Ha sido un goteo incesante, un cuestionamiento de normas y exigencias lingüísticas en procesos públicos por parte de la Justicia que han colmado el vaso de la paciencia de las instituciones, partidos y entidades nacionalistas. Sólo desde 2020 se estima que se han emitido hasta 16 sentencias en las que se ha puesto en cuestión alguna norma, requisito o decisión en torno al nivel de euskera exigido o al uso del euskera que se ha llevado a cabo en ayuntamientos y otros niveles institucionales vascos. El próximo día 4 distintas entidades han llamado a movilizarse contra lo que consideran que es una clara muestra de “euskarafobia” por parte de los jueces y una “ofensiva judicial” contra la “normalización del euskera”.

A la marcha promovida por Euskalgintzaren Kontseilua ya se han sumado numerosos sindicatos abertzales y otras entidades culturales y en las que sus impulsores reivindican el derecho a “trabajar en euskera”, a desarrollar sus relaciones laborales en esta lengua y a “conocer la lengua propia del País Vasco”.

La movilización, que tendrá lugar en Bilbao, llega un día después de que se conociera que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado o modificado once artículos del decreto del Gobierno de Urkullu que desarrolla la llamada ‘Ley municipal’ vasca. Se trata de artículos relacionados con el desarrollo lingüístico en las entidades locales y en las que se permite situar al euskera como lengua preferente e incluso única de trabajo y en la que se fijan requisitos o procedimientos específicos para solicitar servicios en castellano.

Hace meses que desde el Gobierno vasco se viene expresando cierto malestar por las sucesivas sentencias de los tribunales en los que se cuestiona algunos requisitos o decisiones tomadas por las administraciones públicas en torno al euskera. Se trata de sentencias que obligan a la readmisión de trabajadores públicos despedidos por no acreditar perfiles lingüísticos, a convocatorias con exigencia lingüística excesiva para determinados puestos o a normativas que priorizan el euskera en detrimento del castellano. Sentencias como la que cuestionó que en Barakaldo se exigiera un nivel de euskera a los trabajadores de una subcontrata; la exclusión de aspirante a ertzainas por no acreditar un perfil lingüístico o la consideración de “abusiva” la exigencia de un nivel de euskera para prestar un servicio de transporte escolar.

"Uno de los idiomas más difíciles"

En febrero del año pasado se produjo una de las sentencias más polémicas en las que se declaraba nulo el despido de una trabajadora del Ayuntamiento de Llodio por no cumplir con las exigencias de euskera. La jueza argumentó que se trataba de “uno de los cinco idiomas más difíciles del mundo”. En aquella ocasión, el propio lehendakari Urkullu calificó de “insulto” tal argumentación y llamó a los jueces a tener en cuenta en sus resoluciones no sólo el criterio de la cooficialidad del euskera y el castellano sino el valor singular del euskera como “símbolo de identidad de un pueblo”: “Tenemos dos lenguas oficiales y una es la nuestra, la otra también, pero la compartimos con otros países”, aseguró Urkullu.

El martes el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, aseguraba que se estaba utilizando a la justicia “para cuestiones políticas” en torno al euskera y llamaba a emplear las lenguas “de otro modo”: “Son patrimonio del Estado español, sería el momento de abordarlo con seriedad”, aseguró el también consejero de Política Lingüística vasco.  

La sentencia del TSJPV, que podrá ser recurrida, cuestionaba el decreto que permitía a los ayuntamientos fijar el euskera como lengua prioritaria, establecer esta lengua como idioma de relación para las contrataciones públicas o determinar que las relaciones laborales de las instituciones locales se llevaran a cabo en euskera, así como que se priorizaría en las comunicaciones con la ciudadanía.

Una Justicia, poco 'euskaldunizada'

La sentencia llega sólo tres meses después de que el Tribunal Constitucional modificara el artículo 6.2 de la Ley Municipal que regula el uso del euskera y que consideraba que “menoscababa” al castellano. El Alto Tribunal argumentaba que priorizar de ese modo el euskera genera un “desequilibrio injustificado y desproporcionado” entre ambas lenguas cooficiales. El TC recordaba que los ayuntamientos no deben tener “preferencias” sobre ninguna de las dos lenguas oficiales y deben prestar servicios igualmente en ambas lenguas.

Desde la judicatura se ha negado que exista ningún tipo de ‘euskarafobia’ y aseguran que se limitan a aplicar la legislación. La Justicia es uno de los ámbitos de la función pública que registra menores niveles de euskaldunización en el País Vasco. Se estima que sólo alrededor de 60% de la documentación que se genera en la Justicia es bilingüe.

Los últimos datos aportados por el Gobierno vasco, que datan de 2020, señalan que si bien el cuerpo de trabajadores dependientes de la Administración vasca –medicina forense, gestión procesal, tramitación procesal, auxilio judicial…- sí cuenta con un mayor nivel de acreditación de euskera, alrededor de un 45%, no es así en el personal dependiente de la Administración central. Así, entre los jueces, fiscales y letrados el grado de euskaldunización apenas ronda el 18%.