La Policía Nacional recordó a sus agentes en enero la necesidad de realizar correctamente los medios técnicos de seguimiento y localización a objetivos a los que persiguen. En una circular de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), a la que ha tenido acceso El Independiente, se recuerda a los agentes que sólo pueden llevar a cabo estas tareas agentes de las Unidades de Sistemas Especiales. Lo hizo meses antes de que estallara un escándalo de un escándalo en la Audiencia Nacional en el que está involucrado un guardia civil por presuntamente colocar balizas ilegalmente.

Las primeras instrucciones se dieron en 2007 y en 2012, por lo que la Unidad citada, que depende de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), cree "adecuado recordar la necesidad de evitar prácticas que pudieran perjudicar la eficacia de las acciones policiales" y que los investigados pudiesen encontrar los dispositivos, conocidos como balizas.

En aquellos años, los oficios se enviaron porque desde la Dirección General de la Policía que algunas unidades operativas estaban "adquiriendo y usando de manera no autorizada, y lo que es peor, descontrolada, algunos aparatos que no sólo pueden llegar a malograr el servicio, si no que en ocasiones requieren la intervención final de Sistemas Especiales para no perder el seguimiento irregular", señalaba la DAO en 2007. En 2012 se sañaló la misma situación, añadiendo el riesgo a "quemar" las técnicas empleadas, que es como se conoce en el argot policial cuando los investigados descubren las herramientas policiales.

El oficio no tendría mayor relevancia si no fuese porque meses después, a mediados de este año, se conoció que la Audiencia Nacional investigaba a un Guardia Civil que presumía de colocar seguimientos sin autoridad judicial. El magistrado de instucción del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga a un brigada del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, Sergio Bravo, por decir que colocaron sistemas de seguimiento a delincuentes fuera de los márgenes de la ley.

En mitad de la investigación a una organización criminal en Madrid que se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo mediante coches de lujo, Bravo supuestamente mantuvo un 'affair' con una mujer a la que contó onfidencias sobre su trabajo del día a día. Lo que no sabía es que ella estaba grabando las conversaciones que luego aportarían al procedimiento judicial. En ellas se escucha al agente admitiendo la colocación de este tipo de dispositivos de seguimiento sin autorización del juez, si bien la versión que él sostiene es que se trataba de una estrategia para intentar saber si ella también pertencía a la organización criminal.

Dos versiones

Las versiones en ambos flancos difieren. Mientras las defensas de algunos de los detenidos hablan de "empleos de medios de investigación no autorizados", "actividad ilícita" de los agentes y "conculcación absoluta y radical de las normas que disciplinan el derecho", en la Guardia Civil explican que el agente imputado cayó en el engaño que la banda de narcotraficantes ha planificado escrupulosamente para desmontar el procedimiento mordiendo el anzuelo de una mujer que sedujo a uno de los agentes que formaba parte del equipo investigador.

En un primer momento, el brigada explicó que, en realidad, él se había dado cuenta de la treta de la mujer y quería saber si le podía sacar más información. Ante la inconsistencia de sus argumento, finalmente confesó haber sido engañado. Fuentes de la Comandancia de Madrid explicaron a este periódico que se había llevado una investigación interna y que se había demostrado que los seguimientos sí fueron autorizados.

Para instalar una baliza, el grupo investigador tiene que solicitarlo al juzgado que dirige la operación. Una vez se consigue el permiso del juez es cuando se puede colocar. Sólo si hay una situación de urgencia, los agentes pueden colocarla sin autorización judicial, pero el magistrado que insruya la causa tiene que tener conocimiento de ellos en 24 horas, explican fuentes policiales a este periódico.

Diligencias del juez

El mes pasado, el juez Pedraz acordó una serie de diligencias para indagar en el caso del guardia civil investigado. Pidió información con la que se pagó una habitación de hotel donde el agente se hospedó con la mujer. La defensa de los investigados por narcotráfico quieren demostrar que la Benemérita los perisguió con métodos ilegales para desmontar la causa por la que son enjuiciados en la Audiencia Nacional.

El juez busca esclarecer el asunto y ha acordado también oficiar a la Dirección General de Tráfico (DGT) para comprobar qué registros se han hecho sobre la matrícula de una de las motos. Asimismo, pide a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Audiencia Nacional que "proceda al estudio de los dispositivos de geolocalización GPS (baliza) encontrados en el vehículo y la motocicleta" de uno de los investigados.

Además, añade que se compruebe si "José", "José Antonio" y otra serie de nombres parecidos corresponden a unos número de TIP particularmente porque son algunos de los que Bravo indica a la mujer.