El PSOE aspira a cerrar un acuerdo con el independentismo aun sin un relato compartido del 'procés'

Podría haber amnistía pero no un relato compartido, común, acerca de qué fue el procés, acerca de qué supuso la ruptura de la legalidad en aquel otoño de 2017. Los socialistas son cada vez más conscientes de que ese objetivo, plasmar en una ley el diagnóstico de qué ocurrió hace seis años, es prácticamente imposible. Porque los independentistas, ERC y sobre todo Junts, no pueden admitir que se saltaron la Constitución y la ley, que quebrantaron el orden jurídico, y conciben que la amnistía implica que el Estado pida perdón. Los socialistas, a su vez, no están dispuestos a deslegitimar la acción de los tribunales y a condenar ninguna actuación del Estado de derecho. La vía de salida para el acuerdo, esgrimen, debe ser otra, subrayar que hay una "voluntad de diálogo" firme y un deseo inequívoco de las dos partes de pasar página definitivamente del trauma que trajo consigo el procés.

La futura ley de amnistía, si sale adelante, se vertebrará en torno a dos ejes: la parte articulada, en la que se detallaría cómo se materializará ese perdón a los encausados o el alcance de la medida de gracia, y la exposición de motivos previa. El preámbulo. Y es este el que tiene que servir para justificar la necesidad de la amnistía, la que debe orientar a los jueces y, en particular, al Supremo y al Tribunal Constitucional, la que da sentido al texto. La dirección de Pedro Sánchez considera imprescindible que la norma contenga esa exposición de motivos para blindarla ante un seguro recurso del PP ante el TC. No solo para que los magistrados no la anulen —una declaración de inconstitucionalidad podría tumbar al Gobierno—, sino para que la interpretación sea la que el PSOE y los independentistas están buscando, para que sea de aplicación indubitable.

El TS hizo una lectura de la reforma del Código Penal contraria a la que perseguía el legislador. Ahora los jueces estudian cómo bloquear una futura amnistía: la batalla también es segura por el recurso del PP

No es una meta absurda, porque la reforma del Código Penal tramitada a toda prisa hace casi un año, que supuso la eliminación de la sedición y la modificación de la malversación, se topó con la lectura del Supremo. Los jueces del alto tribunal entendieron que no cabía aplicar en el procés el tipo rebajado de malversación porque sí hubo lucro. La reforma, tan gravosa electoralmente para el PSOE, quedó en papel mojado. Ahora los negociadores socialistas no quieren que ocurra lo mismo, sobre todo porque ya está claro que se librará una dura batalla en los tribunales. Por la impugnación del PP y porque ya parece claro que el Supremo intentará bloquear su aplicación, a través de una cuestión prejudicial —que se elevaría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea— o de una cuestión de inconstitucionalidad —dirigida al TC—.

En el Ejecutivo, como reconocían en el núcleo de confianza de Sánchez durante la recepción oficial en el Palacio Real con motivo del 12-O, ven poco margen para el entendimiento sobre un relato de qué fue el procés. "No es posible ponernos de acuerdo en un diagnóstico que diga: ustedes [los independentistas] se saltaron la ley. Nosotros decimos que aquello nunca tuvo que haber ocurrido, que el Estado no tiene que pedir perdón y que actuó bien, que a fin de cuentas nosotros apoyamos el despliegue del artículo 155 de la Constitución", explican en el primer anillo de poder del presidente en funciones.

Es decir, no se trataría de la amnistía propia de los momentos transicionales de un país, como ocurrió en España en 1976 y 1977, en los que el Estado se retracta de sus acciones injustas en el pasado. Los socialistas tienen claro que el modelo no puede ser ese, que no cabe la deslegitimación de la actuación del Estado, por mucho que no compartan la política de judicialización seguida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Impulsar el "reencuentro"

La lectura que hoy hace el PSOE de lo que ocurrió hace seis años es que aquel choque fue el resultado de un fracaso colectivo. Cuando Sánchez asumió el encargo del Rey, aseguró a los periodistas que "nadie" puede sentirse "orgulloso" de la crisis de 2017 —"desde luego, yo no, y fíjese que entonces yo no era presidente del Gobierno, sino líder de la oposición"—, y puso el acento en que todo lo que ha intentado su Ejecutivo desde que llegó a la Moncloa en 2018 es "superar" ese trauma y favorecer el "reencuentro" entre los catalanes y entre ellos y el resto de España.

