El PSOE prevé cerrar pronto el pacto programático con Sumar pero dejará para el final el reparto de ministerios

La investidura de Pedro Sánchez depende de Junts. De sus siete votos en el Congreso. Y el pacto, si se alcanza finalmente, tardará en llegar aún. Pero en paralelo los socialistas van trabajando con el resto de socios para ir cuadrando el puzle de la reelección de su secretario general como presidente del Gobierno. Con Sumar, el aliado minoritario de la futura coalición, las conversaciones han tomado velocidad y esta próxima semana se pretende "añadir una marcha más" para sellar pronto el acuerdo programático. Pero aún quedará una negociación pendiente entre el jefe del Ejecutivo en funciones y Yolanda Díaz, la del reparto de ministerios en el nuevo Gabinete. Y esa parte, según confirman las dos partes, llegará "al final", cuando la investidura esté despejada.

Hablar de fechas concretas es prematuro. La única fija por ahora es la que marca el término de los dos meses que concede la Constitución desde la primera votación fallida: el lunes 27 de noviembre. Pero Sánchez y Díaz, en su encuentro del pasado 3 de octubre, con el que el candidato abrió la ronda de contactos tras recibir el encargo del Rey, se dieron este mes para alcanzar su acuerdo. Es decir, al menos sobre el papel queda semana y media para que venza ese plazo. O dicho de otro modo, el pacto de PSOE y Sumar debería estar listo en las cercanías del siguiente hito institucional: la jura de la Constitución ante las Cortes Generales de la princesa de Asturias, el martes 31 de octubre.

Esta semana, dicen en Sumar, se va a "añadir una marcha más", porque "el tiempo apremia", pero también porque la formación entiende que hay que cambiar el foco, volcado en la ley de amnistía

En el equipo de la vicepresidenta segunda anticipan que esta semana se va a "añadir una marcha más", se va a imprimir más ritmo a las negociaciones, porque "el tiempo apremia". Pero también por razones políticas: "Llevamos un mes hablando prácticamente solo de la ley de amnistía, ahora también del conflicto entre Israel y Hamás, pero no de medidas, y eso es fundamental para Sumar".

Ahora mismo, son varios los escollos que dificultan el cierre del acuerdo programático, que están negociando la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el coordinador de las conversaciones por parte de Sumar y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Básicamente, giran en torno a la política laboral y fiscal, como la reducción de la jornada laboral, el llamado despido restaurativo o la prórroga del impuesto a la banca y a las eléctricas. A cambio, sí que las dos partes han avanzado en otras cuestiones de carácter social. Capital es, para Sumar, que los permisos parentales sean remunerados o la limitación de las listas de esperas sanitarias.

Los socialistas persiguen rematar en octubre con Sumar el acuerdo sobre el programa y dejar "para el final" —o sea, para cuando la investidura de Sánchez esté despejada— el reparto de ministerios con Díaz, según confirmaron a este diario fuentes de primer nivel. En el entorno de la vicepresidenta prefieren no hablar de plazos. Subrayan que "aún no hay acuerdo" y que hay puntos importantes de disenso en los que esperan cesiones de su socio, puntos clave que quizá tengan que desatascar directamente los dos líderes, Sánchez y Díaz, como en otras ocasiones, añaden. Sí convienen fuentes muy próximas a la ministra de Trabajo en funciones que lo lógico es que la conformación del nuevo Ejecutivo se negocie al final, porque "no tendría sentido" lo contrario. Las dos partes coinciden con que su pacto programático se cerrará en cuanto se tenga, sin esperar a que las conversaciones con Junts lleguen a buen puerto.

El trabajo, "en el centro"

Díaz ha hecho esta semana campaña interna en el Gobierno para apremiar al PSOE a que acepte medidas que considera que han de ser señeras en esta nueva legislatura, en la que quiere que el trabajo esté "en el centro". La primera de ellas es la reducción de la jornada laboral en una hora al día. De las ocho actuales a siete a lo largo de este mandato. El primer paso sería llegar a las 37,5 horas semanales en 2024, desde las 40 actuales. La estación final sería llegar a las 32 horas.

