A la ofensiva por la ley de amnistía, que negocia el PSOE con sus socios independentistas catalanes, o por el parón parlamentario, catalogado de "secuestro", en lo que se refiere a la puesta en marcha de las comisiones y de los procesos de tramitación de iniciativas parlamentarias, se une ahora el tema migratorio. Una cuestión a la que el PP entra de lleno ahora a través de sus barones territoriales, quienes rechazan la gestión emprendida por el Gobierno del tema migratorio enfocada en los últimos días a descargar la afluencia en Canarias. Y principalmente se denuncia que Moncloa no está detallando los traslados ni ofrece información amplia sobre ello.

Los populares ya mostraron su desacuerdo con la actuación del Ejecutivo central en las islas al inicio de las llegadas. Especialmente en El Hierro. Pero hasta la fecha, la principal voz en el asunto ha sido el PP canario, socio minoritario de la coalición que dirige el presidente Fernando Clavijo; también líder de Coalición Canaria, quienes piden un mando único para coordinar la situación. A nivel nacional la alusión al tema era para denunciar la falta de compromiso.

Entre las acciones desarrolladas hasta ahora por los de Alberto Núñez Feijóo para actuar, destacan la petición de comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska en el Senado, haciendo valer su mayoría absoluta frente al 'bloqueo' del Congreso. Y ante un problema que consideran no respondido por Marlaska pese a "que lleva mucho tiempo avisado". La petición se suman a las de Ione Belarra, competente de Derechos Sociales, y la del ministro José Manuel Albares, encargado de Exteriores, y que se espera para la segunda semana de noviembre.

Ante las demandas de algunos barones populares, el PP nacional vuelve a mover ficha dejando claro su disposición a la acogida. Pero rechazando la "unilateralidad" del Gobierno en un tema "muy sensible". El coordinador general popular, Elías Bendodo, ha instado a los socialistas a contar con los gobiernos autonómicos, las diputaciones y los consistorios receptores para una mejor "coordinación". Un llamamiento hecho desde Almería, donde hay ya trasladados casi 500 migrantes bajo la coordinación de Cruz Roja. En total hay unas 1.200 personas desplazadas a localidades como Sanxenxo en Pontevedra (350), Malpartida en Cáceres (140), o Torrox en Málaga (200), de las más de 8.500 llegadas a Canarias en la última quincena.

El PP pide al Gobierno no abogar por la "unilateralidad" y guiarse por la colaboración entre las administraciones públicas

Precisamente, desde Andalucía, Juanma Moreno fue uno de los primeros barones en apostar por la cooperación entre administraciones. Le han seguido homólogos que gobiernan en coalición con Vox, quien desempeña una postura más dura contra la inmigración irregular -la cual asocia con el multiculturalismo en su discurso de rechazo-. Sin adoptar esa estrategia, María Guardiola, presidenta de Extremadura, ha pedido "lealtad institucional" a Migraciones. El barón murciano, Fernando López Miras, ha marcado el mismo eje añadiendo que "es grave y preocupante que las únicas informaciones que tienen es a través de los medios de comunicación". Rompiendo con el ideario de los de Santiago Abascal, el presidente de Murcia apuntaba a la necesidad de "dar lo mejor del sistema y la solidaridad para acoger a estas personas que han pasado un drama y buscan una vida mejor". Los líderes de regiones que aún no han recibido traslados mantienen silencio.

El Gobierno desmiente las acusaciones

Frente a esas peticiones, la postura del Ejecutivo es clara: se tacha a las comunidades de signo popular de "irresponsabilidad" y se argumenta que se siguió el mismo protocolo para acoger a los refugiados ucranianos. Es más, fuentes conocedoras de este tipo de gestiones, reconocen que el primer paso es la comunicación a los delegados de Gobierno. Tras ponerlos al tanto de la situación, estos remiten el contenido a la administración local para abordar el traslado. Por tanto, se resta validez a la posición mantenida por los populares, que acusan más a una intención de desgaste. De hecho, fuentes de la delegación del Gobierno en Madrid detallan a este medio haber informado al gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Hubo "dos llamadas", una entre Francisco Martín, el delegado, y el consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García, para informar de las llegadas; y otra con el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Dos conversaciones en donde "el método" de actuación quedó "acordado". Desde el Ejecutivo de Ayuso hubo interés en términos "sanitarios", dado que es competencia autonómica frente a las de movilidad de migrantes, que la ostenta el Gobierno central. Por esta misma competencia, Migraciones apunta a que se avisa a todas las comunidades afectadas "por cortesía". En Madrid, concretamente, los lugares escogidos son campamentos militares ubicados en Carabanchel y Alcalá de Henares.

