PSOE y Sumar se conjuran para "cuatro años más": rebaja de la jornada laboral, tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable o prórroga de la tasa a la banca

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sellan su entente para los próximos "cuatro años", para una legislatura completa. Aunque no solo dependa de ellos ni la investidura esté todavía despejada. Pero los dos líderes creen haber arribado a un puerto importante, la firma de su acuerdo de coalición para un nuevo Gobierno progresista que persigue "mejorar la vida" de los ciudadanos, en palabras de la vicepresidenta segunda en funciones. Ambos escenificaron su pacto y exhibieron sintonía completa este martes en un atestado auditorio Sabatini del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid y presentaron el documento consensuado, de 48 páginas y 230 medidas. El "corazón de la legislatura", como lo catalogan en la Moncloa, el ADN de izquierdas con el que quiere nacer el nuevo Gobierno y convencer de que este nuevo mandato, si sale adelante, va mucho más allá de la futura ley de amnistía.

Tanto el presidente como Díaz hicieron hincapié en las medidas sociales de su acuerdo, que tiene el trabajo como eje. La reducción de la jornada laboral —primero a 38,5 horas, después a 37,5 horas y a partir de ahí de la mano del diálogo social—, el impuesto de sociedades mínimo del 15% sobre los beneficios reales de las empresas, una subida del salario mínimo que garantice que no se pierde poder adquisitivo o el mantenimiento de los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas. El documento [aquí en PDF] no habla en ningún momento de la amnistía ni de Cataluña, aunque sí insiste en que hay que "seguir avanzando por la senda del progreso y la convivencia". Sí incluye el compromiso de "reforzar y extender la cogobernanza desde el diálogo, la lealtad institucional y la colaboración territorial". Tampoco se contempla el fin del déficit fiscal que arrastran algunas comunidades, como reclama la Generalitat de Catalunya.

Sánchez y Díaz exhiben complicidad en un acto con casi pleno de ministros y dirigentes de ambas formaciones. Sí faltaron Montero y Belarra, la primera en Bruselas y la segunda con agenda en el ministerio

"Vienen cuatro años más de progreso, de convivencia, estabilidad, e ilusión. Vienen cuatro años más de izquierda", sanciona el texto, una declaración prácticamente calcada a lo que manifestó el presidente en el Reina Sofía, un acto con práctico pleno de las respectivas comisiones negociadoras y de ministros —sí se ausentaron las dos responsables de Podemos, Irene Montero (en Bruselas) y Ione Belarra (con agenda en el ministerio)—, vertebrado en torno a las intervenciones de los dos líderes y sin preguntas de los periodistas. Pero el Ejecutivo solo podrá arrancar si se cierran los acuerdos con el resto de fuerzas y especialmente el más costoso de todos ellos: con Junts.

Sánchez y Díaz (y sus equipos) se mostraron en todo momento cómplices. Hasta iban coordinados en su vestuario: ella de rojo PSOE y él con una corbata color vino que se aproximaba al color corporativo de Sumar. Mucho énfasis en la sintonía que ya vistieron en la campaña del 23-J para precisamente poner un muro de diferencia respecto a la relación más conflictiva con Podemos. "Querido Pedro, querido presidente", decía ella. "La vice", correspondió él en un momento. "Este es un día grande. Hoy presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno. Es un acuerdo para la ciudadanía y un compromiso de país [...]. Este acuerdo no es del PSOE ni de Sumar. Es suyo, es vuestro. Es para vivir mejor", definió ella. El presidente, luciendo entusiasmo, recordaba cómo le dieron al Gobierno progresista "cuatro días" y al final estará en el poder "cuatro años más". Ninguna duda, pues, de que logrará ser investido. El acuerdo, dijo, persigue ofrecer "estabilidad, convivencia y progreso".

La parte económica es quizá la más potente del texto firmado por Sánchez y Díaz este martes. Y ahí la medida que se resistió más, y que era la gran apuesta de la vicepresidenta, es la reducción de la jornada laboral, cuya letra pequeña, según indicaron fuentes de Sumar, no se acabó de pulir hasta la una y media de la madrugada. Las dos fuerzas se comprometen a recortar la jornada máxima legal sin reducción salarial para establecerla, desde las 40 horas semanales —fijadas hace 40 años, en 1983— a las 37 horas y media.

La aplicación de la bajada de la jornada laboral será gradual: 38,5 horas en 2024 y 37,5 en 2025 y a partir de ahí se analizará con los agentes sociales

"Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas", reza el documento. Se llega así a un punto intermedio: la vicepresidenta Nadia Calviño quería dejarlo a debate en la negociación colectiva, lo que permitía a la patronal ejercer su derecho de veto, y Díaz, que se aprobara ya. Finalmente, habrá un mix, aprobación por ley gradual hasta las 37,5 horas y luego intervención de los agentes sociales.