Hace más de 100 años que en España existe la jornada laboral de ocho horas al día, y desde hace 40 la jornada semanal máxima de 40 horas. Sumar quiere que en 2024 se pase a 37,5

Sumar está recordando esta semana en redes sociales y en sus discursos que España lleva 100 años con una jornada legal máxima de ocho horas y 40 años con una jornada semanal máxima de 40 horas —repartidas en cinco días, con dos de descanso— en el Estatuto de los Trabajadores, así que "es el momento de avanzar y reducir la jornada laboral".

Y es que fue en 1919, a raíz de la huelga que se prolongó hasta 44 días en la Ciudad Condal y que fue iniciada por Barcelona Traction, Light and Power Company, más conocida como La Canadiense. Tras este paro, España fue el primer país del mundo en establecer por ley la jornada de ocho horas diarias (por seis días). Pero habría que esperar hasta la democracia, hasta 1983, para que llegaran las 40 horas semanales, repartidas en cinco días. Sumar defiende que, reduciendo la jornada laboral, "mejorará la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados y autocuidado al tiempo destinado a la formación, al ocio o a la participación social". Sumar también quiere que se controlen las horas extra o que se eliminen los horarios variables "sin control".

Díaz también exige subir el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima del IPC anual para mantener la ganancia de poder adquisitivo de quienes lo cobran. Sánchez ya planteó en campaña blindar por ley la subida del SMI, de tal forma que se acompase al 60% del salario medio. Sumar, por tanto, pide ese extra, que no se pierda poder adquisitivo. El alza del SMI ha sido una de las medidas bandera del Gobierno progresista, puesto que ha crecido un 47%, desde los 735 a los 1.080 euros al mes.

Díaz demanda implantar el llamado 'despido restaurativo', que supondría que la indemnización varíe en función del perjuicio que le causa quedarse en la calle. También quiere que suba el SMI y se garantice el poder adquisitivo

La plataforma de la vicepresidenta segunda también incluyó en su programa de las elecciones generales del 23-J el despido restaurativo. Con él, el montante que recibiría el trabajador se calcularía en función del perjuicio que le ocasionaría quedarse en la calle, y eso obliga al empleador a tener en cuenta circunstancias como la edad, sexo o formación del asalariado.

Díaz reivindicó este sábado en un acto en Valencia que esta legislatura debe ser "la del trabajo", la de la "gente exigente", por lo que hay que avanzar en la reducción de la jornada laboral, que se "toquen" y "cambien" los despidos para "mejorar los derechos de los trabajadores cuando pierden su puesto de trabajo", abordar las cláusulas de descuelgue y que los autónomos que ganan poco coticen menos.

Otro punto de fricción es la negativa del PSOE a mantener el impuesto a la banca y a las eléctricas. Díaz insistía esta semana en que "quienes más tienen más deben aportar a las arcas públicas" y la salida a la crisis "debe ser justa". Sumar entiende que ambos gravámenes, y el que también se creó para las grandes fortunas, han de prolongarse, pese a que los tres expiran a finales de 2024.

Permisos retribuidos o límites por ley a las listas de espera

La negociación del PSOE y Sumar, aunque se ha acelerado en este mes, lleva en marcha dos meses y medio. De ahí que hayan cuajado avances y se hayan cerrado capítulos, como reconocen en el equipo de Díaz. Especialmente en cuestiones sociales. Un tema importante para la vicepresidenta segunda era que los permisos parentales se hicieran remunerados y ampliables a diez semanas hasta los 12 años. Y que se retribuyese también el permiso de cinco días para cuidado de familiares. O la ampliación de la baja por maternidad hasta las 32 semanas en los casos de familias monomarentales.