La ley de amnistía de 1977 carece de preámbulo, pero sí lo tiene el decreto de 1976, que no contiene ningún relato pero sí habla de "reconciliación" entre los españoles

La amnistía caminaría en esa misma dirección. Aunque el presidente aún no ha salido a defender la medida a pecho descubierto —no puede hacerlo, recuerdan los suyos, hasta que todo esté acordado—, sí alegó, el pasado 6 de octubre, y ante los líderes de la UE, Charles Michel, presidente del Consejo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, que la propuesta de amnistía por la que abogan otras formaciones "no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017".

Esa sería la inspiración de la ley, su sentido, la justificación que quedaría contenida en la exposición de motivos, una parte que los socialistas consideran imprescindible, pese a que la ley de amnistía de 1977 carece de ella. Sí la recoge el real decreto ley de amnistía de un año antes, de 1976. Un breve preámbulo en el que se aseguraba que había llegado el momento de ultimar el proceso hacia la normalidad democrática con el "olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles". En este texto tampoco se hace un relato de la Guerra Civil o de los 40 años de dictadura, se declara "el olvido y la total abolición del delito en que la amnistía consiste", el borrado por tanto de las "responsabilidades derivadas de acontecimientos de intencionalidad política o de opinión ocurridos" hasta entonces. La Corona, apuntaba el decreto preconstitucional, "simboliza la voluntad de vivir juntos todos los pueblos e individuos que integran la indisoluble comunidad nacional española". Y "una de sus principales misiones", señalaba, es "promover la reconciliación de todos los miembros de la nación".

Los negociadores de Sánchez entienden que en la ley que se pueda aprobar tiene que constar una redacción "que permita al TC ver claramente que el procés es una página pasada". En ese punto se incardina la exigencia de la renuncia a la unilateralidad. Los socialistas necesitan que de alguna manera Junts, el partido de Carles Puigdemont, lo haga, mediante un aterrizaje cómodo, porque son conscientes de las dificultades que tienen cara a su parroquia electoral. ERC ya tiene recorrido ese viaje y rechaza, de facto, una ruptura de la legalidad como la de 2017. "¿Necesitamos que renuncien por escrito al ho tornarem a fer [lo volveremos a hacer]? No. No sabemos a qué fórmula llegaremos, pero lo que está claro es que ellos tienen que acatar el orden constitucional".

La salida de la 'Declaración de Pedralbes' de 2018

Una vía posible la proporciona la Declaración de Pedralbes de diciembre de 2018, que pactaron el Gobierno y la Generalitat de Quim Torra. Entonces, ambas partes se comprometieron a "avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica". "La seguridad jurídica es muy importante —señalan fuentes próximas al jefe del Ejecutivo en funciones—, porque esto llegará al TC. Y luego ellos tienen que comprometerse, con garantías, a que haya una voluntad de diálogo. Tenemos que tener elementos que nos permitan ver que realmente ellos quieren continuar una senda después. Porque es que no es la investidura. A nosotros eso no nos interesa. Esto va de legislatura".

El compromiso para avanzar justificaría el acto de "generosidad" del Estado con los soberanistas. "Lo que hagamos será constitucional", promete el presidente

Es decir, los socialistas no exigirán a Junts una renuncia expresa y explícita a la unilateralidad, pero sí gestos, compromisos, "garantías" de que no volverán a esa vía, de que cierran el pasado y de que quieren seguir explorando la senda del diálogo, reconectar con la política institucional, y ofrecer estabilidad al futuro Ejecutivo. Ese compromiso para avanzar justificaría el acto de "generosidad" del Estado con los soberanistas, olvidando las responsabilidades criminales cometidas durante el procés. "Lo que hagamos será constitucional", repitió Sánchez a los periodistas en la recepción del 12-O.

Sin embargo, el lenguaje insurreccional de Junts y de Puigdemont pueden dificultar el camino. Este mismo sábado, el expresident se citaba a sí mismo en un post de su cuenta de Instagram, recuperando parte de su conferencia del pasado 5 de septiembre en Bruselas, cuya transcripción íntegra entregó el viernes a Sánchez la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras. "Hoy España tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones, con el riesgo de que sus equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos". Una dosis de cuál es su línea roja, igual que para el PSOE y el PSC es el referéndum de autodeterminación.

