Primero, que Alberto Núñez Feijóo fracase. Después, la ronda del Rey con los líderes políticos, y tras ella, el encargo a Pedro Sánchez. Luego, su investidura, si logra el acuerdo con los socios de la pasada legislatura y sobre todo con Junts, la pieza más complicada de ajustar. Y el siguiente paso serían los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Los socialistas confían en poder tramitarlos pronto, lo antes posible, a fin de que entren en vigor al poco de que arranque el año que viene. Es decir, que presentará su proyecto de cuentas del Estado de manera casi inmediata, y descarta por tanto la alternativa de ponerse a redactar directamente los PGE de 2025.

Sánchez ya dio la orden a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, de "ir trabajando" en los Presupuestos de 2024. Y en el Ejecutivo insisten en que ya se está pensando en ellos, dibujando prioridades. Pero no avanzan más sobre cuáles serán los ejes que los sustentarán.

El presidente ha venido insistiendo en que esta debe ser la legislatura de la consolidación de los avances del anterior mandato y de menor producción de iniciativas

Tampoco en el equipo de confianza del presidente quieren confirmar siquiera si en las negociaciones con los grupos se unirá la investidura a los primeros Presupuestos. Es decir, si los socialistas amarrarán el apoyo tanto a la reelección de Sánchez como a las cuentas de 2024. En las alturas del partido y del Gobierno dan a entender que podría ser así, pero como se repite en las últimas semanas, no hay precisiones para evitar que las conversaciones descarrilen.

Y es que dados los números que arrojaron las urnas del 23 de julio, la aritmética mucho más complicada que la pasada legislatura, los socialistas necesitan la estabilidad que les proporcionaría la aprobación de unos Presupuestos. Porque ya les darían margen para mantenerse a flote al menos dos años. Y con unas segundas cuentas podrían prácticamente culminar la legislatura. El presidente siempre ha puesto como ejemplo de la estabilidad de su Ejecutivo el hecho de que en los casi años que se prolongó este último mandato, logró aprobar un total de 216 iniciativas legislativas, una cifra abultadísima, y entre ellas tres PGE, los de 2021, 2022 y 2023. Los tres aprobados "en tiempo y forma" y que han servido para apuntalar el crecimiento económico y desplegar los fondos europeos.

Antes de las generales del 23-J, Sánchez ya avisó de que esta, si conseguía la confianza de la Cámara, sería una legislatura con menos leyes y más centrada en la "consolidación" de los "avances" del cuatrienio anterior. Y esa sigue siendo su intención, consciente de que la tarea de armar mayorías, si logra la investidura, se le complicaría ostensiblemente. En el anterior mandato, podía optar (y optó) por la geometría variable, y además tenía el colchón de Ciudadanos. Ahora solo hay mayoría posible, y es la que ha ido emergiendo desde que el pasado 17 de agosto se configuró la Mesa del Congreso: los 178 votos de PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y también de Junts (7). 178 apoyos a los que se sumó esta semana, para la votación de la reforma del reglamento de la Cámara baja, para el uso de las lenguas cooficiales, la diputada de Coalición Canaria. 179 escaños frente los 170 de la derecha de PP (137), Vox (33) y Unión del Pueblo Navarro (1).

Capítulo aparte, la ley de financiación autonómica

Por eso incluso entre los grupos socios del Ejecutivo presumen que esta será, si echa a andar, una legislatura mucho más complicada e inestable, porque no hay mayorías alternativas y porque todo pasa por el apoyo o la abstención de JxCAT, en función de si CC se suma o no al bloque gubernamental. Y lo que todos saben, también los socialistas, es que una nueva coalición no podría sostenerse si no cuenta con unos primeros Presupuestos aprobados. Es decir, que al Ejecutivo le interesa atar investidura y cuentas del Estado, también porque una parte de los compromisos adquiridos con los grupos pueden sustanciarse a través de los PGE, como transferencias e inversiones territoriales. Por otro carril caminaría la reforma de la ley de financiación autonómica, un puzle si cabe más complicado porque ahora son 12 las comunidades en las que gobierna el PP —11 lideradas por ellos y una más, Canarias, que vicepreside—.

