La comisión encargada de evaluar los posibles casos de abusos policiales durante el periodo 1978-1999 en el País Vasco ha ampliado en 66 víctimas las reconocidas en el tercer informa elaborado por este organismo. Entre ellas figuran siete casos de personas que habrían fallecido a consecuencia de un disparo de bala, un caso de muerte a consecuencia de malos tratos policiales y en los que se habría cometido una violación, y 49 casos que se consideran probados de haber sufrido malos tratos o torturas en dependencias policiales.

Se trata del tercer informe emitido por esta comisión constituida tras la aprobación de la conocida como 'Ley de Abusos policiales', una norma que buscar el reconocimiento y la reparación "de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política" en el País Vasco entre 1978 y 1999.

Si bien la propia normativa de la comisión apela a la necesidad de guardar el anonimato de las víctimas, en este caso se ha considerado relevante por su notoriedad pública subrayar el caso de José Ignacio Zabala, víctima de los GAL en 1983. Se apunta que se trata de un "episodio terrible" de secuestro, desaparición forzosa, torturas y asesinato, en cuyo expediente se han recabado los testimonios de los familiares. En el caso de Josean Lasa, en otro joven que murió asesinado junto a Zabala, el expediente de reconocimiento de condición de víctima no se ha podido tramitar por haberlo solicitado la familia fuera de plazo. Pese a ello, la Comisión estudia reabrir el plazo para su aceptación.

El reconocimiento de estas víctimas conlleva en los casos más graves no sólo su derechos a la reparación sino a una indemnización que podría alcanzar los 135.000 euros. A las 66 víctimas reconocidas ahora se suman las 46 que fueron incluidas en el informe emitido el año pasado y las 35 del primero que dictó esta comisión.

Respecto a las autorías, si bien en los informes no se detalla la identificación personal de los responsables, sí se señala a qué cuerpos o entidades se debe asignar cada caso. En este tercer informe se asegura que en 60 de los 66 casos las autorías corresponderían a la Guardia Civil, la Policía Nacional o a ambos cuerpos. También se apunta a casos de abusos cometidos por grupos de extrema derecha. Se añade además la dificultad y la actitud de obstrucción detectada en algunos casos por parte de la Justicia o las instituciones de carácter militar para recabar determinadas informaciones que permitieran esclarecer las denuncias.

Ahora corresponderá al Gobierno vasco, una vez el informe sea presentado el lunes en el Parlamento Vasco, tramitar su condición de víctimas y proceder, en los casos en los que corresponda, su posible indemnización.