La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, se ha mostrado tajante al descartar la posibilidad de comprar regadíos "irregulares" en Doñana: "No vamos a comprar ni un metro cuadrado", ha dicho.

Así se ha pronunciado en una entrevista a El País, recogida por Europa Press, en la que descarta que el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía esta semana para aplazar la aprobación de la ley autonómica para regularizar regadíos en la corona Norte del Parque Nacional de Doñana, pase por "una recalificación de suelo", una "garantía de derechos de agua", por "pagar a precio de regadío lo que ha sido siempre de secano", o por "comprar terrenos que no aportan nada al buen estado de Doñana".

"El plan de desarrollo territorial y social de esa zona --corona Norte de Doñana-- no pasa por comprar suelo, no pasa por firmar cheques", apunta la ministra de Transición Ecológica, que insiste en que "pasa por invertir en oportunidades de desarrollo diferentes".

En este sentido, puntualiza que el programa de compras anunciado en noviembre de 2022 "va dirigido a aquella superficie con derechos de riego reconocidos para liberar esas concesiones de agua y así garantizar que Doñana vuelva a ser un humedal".

"Si hay parcelas que no cuentan con derechos de agua, no tiene ningún sentido comprarlas", sentencia, concluyendo su argumentación con que "tendría enormes dificultades para justificar jurídica y técnicamente dedicarse a comprar suelo en esa zona y no en cualquier otro territorio español. No lo podemos hacer".

La reunión del próximo 9 de octubre se producirá casi una semana después de la que este pasado martes 2 de octubre celebraron en el Palacio de San Telmo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la propia Ribera, tras la que ambos responsables anunciaron la apertura de un proceso de diálogo entre ambas administraciones.

El inicio de este periodo de diálogo implica aplazar un mes el debate de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz, que modifica el Plan de Ordenación y que pretende regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, que, según advirtió el presidente de la Junta, se retomará en el Parlamento de Andalucía si al cabo de ese tiempo no ha habido un acuerdo entre sendos gobiernos y los afectados.