Es la tercera vuelta de tuerca. En la primera, en 2018, el aspirante a presidente de Gobierno tras una moción de censura, Pedro Sánchez, no se atrevió a incluirá en la negociación. En la segunda, tras la repetición electoral de 2019, la situó en el último lugar de la lista y ahora, cinco años después y en la posición más débil de los tres procesos, el PNV lo sitúa como algo “irrenunciable” si quiere contar con sus cinco síes a la investidura. La soñada transferencia de la Seguridad Social a Euskadi ha vuelto a la mesa de negociación de la formación nacionalista y en calidad de exigencia esencial, según subrayó ayer el presidente de la formación, Andoni Ortuzar.

Una petición que va acompañada de otra no menor y que guarda relación entre sí, la aprobación del nuevo estatus vasco que supere el Estatuto de Gernika de 1978. En la propuesta del PNV para un nuevo estatuto se plantea, en su artículo 107, que el País Vasco gozará de un modelo propio de Seguridad Social.

En Sabin Etxea insisten en que la titularidad vasca del régimen económico de la Seguridad Social está recogida en el Estatuto vasco –artículo 18.2-. Insisten en que esta transferencia no supone la ruptura de la ‘caja única’. Aseguran que la disposición transitoria quinta del Estatuto vasco aclara que la cesión se hará respetando su “carácter unitario” y con respeto “al principio de solidaridad”.

Hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez había relegado esta cuestión al último lugar de sus posibles acuerdos con el PNV. Incluso en el cronograma pactado con la formación figuraba en el último lugar de la treintena de competencias pendientes reconocidas entre ambos Gobiernos para dar por completado el Estatuto. Más aún, el compromiso por el momento o iba más allá de iniciar los estudios económicos para proceder a esa transferencia. Estudios que debían estar completados el segundo semestre de 2021.

Un 'cambio de ventanilla'

La debilidad en la que se encuentra Sánchez y la multitud de reclamaciones que el PSOE tendrá que negociar para recabar el apoyo de no pocos partidos, inquieta en el PNV que teme que los acuerdos puedan ser poco comprometidos. Es esta precisamente la queja que más están repitiendo estos días desde Sabin Etxea, la necesidad de lograr “garantías” suficientes de cumplimiento de lo que se acuerde para evitar los incumplimientos, -entre ellos el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika pactado la pasada legislatura-. La inestabilidad ha llevado incluso al lehendakari Urkullu a temer que pueda salir adelante una investidura pero no la legislatura y Sánchez se vea abocado a una repetición electoral.

La transferencia del régimen económico de la seguridad social que ahora reclama el PNV como “irrenunciable” en la negociación con el PSOE no supondría un cambio normativo en Euskadi. Los nacionalistas siempre reiteran que la asunción de esta competencia en la práctica tan sólo supondría un ‘cambio de ventanilla' y de ‘membrete’ en la documentación pero que los cotizantes no percibirían cambios. El Estado continuaría fijando las normas, la legislación básica, y la Administración vasca tendría que aplicarla.

Sin embargo, en la negociación en marcha también se reclama despejar el camino para el reconocimiento de un nuevo estatuto vasco que superara el de 1978. En el nuevo articulado que propone el PNV también se hace referencia a la Seguridad Social propia que gestionaría Euskadi. Ese nuevo ‘estatus’ que quiere aprobar el PNV la próxima legislatura –tras las elecciones autonómicas de primavera- plantea ir un paso más allá. De este modo, se propone que sea el País Vasco el titular para elaborar “la legislación” relativa a la Seguridad Social vasca y el competente para “la ejecución del sistema público de la seguridad social y de la gestión del régimen económico”.  

Mixta y sostenible

El PNV ya esbozó en 2016 cómo sería su modelo de Seguridad Social vasca. El sistema que propone pasa por un mecanismo mixto que compaginaría aportaciones públicas con planes privados fiscalmente incentivados. El modelo que plantea considera que el envejecimiento de la sociedad vasca dificulta el sostenimiento de un sistema de pensiones únicamente en la cotización de los trabajadores.

Por ello, el sistema vasco se sostendría en una aportación de pensión pública mínima, financiada con cotizaciones e impuestos, al que de modo voluntario se añadiría sistemas voluntarios complementarios sobre los que las diputaciones forales aplicaría incentivos fiscales para su impulso. Actualmente en Euskadi el pago de pensiones supone un desembolso de 4.000 millones, financiados en gran medida con el fondo común de la Administración Central.