Fue quien puso voz al final de ETA. El 3 de mayo de 2018 Josu Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera' anunció que ETA había nació del pueblo y que en él se "disolvía". El jefe más sanguinario y escurridizo de ETA, el hombre que más tiempo dirigió la organización terrorista ponía así punto final a seis décadas de historia criminal de una organización que desde entonces inició un proceso de 'disolución' y retorno a la sociedad vasca.

Desde que 'Josu Ternera' leyó el considerado como comunicado final de ETA, algo más de un centenar de presos de ETA se han 'disuelto' en la sociedad vasca y navarra tras recuperar la libertad. El proceso ha sido un goteo constante. No hace tanto las prisiones estaban repletas de cientos de miembros de ETA condenados por crímenes terribles. Hubo años en los que los centros penitenciarios sumaban más de 700 presos condenados por crímenes relacionados con ETA. Hoy apenas son 160.

Lo hacían en prácticamente todas las prisiones de España, conformando una suerte de ‘frente de prisiones’ que durante mucho tiempo fue sólido y contrario a aceptar el régimen penitenciario española. Un colectivo siempre controlado de modo férreo por la dirección de la banda terrorista que durante muchos años dirigió Urrutikoetxea y que la dispersión iniciada en 1989 intentó romper.

Hoy, transcurridos doce años desde que ETA anunció el cese de sus acciones violentas -20 de octubre de 2011- y algo más de cinco desde que ‘Josu Ternera’, oficializara la desaparición de la organización criminal, el número de presos etarras ha disminuido de modo considerable, así como sus circunstancias carcelarias y sociales.

Dos años de competencia transferida

En la última década la población presa vinculada con ETA se ha reducido en un 70%. Desde 2013, un total de 377 miembros de la organización terrorista que cumplían condena han recuperado la libertad y en gran parte se han incorporado a la sociedad vasca. Hace diez años en el conjunto de cárceles españolas cumplían condena 527 miembros de la banda, actualmente apenas son 160.

La desaparición de la banda provocó que las detenciones también se redujeran hasta desaparecer. A ello se suma que en los últimos años, desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, se fuera desmantelando la política de dispersión iniciada con los gobiernos de Felipe González y continuada posteriormente por los sucesivos Ejecutivos de Aznar, Zapatero y Rajoy. En la actualidad, tras la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno vasco, de la que ahora se cumplen dos años, las prisiones de Euskadi acogen a la práctica totalidad de internos de ETA que aún cumple condena.

Las cárceles de Zaballa (Álava), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa) tienen entre sus internos a 118 presos de la banda. La mayor parte cumple condena en la cárcel alavesa, 70, por apenas una treintena en Martutene y 18 en la prisión vizcaína. En la prisión de Pamplona están internos seis miembros de la banda. A ellos se suman otros seis miembros de ETA que están presos en la cárcel de Pamplona y otros 13 que cumplen la condena bajo arresto domiciliario. Otros dos internos están presos en Lasarte y una única condenada, Jaione Jauregi, cumple su pena en la cárcel de Alcalá, en Madrid. Además, once presos más están condenados en Francia y cumplen sus condenas en la prisión de Lannemezan o en Read Sud Francillen, según datos del colectivo de familiares de presos Etxerat.

Tercer grado

Estos datos corresponden a la ‘contabilidad’ que periódicamente actualiza este colectivo pero que limita a los presos vinculados al colectivo de presos, el EPPK. A ellos se debe sumar alrededor de una decena de internos de la banda que no forman parte de este colectivo.

En este tiempo la fotografía carcelaria de ETA también se ha visto modificada de manera importante. La situación cambió tras el acuerdo que en 2017 el EPPK adoptó de renegar de su política anterior hacia el régimen carcelario español y acordar poder acogerse de modo individual a los beneficios penitenciarios históricamente prohibidos por la dirección de la banda. Acuerdo que también estableció las limitaciones o líneas rojas para todos los internos; ni delación ni arrepentimiento.

Actualmente 18 presos están en tercer grado, once de ellos en régimen de prisión atenuada. Más de una decena concesiones de tercer grado autorizadas por las Juntas de Tratamiento de los centros vascos han sido posteriormente revocadas por la Audiencia Nacional al considerar que no se cumplían los requisitos para ello. El rechazo y desmarque de la violencia insuficientemente acreditado ha sido el argumento más repetido por la Justicia. Desde Etxerat se ha venido denunciando que 38 internos tienen cumplida tres cuartas partes de su condena y por tanto deberían disfrutar de un régimen de semilibertad.