Con ERC el camino es más sencillo porque ya existe un camino de colaboración de toda una legislatura, y eso explica la llamada que, por "coherencia", le hizo el presidente el miércoles a Oriol Junqueras. Los republicanos ya están en la vía del diálogo y rechazan la unilateralidad, pero también de sus palabras se desprende la imposibilidad de construir un relato único del procés. La amnistía, advertía el pasado 28 de septiembre el líder de ERC en Madrid, debe servir para que "dejen de estar perseguidos injustamente" quienes han sido condenados o están siendo encausados por ejercer la participación, convocar u organizar un referéndum porque eso, votar, "no es un delito".

El PSOE, la medicina frente a "separatistas y separadores"

Las negociaciones pasan ahora, tras la nutrida colección de fotos del presidente de estas dos semanas —las dos últimas, con Nogueras y con los portavoces de Bildu en Congreso y Senado, Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta—, al fundido a negro. A la más completa discreción. A la fase decisiva. Por el momento, los socialistas mantienen un optimismo prudente. En privado pero también en público. Este sábado, desde Mérida, en un nuevo mitin de apoyo del partido a sus conversaciones para la investidura, Sánchez se mostró confiado en que habrá acuerdo y saldrá reelegido "pese a la complejidad de las negociaciones".

Sánchez confía en que haya acuerdo "pese a la complejidad de las negociaciones", apunta desde Mérida con Vara

Ante unos 1.500 simpatizantes y simpatizantes, según la organización, volvió a insistir en que el 23-J dejó muy claro que solo puede gobernar España un partido que reconozca la pluralidad y la diversidad territorial del país, y ese es el PSOE. El presidente exigió al PP que no dé "lecciones de constitucionalismo" y se avenga a renovar el Poder Judicial. De nuevo, no mentó una posible amnistía, ni lanzó guiños a los independentistas. Sí reiteró su mensaje de que tiene más ganas e ilusión aún que la primera vez para formar un Gobierno progresista que apueste por la convivencia siempre dentro del marco de la Constitución.

Como pasara el 30 de septiembre en La Rinconada (Sevilla) y el 7 de octubre en Granada, el poder orgánico del PSOE trasladó a Sánchez su pleno respaldo. Lo hizo el líder regional y expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Los socialistas, mantuvo, siempre han defendido "la España plural, unida y constitucional", y de ahí no se ha movido ni se va a "mover nunca, por mucho que los demás quisieran". Vara subrayó que en España hay "separatistas" —los independentistas— y "separadores" —las derechas". Así, "cuando gobiernan en España los separadores, crecen precisamente el número de los separatistas" y cuando gobierna en España el PSOE "decrecen" gracias a la "convivencia y el diálogo", porque no se puede convivir "a patadas y a insultos", informa EFE.

El expresidente de la Junta remarca que "hay cosas que no las van a resolver los tribunales, solo las puede resolver el diálogo". Un apoyo a la política del Gobierno y a la futura amnistía

El barón extremeño cargó contra el PP por intentar apropiarse de la Carta Magna y enfrentar territorios, todo porque no comprende la España diversa, porque le sobra la España "moderna, progresista, reformista". Y en una alusión implícita a la amnistía, remarcó que "hay cosas que no las van a resolver los tribunales, solo las puede resolver el diálogo".

"Tienes que hacer lo posible para que haya un Gobierno progresista", animó a Sánchez el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. El regidor apremió a los militantes y simpatizantes del PSOE a no permitir "ni un insulto más" hacia el presidente en funciones. "Ladran, luego cabalgamos", le defendió su número dos en el Ayuntamiento, Carmen Yáñez.

Mes y medio por delante como máximo, hasta el 27 de noviembre, para cerrar un acuerdo a varias bandas y, sin duda alguna, muy complicado. Si no, España irá a elecciones el 14 de enero. Y hasta que ese pacto no esté ya amarrado, no habrá explicación pública, ni fijación de condiciones por parte del presidente. Una vía arriesgada, contraria por cierto a lo que él mismo prometió, pero que los socialistas consideran necesaria para preservar una negociación muy costosa e incierta.