El mismo día en el que, en tiempo récord, el Congreso tomará en consideración el uso de lenguas regionales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, así como la aprobación directa y en lectura única de la reforma del Reglamento de la Cámara, los populares han anunciado su intención de revisar los contratos de medios materiales y humanos para hacer posible los servicios de traducción simultánea. Así lo ha apuntado el secretario tercero de la Mesa, Guillermo Mariscal, en entrevista en RNE.

"A ver cuál es el modelo de contratación, porque es muy extraño, muy extraño, que para los 280.000 euros que va a tener el contrato, se han dividido en contratos inferiores a 15.000 euros, lo que manifiesta un interés para diluir la ley de contratos" de las administraciones públicas, ha subrayado Mariscal. Dicha ley exige de unos plazos y de una fiscalización y sólo puede saltarse por criterios de urgencia, que el primer partido de la oposición no comparte en absoluto más allá del empeño político de PSOE y de Sumar por dar satisfacción a un independentismo del que depende la investidura de Pedro Sánchez.

Los 280.000 euros del gasto, se han dividido en contratos inferiores a 15.000 euros

Si este asunto "se trata con prisas, trae consigo que se puedan plantear cuestiones que vayan más allá de la legalidad", ha agregado el representante popular, quien, por su parte, ha reiterado los argumentos por los que su partido está en contra del uso del catalán, del euskera y del gallego en la Cámara Baja, que no difieren mucho de los que daba el propio PSOE cada vez que esta cuestión se ha planteado por los partidos nacionalistas e independentistas.

Tras acusar directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de ceder "a las presiones de sus socios" por el cual "estamos en un proceso de cesión por votos permanente", el uso de las lenguas "pretende bloquear la capacidad de diálogo e interlocución de los diputados", además de alargar los plazos de tramitación.