Pedro Sánchez roza ya el primer eslabón de su investidura. El más obvio y sencillo de todos. El de Sumar. El PSOE y la formación de Yolanda Díaz estaban este lunes a punto de cerrar su acuerdo programático para un nuevo Gobierno de coalición progresista. A su formalización le queda apenas un último palmo, el broche final, además de la escenificación, como reconocían las dos partes. La jornada vivió un maratón negociador, desde la mañana, con reunión de los dos líderes, Sánchez y Díaz, para desatascar los puntos de fricción, hasta bien entrada la noche, cuando pulían los últimos flecos sus respectivos equipos en el Ministerio de Trabajo. El pacto, en cuanto se ate, será la primera piedra hacia el nuevo Ejecutivo, pero no habrá investidura hasta que no se desbroce definitivamente el camino con Junts per Catalunya, hasta que Carles Puigdemont no ceda los siete votos de sus diputados en el Congreso, y ese acuerdo, aunque ya parece bastante encarrilado, no está rematado ni es cien por cien seguro.

Sánchez y Díaz habían consensuado el pasado 4 de octubre, cuando mantuvieron su primer encuentro formal tras el encargo del Rey, que se daban un mes para redactar su programa conjunto, así que el plazo teórico vencía en una semana. Pero en los últimos días, y como también informaba El Independiente, el PSOE ya había trasladado su voluntad de sellar su acuerdo con Sumar lo antes posible, al margen de lo que ocurra con los independentistas. Y apretaron el acelerador. Al máximo. De hecho, en Ferraz daban por hecho que sería posible amarrarlo a mediodía de este lunes. Quedaban varios temas en los que los negociadores de los dos partidos habían encallado, y la salida natural, la que ya funcionó la pasada legislatura, era la del encuentro de los líderes. De Sánchez y Díaz. Ambos se vieron por la mañana, como confirmaron fuentes de la cúpula socialista y de Sumar a este diario, y desatascaron las carteras pendientes, pero no pudieron dar por cerrado todavía el pacto.

Las conversaciones entre los dos equipos negociadores se prolongaron hasta la noche, pero los socialistas daban por hecho el pacto, que se espera que se anuncie a primera hora del martes

El escollo principal ha sido, hasta el final, la reducción de la jornada laboral, una apuesta irrenunciable para la titular de Trabajo en funciones. Ella ha insistido en la última semana, para señalar que esa era su prioridad absoluta, que esta legislatura debe dar un salto más en materia laboral. Que España lleva más de 100 años con la misma jornada laboral, de ocho horas al día —se introdujo por ley a raíz de la huelga de La Canadiense, en 1919—, y 40 años con la regulación de las 40 horas semanales.

Los socialistas eran reticentes pero finalmente este lunes, admitían fuentes de Sumar, se "abrieron" a estudiar el recorte de la jornada laboral. El objetivo del socio minoritario es pasar de las 40 a las 37,5 horas en 2024 —que es lo que ya está establecido en la mayoría de convenios colectivos y el sector público—, y a partir de ahí ir bajando progresivamente. El horizonte de su programa electoral era llegar a las 32 horas semanales. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, señalaba a primera hora de la mañana en TVE que el "debate" sobre la reducción de la jornada laboral debía llevarse al ámbito de la negociación colectiva, entre patronal y sindicatos, una formulación que no satisfacía a Sumar.

Con la flexibilización de la postura socialista respecto a la rebaja de la jornada laboral, se fueron desbloqueando el resto de asuntos pendientes. Los contactos al máximo nivel siguieron —la vicepresidenta, de hecho, canceló una reunión por videoconferencia con la secretaria de Trabajo de EEUU, Julie Sue, programada a las 18 horas— y, por la noche, continuaban cerrando el texto del acuerdo programático los dos equipos negociadores en el Ministerio de Trabajo.

Al frente de los equipos negociadores, la ministra Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez

Al frente de los mismos han estado, en estos dos meses y medio de conversaciones entres los dos partidos, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y coordinador de las negociaciones designado por Díaz, Nacho Álvarez. También participaron de las reuniones para peinar el documento, según indicaban en Sumar, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y cargos del equipo de Sánchez en la Moncloa. Para los socialistas, lo que quedaban eran solo "matices", pero el acuerdo estaba hecho y endosaban a sus compañeros de Gabinete el afán de sobreactuación. Para el socio minoritario, nada podía darse por cerrado aunque se había "avanzado mucho" durante el día.