A título personal, a través de su perfil en X -antes Twitter-, el propio ministro Escrivá, en esta línea de acreditación de información, ha dicho que "hace una semana, la Junta de Extremadura confirmaba que los traslados de migrantes desde Canarias se hacían en colaboración con el ministerio. Ahora, una vez que Ayuso se lanza a usar políticamente este crítico asunto, Guardiola se rectifica y habla de 'descoordinación'".

Ayuso, en la senda opuesta al resto de barones del PP

El PP sabe qué marcos le convienen para su confrontación con el Gobierno y cuales no: los ideológicos. Feijóo y los suyos se han centrado en reivindicar la gestión económica y la transparencia institucional hasta las últimas elecciones generales como cuestiones movilizadoras, algo en lo que Vox ha intentado competir, pero no ha tenido tanta trascendencia. En cambio, cuestiones como la territorial, en Cataluña, o la propia inmigración, suponen un aliciente para Bambú. Sobre todo si radican en un ambiente muy polarizado. Vox ha pasado en una semana de proponer medidas como la suspensión de la concesión de la nacionalidad o los permisos de residencia a migrantes de "países islámicos", y de buscar protagonismo con propuestas como cortar las ayudas de cooperación con Palestina -como lo han conseguido sus socios suecos- a dar un salto y pasar, de nuevo, a hablar de los "problemas del multiculturalismo".

Aunque la crítica a Moncloa es similar, la posición de "solidaridad" de López Miras o Moreno Bonilla choca de bruces con la de Ayuso. Quien vuelve a mostrar el perfil más duro dentro de las siglas. Un juego de equilibrios avalado por Génova en otros ámbitos, para reforzar al votante ganado de Vox, que en esta ocasión lleva a posiciones más próximas a las declaraciones de Abascal. Un hecho que ha indignado a ministros como Escrivá, quien ha tachado a Ayuso y a otros cargos locales del PP de agitar la "xenofobia". El ministro presume de que esta crisis migratoria, como otras anteriores, se están gestionando con la misma "solvencia" y llama a la "tranquilidad".

El Gobierno no puede recluir a los migrantes; luego no sé si irán por las calles, si ambularán. No sabemos qué van a hacer con ellos

Concretamente, la presidenta de Madrid en una intervención desde un foro económico, enarboló como sus homólogos el argumento del desconocimiento, y dijo que el Gobierno está actuando "con nocturnidad" con el desplazamiento de migrantes a la Península. Y vinculando ello con la inseguridad: "no los puedes recluir" en centros. "Luego no sé si irán por las calles, si ambularán. No sabemos qué van a hacer con ellos". El toque de atención de Escrivá, pese a todo, ha estado más enfocado a la comparación de Ayuso de los migrantes con "fardos" que el Ejecutivo va soltando por el territorio "en lugar de proteger las fronteras. También a las declaraciones fuera de tono del responsable de Cultura en Torrox, del PP. Salvador Escudero, ante las llegadas a su localidad, los ha comparado con animales a los que es necesario "marcar" para controlarlos. Asimismo señalaba que "metemos el tifus aquí, no sabemos qué pueden traer".

Las expresiones de Ayuso, en lo relativo al control de las fronteras, se asemeja a la propuesta hecha desde Canarias la semana pasada por Abascal, quien ha rescatado una propuesta recurrente en los programas de Vox: el bloqueo de las rutas migratorias hacia España con la Armada. El propio cuerpo marítimo ya dijo en 2020 que es imposible copar todo el recorrido con los medios con los que cuenta. Ningún representante del PP ha acudido más allá de Manuel Domínguez, vicepresidente canario y allí presente.

La valoración más reciente de Vox en este sentido se adjudica al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien ha alertado en su visita a Medina del Campo, lugar de recepción con al menos 250 personas, de que se está experimentando una "invasión migratoria". El dirigente ha respaldado "una inmigración legal", haciendo mella en la "capacidad de adaptación social y cultural para construir una España mejor frente al efecto llamada". Algo del lo que culpan al Gobierno y a las ONG que participan en las tareas de rescate y traslado.

Frente a las acusaciones de xenofobia, Vox ha puesto en el foco al gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz en Alemania, que va a endurecer la política migratoria tras practicar durante décadas la política de 'puertas abiertas'. Promete aumentar el plazo de detenciones preventivas a la mitad -diez días-, dejar de comunicar las repatriaciones y alargar las condenas a las mafias de tráfico humano.