El PSOE reclama a Junts "garantías" de que se compromete con la "seguridad jurídica" y asume un pacto de legislatura

No todo está hecho. Ni mucho menos. No se vislumbra de manera inminente la sesión de investidura de Pedro Sánchez porque aún queda mucho trabajo previo. Y aunque en su núcleo duro mantienen la confianza en que se logrará el acuerdo, el optimismo ya no es tan desbordante. Las negociaciones "avanzan", sí, pero "dentro de la complejidad", como reconocía este jueves el propio presidente durante la recepción oficial por el 12-O. Y es que cuadrar el puzle no será fácil: por la guerra abierta entre ERC y Junts y su vista puesta en las próximas elecciones catalanas, porque los socialistas persiguen un pacto de legislatura, para cuatro años, y porque la formación de Carles Puigdemont continúa aún lejos, muy lejos de sus posiciones y tiene que "virar". Le reclaman "garantías" de que se compromete con el orden constitucional, con la "seguridad jurídica", y de que tiene una "voluntad de diálogo" inequívoca, "garantías" de que ha llegado a la convicción de que es tiempo de retornar a la política institucional y de que está dispuesta a "continuar con la senda" que se abra con la investidura.

El sinuoso camino hacia la investidura centró las conversaciones informales con los periodistas durante el cóctel ofrecido por los Reyes y la princesa Leonor con motivo del 12-O en el Palacio Real de Madrid. Y es que la incertidumbre planea todavía y el reloj hacia la repetición electoral ya está en marcha. El tope legal concluye el 27 de noviembre, así que apenas queda mes y medio para que el independentismo se avenga a un pacto o rompa la baraja. Ferraz y la Moncloa no desean apurar los plazos, pero por el momento no contemplan achuchar a los grupos fijando una fecha de investidura. En el núcleo duro de Sánchez creen que hay tiempo suficiente, pero exigen gestos. Claros. La ley de amnistía es el eje de las conversaciones, pero no es el único pilar para el presidente en funciones. Quiere amarrar todo un paquete, Presupuestos, una legislatura, y si no lo ata por completo no habrá ni amnistía ni nada, advierten en su círculo.

Es capital la redacción de la exposición de motivos. Los socialistas asumen que será imposible consensuar un relato del 'procés', pero piden que ERC y Junts acepten que se recoja algo que permita al TC ver que ya es página pasada

Son dos los interlocutores claves, ERC y Junts, cuyos 14 votos son imprescindibles, pero en la dirección socialista admiten que el mayor obstáculo lo presenta la formación de Puigdemont. Mientras que los republicanos acumulan cinco años de trabajo conjunto con el PSOE —razón por la que Sánchez les premió con una llamada el miércoles a su líder, Oriol Junqueras, por "coherencia" con esa colaboración fructífera del último mandato—, a Junts "le está costando más virar". Y "necesitan tiempo para hacer la maniobra". El PSOE está dispuesto a concedérselo. Los posconvergentes, analizan los socialistas, "tienen todavía que eclosionar", "quitarse el miedo" y decidirse a dar el paso de cerrar capítulo, un viaje que ya hizo ERC y que de hecho el expresident criticó.

Uno de los elementos de fricción es la ley de amnistía. En concreto, su exposición de motivos, el preámbulo de la norma en el que el legislador tiene que explicar por qué cree que es positivo olvidar el procés y borrar los delitos que pudieron producirse. Esa justificación de la amnistía es capital para que el Tribunal Constitucional, que con seguridad revisará el texto porque el PP lo recurrirá, no la tumbe. En la dirección de Sánchez ya asumen que va a ser imposible consensuar un relato de lo que significó el procés, de qué pasó en 2017, porque el independentismo no puede asumir que obró mal y se saltó la ley y el PSOE no puede aceptar que se diga que el Estado actuó mal y de manera desproporcionada, porque de hecho Sánchez apoyó la aplicación del 155. "¿Necesitamos que digan por escrito que no lo volverán a hacer? No, pero sí tienen que aceptar que se escriba algo que permita que el TC vea que esto ya es una página pasada".

¿Tiene que figurar, por tanto, una renuncia expresa de la unilateralidad en el preámbulo? "No sabemos a lo que podremos llegar —contestan en el núcleo duro del presidente—, pero lo que está claro es que tienen que acatar el orden constitucional. La seguridad jurídica es muy importante, porque esto llegará al TC". Los negociadores socialistas invocan así la fórmula que el expresident Quim Torra, también de Junts, aceptó en la Declaración de Pedralbes de diciembre de 2018: Gobierno y Generalitat se comprometieron entonces a "avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica". O sea, dentro de la Constitución y de la ley. Porque también está claro que si hubiera una nueva ruptura de la legalidad, "se aplicaría el 155 otra vez", una amenaza que los socialistas no quieren verbalizar para que las negociaciones no descarrilen. "Tienen que entender que de esto hay que pasar página", concluyen.

