier Cercas, quien escribió una tribuna en El País el pasado miércoles bajo el título "No habrá amnistía", expresando su oposición a esta medida. "Al margen del debate jurídico, algo tan importante y tan irreversible solo puede hacerse con consensos muy amplios. Me parece muy difícil cómo moneda de cambio. También es verdad que la situación es endemoniada. Se trata de dar estabilidad a este país y Puigdemont quiere la inestabilidad y la fractura", dijo la ex dirigente socialista.
Lo cierto es que Moncloa se apresuró a difundir su malestar con la imagen de la vicepresidenta segunda colegueando con Puigdemont, pero a los socios europeos de Pedro Sánchez no se les escapa que la reelección de éste depende del partido que lidera el fugado de la Justicia y éste ya ha dicho que se dedicará "en cuerpo y alma a procurar su investidura siendo "coherente con la letra y espíritu de la Constitución".
Una batalla perdida
Otra de las batallas europeas que parece perdida para los secesionistas es la del uso del catalán en las instituciones europeas. Suecia y Finlandia ya han expresado públicamente sus reticencias y aunque el Gobierno de Sánchez se ha ofrecido a correr con todos los gastos de ampliar el listado de lenguas oficiales de la UE, el cuestionamiento es más de fondo para países cono Francia.
Y es que, en muy buena medida, la batalla política para la investidura del actual inquilino de la Moncloa también se juega en Europa, entre la incomprensión de sus propios socios europeos, para quienes Puigdemont no ha dejado de ser un quebradero de cabeza a convertirse en una pieza fundamental de la investidura. No habrá un cuestionamiento directo, pues ese no es el estilo en Europa. Mientras tanto, el vecino de Waterloo (Bélgica) continúa arremetiendo contra su país. "España está podrida en sus cimientos y las órdenes del Rey de ir a por todos nosotros siguen intactas", escribió Puigdemot tras la condena a Miquel Buch.
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