Los socialistas rechazan que el acuerdo baje mucho al detalle, para no atarse a las concreciones, dada la aritmética actual y la dependencia de Junts para todo

Sumar pretendía que se incluyera en la cartera sanitaria gratuita la salud bucodental, un pacto de Estado por la salud mental o una ley de listas de espera, para que se tasen los tiempos máximos de espera. Cuestiones que, a grandes rasgos, también compartía el PSOE, que proponía el acceso a los servicios de atención a la salud bucodental de niños y adolescentes, un pacto por la salud mental y la limitación por ley de las listas de espera: cuatro meses para las operaciones quirúrgicas y 60 días para la consulta con el especialista.

Entre los dos socios de la coalición también hay choque por la forma que se quiere dar al acuerdo. Los socialistas ya han trasladado que no quieren un documento que baje mucho al detalle. Es decir, rechazan la fórmula que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron el 30 de diciembre de 2019, un texto de 50 páginas con medidas muy concretas.

Entienden en el PSOE que en esta legislatura, en la que no hay posibilidad de geometría variable y en la que para cualquier votación en el Congreso se ha de contar con dos formaciones de derechas: el PNV, que ya era aliado de la pasada legislatura, aunque no avaló todas las reformas, y Junts. Los socialistas, señalan en Sumar, "no se quieren atar a redacciones muy detalladas", porque creen que a la larga son una losa y dificultan la adopción de decisiones. Los de Díaz, en cambio, quieren que haya letra pequeña y están convencidos de que la formación de Carles Puigdemont está dispuesta a avances sociales. De cualquier modo, ya Sánchez ha advertido de que este mandato será de "consolidación" de derechos, no tanto de impulso de reformas, después de que en estos últimos cuatro años las Cortes Generales hayan aprobado 216 iniciativas legislativas.

De la conformación del nuevo Ejecutivo, poco se sabe. Se da por hecho que el presidente compondrá un Gobierno más político para establecer una potente línea de defensa frente a la derecha. También que será más reducido. En el equipo de Sánchez reconocen que un Gabinete de 22 ministerios, como el que ha funcionado en esta legislatura —17 eran controlados por el PSOE y cinco por Unidas Podemos—, es poco operativo, por lo que desearían aligerar el organigrama, suprimiendo o fusionando carteras. Pero el jefe del Ejecutivo aún no ha emitido señales.

Se espera un Gobierno más político y más reducido que el actual. El PSOE quiere recuperar Igualdad, y con la foto de Sánchez con colectivos feministas estaba preparando el terreno

Los socialistas sí desean recuperar el Ministerio de Igualdad, desde 2020 en manos de Irene Montero. Podemos presiona para que esta siga al frente del departamento, pero Díaz tiene claro que no seguirá. Peleará por que Sumar retenga la cartera, pero si no es así reclamará a Sánchez que compense a su formación con otro ministerio de relieve, como Sanidad o Industria. Es probable que Sumar se quede con tres o cuatro carteras, también en correspondencia con su bajada en las urnas —pasó de los 35 escaños de Unidas Podemos a 31, aunque en 2019 Compromís y Más País-Equo, integrados hoy en su plataforma, lograron otros tres asientos—, y espera seguir dirigiendo Trabajo (con Díaz a la cabeza) y Derechos Sociales (que Nacho Álvarez podría heredar de su actual jefa, Ione Belarra).

Sánchez se reunió el viernes con organizaciones feministas, acompañado de su número dos, María Jesús Montero, y de la dirigente Hana Jalloul, ambas miembros de su comisión negociadora. En el encuentro se comprometió con la continuación de la agenda feminista: la "recuperación, consolidación y avances en derechos y la lucha contra la violencia de género". El presidente, por tanto, preparaba el terreno para volver a tomar las riendas de una cartera icónica para la izquierda y que en la última legislatura se convirtió en un durísimo campo de batalla.