Desconfianza mutua

ERC ha renunciado de facto a la salida unilateral, pero no lo ha hecho Junts aún, y lo que se busca, por tanto, es un aterrizaje que pueda ser claro para el TC y a la vez cómodo para los de Puigdemont. ¿Cómo hacerlo? En la cúpula socialista admiten que el primer paso es ir tejiendo esa red de confianza, porque todavía no la hay. "No solo de ellos hacia nosotros, sino de nosotros hacia ellos, porque no nos fiamos", resaltan.

No habrá acuerdo "a cualquier precio", avisan. En el núcleo del presidente hay quienes cifran la posibilidad de acuerdo en un 95%, otros la rebajan a un 65%. Creen que tanto ERC como Junts no tienen otra opción que la de pactar con el PSOE

Por tanto, la primera petición a Junts es que acepte el marco constitucional —sin que le suponga renunciar a sus ideas independentistas, lógicamente, porque además la Carta Magna no es militante—. Y el segundo, que se comprometa, "efectivamente, con garantías, a que haya una voluntad de diálogo". Que haya elementos que permitan ver que "quieren continuar una senda después", que desean seguir apoyando al Gobierno y retornar a la política institucional de pacto y entendimiento. "Es que esto no va de investidura. A nosotros eso no nos interesa. Esto va de legislatura", insisten los pretorianos de Sánchez.

El presidente se quiere garantizar cuatro años de estabilidad. No se quiere exponer al riesgo de lograr la reelección, aprobar la amnistía y luego verse abandonado por los independentistas, porque le dejarían en una situación de extrema debilidad y abocado a convocar elecciones —la Constitución exige que transcurra un año desde la convocatoria anterior— en una posición de desventaja. De ahí que el jefe del Ejecutivo y los suyos recalquen que se trata de abrir un nuevo mandato de "políticas progresistas" y de "convivencia", todo ello en el marco de la Carta Magna, como él mismo repitió ante los periodistas en el Palacio Real. La negociación es, en esencia, un paquete completo. Eso explica que no se refiera a la amnistía, aunque los socialistas sí tengan una "propuesta", que darán a conocer en su momento, cuando esté todo acordado. Lo que se pacte, garantizó el propio Sánchez, "será constitucional". "Sin duda alguna", precisan fuentes próximas, "pero si no hay acuerdo global, no se pondrá encima de la mesa".

En suma, no habrá acuerdo "a cualquier precio", recuerdan. "Cuando el presidente dice que ya veremos y no concreta, no lo está diciendo por no dar información, sino porque o se garantizan otras cosas o no hay acuerdos. Es lógico. Si se garantiza que esto tiene continuidad, iremos hacia delante. De lo contrario, no hay ni ley de amnistía. Vamos a elecciones, punto", resuelven en el equipo negociador del jefe del Ejecutivo en funciones. El escenario de la repetición de los comicios, por tanto, no se ha descartado por completo. En el círculo más próximo a Sánchez, el optimismo va por barrios. Unos cifran las posibilidades de que haya acuerdo "en el 95%, pero otros las rebajan a solo "el 65%". Cálculos que obedecen más, según relatan, a sus expectativas y a su lectura de que ni ERC ni Junts se pueden exponer a otras elecciones en las que correrían el peligro de ver mermada su representación y, sobre todo, su capacidad de decisión, nula si además vencen esta vez la derecha y la ultraderecha, que el 23-J se quedaron a solo cuatro años de alcanzar la Moncloa.

"Ojalá" una reforma estatutaria

Lo cierto es que el "viraje" que esperan los socialistas no se ha producido aún. Según su percepción, los independentistas están todavía "descolocados" y sin saber qué camino escoger. Y saben, porque así se lo han trasladado el PSOE y el PSC, que tienen que renunciar al referéndum. "No pueden engañar a la gente, ni la gente se va a dejar engañar".

