Varias organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han adelantado este martes su rechazo al nuevo intento de PSOE y Sumar de derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza'. "La seguridad de los españoles no se negocia con personas que aplauden cuando patean a policías", han recordado.

Varios sindicatos y asociaciones, que recelan de las exigencias de ERC y EH Bildu que hizo fracasar la reforma en la anterior legislatura, han exigido al Ministerio del Interior que la norma "no sea víctima de las obsesiones de la extrema izquierda", lo que haría de España "un país más inseguro". Las organizaciones policiales también criticaron con dureza la posibilidad de incluirles en la ley de amnistía.

El acuerdo para un Gobierno de coalición entre los partidos que lideran Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) menciona la 'ley mordaza' y el Código Penal para prometer "reformar" y, en su caso, "derogar aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión".

En la anterior legislatura, el proyecto de reforma de la ley aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 fracasó por la falta de consenso con sus socios parlamentarios, pese a que era una promesa de investidura pactada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Tras meses de negociación, ERC y EH Bildu se desmarcaron del texto consensuado --que sí respaldaban PSOE, Unidas Podemos y PNV-- al considerarlo poco ambicioso. En paralelo, el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska se negó a ceder en los puntos discordantes.

Las diferencias insalvables que hicieron encallar la reforma fueron la exigencia de eliminar las pelotas de goma como material antidisturbio, prohibir el rechazo de migrantes en frontera --las conocidas como devoluciones en caliente-- y añadir "mayor objetivación" en la desobediencia y faltas de que sufren los agentes policiales.

España será un país "más inseguro"

El SUP ha reaccionando mostrando su oposición a la reforma que propone PSOE y Sumar porque afecta a la "la seguridad y el libre ejercicio de los de derechos que se pueden desarrollar en la vía pública".

"Si quieren reformar la ley, lo primero que tienen que hacer es hablar con los sindicatos policiales, que somos los que sabemos qué problemas existen, y no legislar en caliente", han señalado. "La seguridad de los españoles no se negocia con personas que aplauden cuando patean a policías", ha añadido.

En un comunicado, JUPOL ha reiterado su "repulsa" al acuerdo entre PSOE y Sumar para "reavivar" la pretendida reforma de la 'ley mordaza'. El sindicato asegura que estos partidos se "avergüenzan" de su propuesta, de ahí que al principio sólo el segundo de los partidos "haya incluido este punto en una publicación en redes sociales y no en el comunicado oficial".

Según el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, la previsible reedición del Gobierno de Pedro Sánchez incluirá una reforma de la ley de seguridad ciudadana que "no tiene en cuenta la opinión de los profesionales" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni tampoco de los "juristas".

"Hará de España un país más inseguro", augura JUPOL, para quien la reforma "sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" puesto que va "en dirección contraria de los nuevos desafíos: delincuencia con alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica".

Identificación de policías

La CEP también ha alertado sobre que el acuerdo entre PSOE-Sumar mencione la identificación de policías nacionales. A falta de detalles, avisan de que "podría poner nuevamente en el punto de mira a un colectivo cuya identificación ya está plenamente garantizada en normativas e instrucciones desde hace 17 años, aprobadas precisamente con un Gobierno socialista".

En este sentido, ha alertado del "nuevo intento de desmantelar una norma esencial para la convivencia", todo esto cuando 2022 fue el año con "mayor número de delitos de atentado contra agentes de autoridad". En este sentido, este sindicato de la Policía ha reclamado al Ministerio del Interior que "escuche a los policías y refuercen su seguridad ante el aumento de la violencia en la calle".

"La modificación de esa norma no puede ni debe convertirse en la víctima de las obsesiones de determinado sector de la extrema izquierda política de este país", continúa CEP, que apunta que la ley no será buena para estas formaciones hasta que "obedezca a sus intereses".

Desde las asociaciones de la Guardia Civil, AUGC también ha reaccionado denunciado el "retroceso perjudicial para el conjunto de la ciudadanía" que supondría reformar la ley de seguridad ciudadana, atendiendo a las exigencias de ERC, EH Bildu y otros partidos como Junts.

"Ahora se vuelve a intentar acometer una reforma de una ley orgánica que ha venido utilizándose con total normalidad desde su aprobación", lamenta AUGC, que avisa que esto provoca "inseguridad jurídica" tanto para los agentes como para la ciudadanía.