La previsión de los socialistas es que Sánchez acuda al debate "pronto", sin apurar el plazo legal, que concluye el 27 de noviembre, pero aún no hay fecha

La previsión del Ejecutivo en funciones, y de Hacienda, según indican fuentes del máximo nivel, es que tras la investidura se pueda presentar el proyecto de ley de Presupuestos de 2024. "Si no da tiempo antes de que acabe 2023, pues a comienzos del próximo año, pero la idea es llevar las cuentas al Congreso enseguida, salvo que vinieran muy mal dadas", explican. En Hacienda recuerdan el caso extremo de 2018, cuando el Congreso aprobó las cuentas de ese mismo año a finales de mayo, apenas una semana antes de la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy. De hecho, fue la sucesora de Cristóbal Montoro, María Jesús Montero, la que tuvo que defender la aprobación de los PGE del PP en el Senado. La tramitación parlamentaria de las cuentas puede llevar en total unos tres meses en total. De cumplirse la voluntad del Ejecutivo, los PGE de 2023 serían prorrogados automáticamente el 1 de enero de 2024 al no haber una nueva ley en vigor, y serían sustituidos por las nuevas cuentas cuando estas se aprobasen por las Cortes.

Solo un Gobierno con plenos poderes puede trasladar a la Cámara baja, para su tramitación parlamentaria, el proyecto de Presupuestos, facultad además exclusiva del Ejecutivo, ya que los grupos no pueden presentar su propia propuesta de cuentas. La previsión del núcleo de confianza de Sánchez es que este se someta al debate de investidura "pronto".

En el PSOE son conscientes de que Junts necesita "tiempo" para "virar el transatlántico", para bajar de sus "posiciones de máximos"

El propio presidente en funciones señaló el martes a los periodistas, en conversación informal con ellos en Nueva York, que no piensa apurar el plazo legal —las Cortes se disolverían automáticamente el 27 de noviembre, dos meses después de la primera votación fallida de investidura, que es el próximo miércoles, 27 de septiembre, con Feijóo de candidato—, pero les añadió que es prematuro anticipar una fecha. Los socialistas son conscientes de que Junts tiene que hacer "virar un transatlántico" para bajar de sus "posiciones de máximos", para al final acabar apoyando la reelección de Sánchez. Empezando por la renuncia a la unilateralidad. Y eso, asumen, llevará "tiempo".

Pero antes que los PGE el nuevo Gobierno tendrá que trasladar a las Cámaras los objetivos de estabilidad presupuestaria, que volverán a ser exigibles porque la UE quiere que entren en vigor para 2024 las nuevas reglas fiscales, aún no cerradas. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que el Ejecutivo de Rajoy aprobó en 2012, exige que esa senda de deuda y déficit esté validada por Congreso y por Senado. Por las dos Cámaras.

"Vías jurídicas" para aprobar la senda de déficit y deuda

Y es el PP quien tiene mayoría absoluta en el Senado y quien puede tumbar ese acuerdo gubernamental. En ese caso, Hacienda tendría que aprobar un nuevo texto, y si es otra vez rechazado por la Cámara alta, se abrirían "vías jurídicas", señalan fuentes del Ejecutivo, sin precisar más, porque "España no puede quedarse sin objetivos de estabilidad". En el pasado, el PSOE se planteó cambiar la ley para hacer que ese acuerdo, si era frenado por el Senado, tuviera que volver al Congreso, como pasa con el resto de leyes, pero al final no tramitó esa modificación.

Feijóo acusa al presidente de perpetrar un "fraude electoral reincidente", mientras que para el Gobierno el que cometió el fraude fue el PP al pactar con Vox y presentarse como un líder "moderado"

Mientras, el debate político sigue girando en torno a la amnistía, el eje central sobre el que pivotan las negociaciones del PSOE con Junts y ERC. Sánchez abrió claramente el camino el miércoles en Nueva York —"Voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, y estoy diciendo mucho"—, un paso saludado por sus socios este jueves y criticado duramente por el PP y por la vieja guardia socialista. Feijóo habló de "fraude electoral reincidente y agravado" a los votantes del PSOE, un ataque "a la democracia española" y a la "división de poderes". Para la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien cometió "fraude electoral" fue el PP, porque acabó pactando con Vox pese a que su líder se presentó con cara de "moderado".

En el círculo de mayor confianza de Sánchez, en Ferraz y en el Gobierno, no quieren avanzar más pantallas sobre las conversaciones con las independentistas. Se mantienen "optimistas" sobre las posibilidades de éxito, como lo verbalizó él mismo desde Nueva York. "El presidente ha llegado hasta donde puede llegar ahora, y si no llega a más es porque no podemos", justifican en su entorno. O sea, hasta aquí puede leer.