Sánchez está dispuesto a buscar "una vía de solución de consenso para Cataluña", si no supone ningún tipo de independencia. Cree que su reto es resolver el conflicto territorial, como para González fue democratizar el Ejército o para Zapatero acabar con la banda ETA

El presidente está dispuesto a buscar "una vía de solución de consenso para Cataluña", siempre que no suponga ningún tipo de consulta independentista. "Ojalá" fuera una reforma estatutaria, señalan en su equipo, pero a renglón seguido advierten que los independentistas rechazan esa fórmula porque "ese momento pasó". Sánchez está convencido, y así se lo ha transmitido a los suyos, que el reto que le ha tocado afrontar es la resolución del conflicto territorial, "y siempre lo tuvo claro, desde que llegó a la Moncloa", y por eso decidió los indultos, asumiendo un enorme riesgo, y por la misma razón está explorando la vía de la amnistía. Ese es su desafío, cree, igual que a Felipe González le tocó democratizar un Ejército hijo del franquismo, igual que José Luis Rodríguez Zapatero afrontó el final de ETA.

Como nada está hecho, no se puede anticipar la fecha de investidura. Ahora, los socialistas ya solo se ciñen al tope legal del 27 de noviembre. Pero tampoco concretan si la futura ley de amnistía deberá estar registrada antes del debate. O si un dirigente de la ejecutiva como el número tres, Santos Cerdán, podrá viajar a Bruselas para reunirse con Puigdemont ("no es necesario estar físicamente presentes en una negociación"). La escenificación del acuerdo será la última pantalla, y aún aseguran no haber llegado a ella. El principal riesgo que aprecian en Ferraz y en la Moncloa es la rivalidad a muerte entre ERC y Junts, su "miedo" al pacto porque piensan más en las elecciones catalanas, que podrían celebrarse el año que viene, antes de que la actual legislatura llegue a término, en febrero de 2025.

Solo cuando el acuerdo esté cerrado, la dirección de Sánchez se dispondrá a explicarlo "de principio a fin". No prevé resistencias internas. "Y nuestra gente lo entenderá como entendió los indultos, y ahí están los resultados. Pero esa situación —repiten en las alturas del partido— solo se dará si todo el paquete se cumple". La obsesión central de los socialistas es la garantía de legislatura y que "toquen esa voluntad de intentar encontrar un punto de consenso que no sea la independencia" y un deseo de los independentistas de caminar junto a ellos. "Pero tienen que virar, poner el intermitente", avisan.

La "liturgia de la negociación"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aseguró a la salida de su reunión con Sánchez y con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que su partido estaba negociando solo la investidura, y que iría "semana a semana, partido a partido", como en el pasado mandato. "Eso lo dijo fuera, ante los medios", precisan los socialistas. Es decir, que esa prevención calculan que podrá caer. Pero todos los actores, también ellos mismos, están sumidos en la "liturgia de la negociación", aferrándose a sus posiciones de partida.

Los socialistas defienden que su acuerdo también ayudaría al PSC en unas nuevas catalanas, elecciones que obsesionan a los independentistan y que exacerban su rivalidad

Entonces, ¿las conversaciones han entrado en su fase final? En el círculo de confianza de Sánchez dicen que no, que "aún queda". Que se "avanza" pero que va "lento", "sin exabruptos", sin altibajos. Simplemente, está "amasándose" el acuerdo, aunque la convicción es que "habrá tarta", "básicamente porque ellos [los independentistas] no tienen otra opción".

Sánchez y su equipo actúan de manera "muy coordinada" con el primer secretario del PSC, Salvador Illa. Y están convencidos, de hecho, de que su "gran fortaleza", su gran baza negociadora, es el excelente resultado de los socialistas catalanes el 23-J: 19 escaños, muy por encima de ERC (7) y Junts (7). Eso les lleva a pensar que Illa, aun con la aprobación de la amnistía, volvería a ganar en unas nuevas autonómicas, como ya ocurrió en 2021. En Ferraz dudan de que Puigdemont o Junqueras quieran realmente presentarse como candidatos a president, por el riesgo de ser batidos por el PSC y porque los catalanes han lanzado la señal de que quieren enterrar el procés.

A la negociación, pues, le queda mucha cocción todavía. Y silencio. Las conversaciones corren a cargo del tridente elegido por Sánchez —el ministro Félix Bolaños; la vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable de Organización, Santos Cerdán—, aunque es él el que las pilota y controla en primera persona, full time. Este viernes, el presidente se reúne con las portavoces de Bildu y Junts, Mertxe Aizpurua y Míriam Nogueras. Sin que aparezca en el horizonte, al menos por ahora, una llamada a Puigdemont. Pero las conversaciones siguen vivas y son dinámicas. "Estoy en plena negociación", se excusaba Sánchez ante los periodistas. Y hasta que no acabe, la ley de la prudencia se impone a rajatabla.