El nuevo Gobierno, si ve la luz, por tanto, aprobará vía proyecto de ley —se trata de una modificación del Estatuto de los Trabajadores— esa reducción primera hasta las 38,5 horas en 2024 y las 37,5 en 2025, y luego ya se deja en manos del diálogo social. Díaz hizo hincapié en que la coalición persigue "una segunda ola de derechos laborales" con un nuevo Estatuto de los Trabajadores para "hacer una España mejor" y "de la mano del diálogo social". "Vamos a ganar tiempo para la vida, ganar tiempo para los ciudadanos, para ser felices". El argumento empleado por ella misma en estas semanas es que no se han tocado las 40 horas desde hace 40 años, ni las ocho horas de jornada diaria desde 1919, desde hace más de 100 años.

Además, las dos fuerzas se acercan al llamado despido restaurativo que Sumar reclamaba, aunque sin demasiada concreción: se comprometen a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".

Se tocará la causalidad del despido y se asegurará que la subida del SMI respeta el poder adquisitivo del trabajador

También pactan avances en el salario mínimo: seguirá "creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio". Para Sumar era clave que esa alza garantizase que no se pierde poder de compra. El compromiso del nuevo Ejecutivo es aprobar asimismo un plan de choque contra el desempleo juvenil, el Estatuto del becario —que ya quedó pendiente de la pasada legislatura— y un plan de choque frente al paro de larga duración, enfocado sobre todo para los mayores de 45 años.

En política fiscal, es relevante la modificación del impuesto de sociedades para establecer un tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable. Es decir, que ese tipo del 15% se aplicará "sobre los beneficios reales", y "no sobre lo que [las empresas] nos dicen que perciben". Con esta reforma, PSOE y Sumar confían en poder recaudar 10.000 millones de euros, según adelantó la titular de Trabajo.

Nueva tributación de la riqueza

Actualmente, informa EFE, el tipo nominal del impuesto es del 25% —salvo para pymes (23%) y para banca y petroleras (30%)—, con un mínimo efectivo para las grandes compañías del 15% sobre la base imponible (18% para la banca y los hidrocarburos). En 2020, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, las grandes empresas pagaron un tipo efectivo del 20,56% sobre la base imponible, pero solo del 5,79% sobre beneficios, según EFE.

Los impuestos a la banca y a las energéticas se revisarán para "readaptarlos y mantenerlos" una vez expire su periodo de aplicación

¿Qué pasa con los impuestos a la banca y a las energéticas? El documento señala que se revisarán "con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos" una vez que expire su periodo de aplicación. Su último año previsto es el referente a los ingresos de 2023, con pago en 2024. El objetivo, dicen las dos fuerzas, es que "ambos sectores", banca y energéticas, "sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado del bienestar". También se evaluará el impuesto a las grandes fortunas para "avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios".

En materia política, llama la atención uno de los puntos. PSOE y Sumar prometen garantizar "el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial", bloqueado desde hace cinco años, "impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos", en referencia al PP, "afecte el prestigio y a la salud de las instituciones públicas".

No hay mayor precisión, pero con esa redacción la coalición amaga con recuperar la proposición de ley que rebaja las mayorías para la elección del CGPJ, que Sánchez ordenó paralizar en el anterior mandato porque no contaba con el plácet de Bruselas. El texto no señala cómo se sorteará el veto del PP sin desairar a la UE. Fuentes de Ferraz se limitaron a señalar que lo que resalta el acuerdo es "la actitud intolerable del PP manteniendo secuestrado el CGPJ, y la voluntad total de solucionarlo, porque el Gobierno está para eso cuando un partido que se dice de Estado se comporta de esta manera". No avanzan si se promoverá el cambio legal.

La coalición prevé retomar la derogación de la ley mordaza, esto es, la Ley de Seguridad Ciudadana que el PP aprobó en 2015. En la pasada legislatura estuvo a punto de salir adelante, pero ERC y Bildu se opusieron por varios puntos que no compartían del texto final, como el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios.

Otras medidas significativas contenidas en el texto son las siguientes.

• Extensión del permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas. Se incorporaría mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16 —una propuesta que ya incluyó el PSOE en su programa— y avanzar en la implantación de los permisos parentales retribuidos para cuidados de otras cuatro semanas.
• Aprobación de una ley de cuidados.

• Revisar la estrategia contra la pobreza energética. Se duplicarán, al menos, el número de hogares acogido al bono social eléctrico. Se pasaría así de 1,5 millones a 3 millones de beneficiarios.
• Universalización de la educación de 0 a 3 años y aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas. Al final de la legislatura el Gobierno prevé que el acceso a la educación pública para niños de dos años sea universal.

