El Ayuntamiento de Murcia no solicitó a la empresa suministradora de luz que cortase el servicio a las discotecas que se quemaron el pasado fin de semana tras ordenar el cese de la actividad. Según ha podido saber El Independiente, la petición nunca llegó a los despachos de Iberdrola, que es quien cubre la zona del levante, lo que podría indicar la responsabilidad del Consistorio en el suceso.

La concejalía de Urbanismo ordenó al dueño de La Fonda Milagros, Juan Inglés Rojo, donde murieron las 13 personas, que cerrase el local en enero de 2022. El motivo es que el propietario quería dividir una local mayor en tres más pequeños, pero no tenía licencia para ello. En octubre se pidió a los responsables del área que cerciorasen que el local no estaba abierto, aunque siguió operativo hasta el pasado fin de semana, cuando se produjo el incendio.

El decreto de cese tuvo que haber venido acompañado de acciones proactivas por parte de el Ayuntamiento. Entro otras cosas, tenía que pedir a la Policía Local que precintase el establecimiento y a la empresa suministradora que dejase de dar su servicio. Nada de eso sucedió. Según La Opinión de Murcia, la comprobación del cierre la hizo un trabajador municipal vía telefónica. La respuesta de la empresa fue que estaba en un proceso de legalización y el empleado la dio por buena.

Según el abogado Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados y experto en derecho administrativo, "el Ayuntamiento tiene que comprobar que se lleva a cabo el cese de actividad". Es decir, que era su responsabilidad hacerse cargo de ello y no esperar que dueño y empresario lo hicieran por su propia voluntad.

A última hora de este miércoles, el alcalde murciano, José Ballesta, informaba que los funcionarios encargados del expediente de la discoteca han sido apartados de sus funciones. Según el experto, el Ayuntamiento "podría tener una presunta responsabilidad subsidiaria" si se demostrase que algún trabajador municipal fue el responsable de no asegurar la clausura de las salas o de no informar a la Policía Local o a Iberdrola.

Investigación

La investigación de lo sucedido en la madrugada del pasado domingo sigue adelante. El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha abierto esta semana diligencias por los 13 homicidios imprudentes. La Policía Científica trabaja en el terreno para averiguar cómo empezaron las llamas, en cuál de los dos locales se originó y cómo pasó de uno al otro.

La principal hipótesis es que la decoración, de plástico y madera, de los clubes propiciera una rápida propagación del fuego. Desde la división ilegal que Inglés Rojo hizo de Teatre, el club originario, y La Fonda, los espacios estaban separados por una pared de pladur, mientras que la ventilación se comunicaba por el techo, algo que habría facilitado que se quemasen ambas discotecas.

La Justicia dirimirá de quién es la responsabilidad, de la administración, de quien dirigía las discotecas o de ambos. El propietario se enfrenta a dos posibles procesos, uno penal y otro civil dentro del mismo. En el primero hará frente a la presunta responsabilidad de que se produjesen los fallecimientos, y en el segundo a las posibles compensaciones a las víctimas. Al mismo tiempo, Juan Inglés Rojo, el dueño de la discoteca, puede ver cómo el Ayuntamiento le abre un procedimiento sancionador por incumplir la orden de cese que puede llegar a los 300.000 euros.

El Ayuntamiento de Murcia también puede enfrentarse a procesos judiciales. Además de la menciona responsabilidad subsidiaria, si el juez no encuentra indicios suficientes para ir por la vía penal contra el Ayuntamiento, cabe la posibilidad de que se enfrente a una presunta responsabilidad patrimonial. Aquí se harían cargo de los daños que hayan sufrido las víctimas. Esta vía es paralela a la penal, pero no podría ser condenado por ambas. La penal, señala el abogado de Administrativando, tiene preferencia.