Control de los alquileres o el Estatuto del Becario

Se espera que el acuerdo se anuncie a primerísima hora de este martes, antes incluso del Consejo de Ministros, que arranca a las 9.30. No hay demora posible, en principio, porque por la tarde la vicepresidenta segunda tiene agenda en Bruselas, y el resto de la semana será el presidente el que esté en la capital comunitaria, para asistir a la Cumbre Social Tripartita, el miércoles, y al Consejo Europeo ordinario, el jueves y viernes. Para el fin de semana, Ferraz baraja reunir al comité federal del PSOE con el fin de convocar la consulta a la militancia, para que las bases se pronuncien sobre el acuerdo de coalición con Sumar, referéndum al que obligan los estatutos. Se espera que las negociaciones de investidura, más allá del pacto con Díaz, peguen un impulso esta semana, por lo que la cita del máximo órgano de dirección del partido será trascendente, también para visualizar el apoyo del PSOE a su líder de cara al último tramo de las conversaciones con Junts y ERC.

La estructura del nuevo Ejecutivo, presumiblemente más reducido, se concretará más adelante

Para Sumar también eran capitales otras cuestiones como la garantía de que la subida del salario mínimo no solo se acompase al 60% del sueldo medio —alza que sí quiere blindar el PSOE por ley—, sino que no suponga ninguna pérdida de poder adquisitivo. Otra materia clave es el despido restaurativo. Es decir, que la indemnización se amolde a las características del empleado, según el perjuicio que le cause perder su trabajo. También es "nuclear" para los de Díaz, según explicó este lunes su portavoz, Ernest Urtasun, el control de los precios de los alquileres o el Estatuto del Becario. Fuentes de Sumar citadas por EFE indicaron que estaba ya amarrado el impuesto a la banca, la gratuidad de la escuela de 0 a 3 años o el permiso retribuido de ocho semanas para el cuidado de menores o dependientes.

Cerrado el programa, queda aún otro capítulo importante de negociación: la estructura del nuevo Ejecutivo de coalición. Pero, como confirmaron fuentes del equipo de Sánchez y este mismo lunes el propio Urtasun, esta cuestión se deja para más adelante, para cuando esté despejada la investidura. El líder socialista desearía un diseño más reducido, con menos ministerios. Esa voluntad, más la pérdida de peso de Sumar respecto a su antecesor, Unidas Podemos —tiene 31 diputados, por los 35 de los morados de la pasada legislatura (más los tres que ocupaban Más País y Compromís)—, dejaría a los de Díaz con el control de tres o cuatro departamentos.

Pero llegar a este primer paso, el de este lunes, era fundamental. Y hacerlo ahora, para el presidente en funciones, también. Porque la agenda se le enreda a final de esta semana y porque en el arranque de la próxima el centro se situará en un acto de la máxima relevancia constitucional: la jura de la Carta Magna por la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz. Y eso será el 31 de octubre, el próximo martes, el día de su 18 cumpleaños.

También concurren razones políticas, porque lo lógico es que este primer acuerdo empuje a la culminación de las otras negociaciones en marcha: las que el PSOE mantiene con el resto de potenciales socios de la legislatura. O sea, PNV, Bildu, BNG, ERC y Junts. Pero la investidura depende, sobre todo, de los de Puigdemont. La redacción de la ley de amnistía ya estaría casi lista, pero el expresident exige un "compromiso histórico", el reconocimiento político de Cataluña. También demanda la existencia de un mediador que verifique que los acuerdos se cumplen, y quiere que sea una figura internacional, algo a lo que los socialistas se niegan.

Mientras, Sánchez mantuvo cuatro reuniones en la Moncloa ligadas al conflicto entre Israel y Hamás. Por la mañana, con el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, Isaac Benzaquén, y con el secretario de la Comisión Islámica en España, Mohamed Ajana, y el delegado de la organización en Madrid, Mostafa Abdeslam. Encuentros a los que asistió el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de las relaciones con las confesiones religiosas. Por la tarde, el presidente se vio con la embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon, y el jefe de la misión diplomática palestina en España, Husni Abdelwahed. Despachos que siguieron a la reunión en El Cairo, el sábado, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, y tras la conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el domingo.

El jefe del Ejecutivo se mueve en el plano internacional, pero a la vez él y los suyos se fajaban para cerrar su primer pacto de investidura, con Sumar. Una piedra imprescindible, pero que por sí misma no resuelve su reelección.