Se extenderán los permisos de paternidad hasta las 20 semanas y se avanzará para implantar los permisos parentales retribuidos para cuidados. También se fortalecerá la sanidad pública

• Aumento del parque público de vivienda para elevar su peso hasta el 20% del parque total.
• Poner en marcha "con carácter inmediato" el índice de precios de referencia que permita identificar las zonas más tensionadas para regular así el precio de los alquileres. También se revisará la regulación de los apartamentos turísticos en los mercados tensionados.
• Se ampliará hasta la renta media (37.800 euros) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de interés de las hipotecas. Otra medida anunciada por el presidente en campaña y que permitirá ampliar el crédito hasta los 7 años y la congelación de la cuota durante un año.
• Siguiendo el modelo de otros países como Francia, impulso de la reducción de los vuelos domésticos de menos de 2,5 horas que tengan alternativa por tren, "salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales".
• Revisión al alza de los compromisos marcados en la Ley de Cambio Climático para aumentar su ambición. España buscará cumplir con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 e intentará que en esa fecha se alcance el 48% de energía renovable sobre el uso final de energía, un 81% de renovable en la generación de electricidad y emisiones netas nulas en 2050.

• Más facilidades para el vehículo eléctrico. Se simplificarán las ayudas a la compra, se harán más progresiva y se trazará una red de puntos de recarga "con criterios sociales y territoriales".
• Mantener la reducción de los precios de los abonos de transporte durante 2024, y luego se transformaría esta medida en una política de transporte "permanente para determinados colectivos".
• Limitar por ley las listas de espera sanitarias. Un compromiso de los dos partidos en campaña. Ambos quieren que se establezcan tiempos máximos de espera: 120 días para las intervenciones quirúrgicas, 60 días para las consultas externas especializadas y 30 días para las pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental, la espera máxima será de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años.
• Más prestaciones sanitarias: salud bucodental, visual y mental. Se garantizará, dice el texto, el "derecho a la salud de todos los niños y adolescentes mediante el acceso a servicios de atención a la salud bucodental y la salud mental y audífonos".

También se revisará al alza la Ley de Cambio Climático y se impulsará la reducción de los vuelos domésticos de menos de 2,5 horas

• Ampliación de las plazas de formación de medicina, enfermería y psicología en las universidades públicas y las plazas de MIR, EIR y PIR (médicos, enfermeros y psicólogos residentes). Además, se impulsará el cumplimiento de la ley de estabilidad del sector público para disminuir la temporalidad de los profesionales sanitarios, y se lanzará un plan de choque para "fortalecer la atención primaria" en toda España, y que permitirá a las comunidades autónomas "aumentar plantillas, mejorar infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios".
• Programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a los menores de 18 años para familias con menos recursos.
• Impulso de un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los "recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad". En tanto no se produzca, vía Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de CCAA infrafinanciadas la "prestación de los servicios públicos al mismo nivel que al resto del Estado".

• El último punto del acuerdo hace referencia al conflicto entre Israel y Hamás. El Gobierno, escriben los dos socios, trabajará para "favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina", en el marco de las resoluciones de la ONU y garantizando el Derecho internacional. Y apuestan por el reconocimiento del Estado palestino conforme figuraba en la resolución que aprobó el Congreso el 18 de noviembre de 2014. Esto implica que España respetará y secundará la posición de la UE, mientras que Sumar quería que el Ejecutivo reconociese Palestina de manera unilateral.

El PSOE reunirá el sábado a su comité federal para convocar la consulta a la militancia, obligatoria para refrendar los acuerdos de coalición

Cerrado el pacto con Sumar (a falta del reparto de ministerios, que llegará más tarde, si hay investidura), ahora queda lo más difícil para el PSOE: amarrar al resto de socios y tejer la alianza con el más correoso, con Junts. Por lo pronto, la cúpula ya ha convocado al comité federal del partido para el próximo sábado en Ferraz, para que a su vez celebre la consulta a la militancia, obligatoria estatutariamente para respaldar el acuerdo de coalición. La previsión de la dirección es que las bases se pronuncien durante el puente, se vayan mientras atando el resto de pactos e, incluso llegar a la investidura para la semana del 6 de noviembre, a fin de que Sánchez pueda aterrizar al congreso del Partido Socialista Europeo (PES), el 10 y 11 de noviembre en Málaga, ya como jefe del Ejecutivo reelegido. Pero que eso ocurra así no depende solo de él, sino del resto de formaciones. Y en particular de Carles Puigdemont.