El mando único de la 'crisis de los cayucos', el espejo al que mira CC ante el repunte migratorio

En plena ronda de consultas para la investidura a la que aspira el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, Coalición Canaria aprovechó su audiencia para poner sobre la mesa la necesidad de dar respuesta al problema migratorio que, desde hace semanas, azota a las islas. La portavoz del partido nacionalista en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, destacó que el asunto y la actuación en torno a él que desarrolle el Ejecutivo central en las próximas fechas no condicionará el voto en la sesión parlamentaria -prevista ya para noviembre-, aunque en el proceso de acordar una abstención, que es el máximo al que puede aspirar el PSOE de los canarios, sí puede contribuir favorablemente. Al menos, en una muestra de disposición y compromiso con los problemas de sus ciudadanos, que es la finalidad de CC.

Valido planteó a Sánchez el nombramiento de un mando único, sin proponer nombres, que permita agilizar la actuación sobre el terreno, ejercer las acciones necesarias y coordinar los "hasta cuatro ministerios" que están implicados en ello. "No se puede estar cada día llamando a cuatro ministerios distintos para un asunto que es común", explicó. Véase Interior, Exteriores, Defensa y Migraciones -incluido dentro de la cartera de Inclusión y Seguridad Social. Desde CC ven disposición del Gobierno a dar solución y a adoptar la misma vía que se tomó con anterioridad durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace diecisiete años.

La cita entre Sánchez y Valido aconteció en un clima tenso entre Gobierno central y autonómico. El martes, Fernando Clavijo, presidente canario y dirigente de CC mostraba su faceta más dura desde la tribuna parlamentaria ante una pregunta sobre la crisis migratoria de su propio grupo. Demandó un plus de "lealtad institucional" ante una dejación y ejercicio de "desidia y abandono" de Moncloa ante ese ascenso de llegadas irregulares. Unas llegadas que a juicio de Clavijo someten a El Hierro, principalmente, a una carga inasumible. Hasta ahora la posición del Ejecutivo, en palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es que las islas tienen recursos suficientes para afrontar la crisis. Y afeó la actitud del presidente canario. Ahora, el entendimiento con Sánchez al que apunta Valido, puede suponer un paso más. Aunque ni fuentes socialistas ni del Gobierno han trasladado valoraciones sobre ello antes del cierre de esta edición previa consulta de El Independiente.

El precedente de actuación por el que aboga CC es el de 2006, el de la llamada 'crisis de los cayucos'. Zapatero designó a su número 'dos', la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega como mando único para coordinar la actuación en Canarias. Allí, ese año, con picos en verano y en el mes de agosto, hasta 31.678 migrantes alcanzaron territorio español. Aunque no se ha propuesto ningún nombre, como ya se ha mencionado, la elección natural, por competencias, fija el foco en el ministro Félix Bolaños. Él, por sus competencias de presidencia, estuvo implicado en las tareas de reconstrucción de La Palma, después de los efectos del volcán en 2021. El problema es que actualmente tiene sobrecarga de trabajo, más por la investidura: integra la comisión negociadora.

La 'crisis de los cayucos'

El fortalecimiento de las fronteras en el sur peninsular, y en Ceuta y Melilla, desvió, como ahora las rutas migratorias hacia las islas, dentro del espacio africano, geográficamente hablando. Lo que supone un viaje a mar abierto de entre 1.200 y 1.600 kilómetros dependiendo del punto de Mauritania o Senegal del que se parta. Esa distancia, en cayucos -de ahí el nombre- convierte la ruta en una travesía altamente mortífera y arriesgada. El 18 de agosto y en las 24 horas siguientes empezó a recibirse a migrantes en las playas canarias, mientras las islas habían recibido más de diez millones de turistas que socorrían en su tiempo de veraneo en las costas a los irregulares. En las playas como la de La Tejita, al sur de Tenerife. Solo ese día lo desembarcaron agonizando y dejando muertes de compañeros por el camino algo más de medio millar de personas.

Al igual que ahora, los servicios públicos estaban desbordados. Las naves, los polideportivos o los aeropuertos, entre otros espacios, actuaron como centros de acogida temporal. Desde el Gobierno, Fernández de la Vega avanzaba "mano dura", haciendo constar que "tarde o temprano" quien entra sale. En mayo de ese año el gobierno insular del PP aprobó una resolución para que reforzara el control de las costas. Ella, designada como mando único gestionó la crisis. Defensa intentó blindar el espacio aéreo y marítimo. Junto a Interior se dio pie al Plan África, con la intención de cooperar con los países de procedencia. Y es que se dedujo que las mafias acercaban en buques a los migrantes para lanzarlos al agua con los cayucos a unos quince kilómetros de la costa canaria. Es algo que no se ha podido confirmar desde entonces.

Las cifras de esta nueva crisis

En lo que llevamos de octubre, Canarias va a un ritmo de 500 migrantes diarios. Han llegado algo más de 4.500 personas en 53 cayucos, según fuentes oficiales consultadas antes de este jueves. Es el mayor flujo de entradas desde la crisis de los cayucos de 2006. Desde Interior se apunta que la colaboración con los países de origen, caso de Senegal y Mauritania, está evitando unas cuatro de cada diez salidas a Canarias.

Frente a las 31.678 llegadas de migrantes en 2006, Canarias ahora se sitúa en un margen de casi 20.000 personas en lo que va de año"

Frente a las cifras de 2006, de 31.678 llegadas, en lo que va de año el baremo se sitúa en 19.507 personas. De ellas, casi 15.000 entre enero y septiembre en cerca de 300 embarcaciones. Estos datos superan con creces los del año pasado. Casi un 20% respecto a 2022 y un 12,4% más que en 2021. Ese año fue el segundo con mayor actividad en la ruta canaria tras el precedente de 'los cayucos'.

Estos hechos se producen en un contexto en el que los Veintisiete han desbloqueado el pacto migratorio con un endurecimiento en los requisitos de asilo. Consultada por El Independiente, Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora en el CIDOB, indica que "conjuntamente, el acuerdo permite avanzar en la externalización del control fronterizo a terceros países y los mecanismos de control de la frontera". Las diferencias más serias se dan a la hora del reparto entre los Estados miembro: se ha optado por decidir recibir solicitantes de asilo o pagar 20.000 euros por cada uno rechazado. También facilitando trámites. Los más díscolos, como acostumbran son Polonia y Hungría. Viktor Orbán ya ha dicho que no va a pagar.

Hay cuestiones que quedan en un limbo, acredita Garcés-Mascareñas. La posibilidad de suspensión del derecho de asilo, el papel de las ONG de rescate, que es una demanda de Giorgia Meloni. "Meloni ha aceptado hacer de guardián de la frontera sur europea, y a cambio el resto de Estados miembros, ha cedido en derechos fundamentales que hasta la semana pasada parecían incuestionables", añade. Con este pacto, pese a todo, se evita que se llegue abiertos a las elecciones europeas de mayo o que se trate en plenas presidencias europeas de Hungría, Polonia o Dinamarca. Pero "en la práctica no resuelve nada. No habrá reparto equitativo", lamenta la experta de CIDOB.