El Gobierno niega que el traslado de 6.000 migrantes a las CCAA sea una descarga de responsabilidad

El tono entre oposición y Gobierno en funciones sigue elevándose. Y no es por la amnistía ni por el parón parlamentario en el Congreso de los Diputados, sino por la crisis migratoria y el reparto para relajar la presión en Canarias. Tras la crítica generalizada de los barones autonómicos del PP -que controlan once de las diecisiete comunidades, y Ceuta y Melilla- al Ejecutivo central, por no proporcionar información suficiente y coordinar, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha entrado a valorar el asunto. Para él, la administración central de Pedro Sánchez está sacando a los inmigrantes de Canarias "para dejarlos en paradas de autobús" a su suerte. Sigue, por tanto, la línea expuesta por sus barones, pero especialmente de la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Quien este jueves durante un acto económico, con dureza, sembraba dudas en torno al proceso de acogida. El Gobierno está actuando "con nocturnidad" en el desplazamiento de migrantes a la península, dijo Ayuso, añadiendo que como "no se les puede recluir (...), luego no sé si irán por las calles, si ambularán. No sabemos qué van a hacer con ellos".

"Hemos pasado del abrazo del [buque] Aquarius a coger a los inmigrantes que llegan a Canarias y, sin hablar con las comunidades autónomas, meterlos en aviones y dejarlos en paradas de autobús", decía Feijóo en una entrevista en Canal Sur, este viernes. Lo hacía al unísono del secretario general de Vox en TVE, Ignacio Garriga, que, con los suyos, están espoleando con mayor intensidad el problema migratorio con una postura de cierre de fronteras: "Si proteges las fronteras no entran terroristas y no hay riesgo de delito ni de atentados". Ante estas afirmaciones, el Gobierno, en palabras del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, incluye a los populares en el saco de la "xenofobia" junto a Vox.

A rebufo de las declaraciones de Feijóo, Escrivá quiso recordar, nuevamente, que "las comunidades y los ayuntamientos son informados de los traslados que se van a realizar, y estas instituciones no atienden a los migrantes, ya que es una competencia exclusiva del Estado que ejerce Inclusión y Migraciones". Sobre ello, pivotan fuentes del ministerio consultadas por El Independiente. "Los recursos que abrimos son nuestros: elegidos, contratados y pagados por nosotros y en colaboración con nuestro personal local, quien los atiende. Normalmente ONG como Cruz Roja", explican.

Planteado esto, respecto a las comunicaciones, "siempre se avisa a la administración local y autonómica cuando se va a producir un traslado a su territorio. A veces con más, y otras con menos tiempo, por la emergencia". Depende de los recursos disponibles y el momento, añaden: "Si hay un hotel que no tiene a nadie ahora en temporada baja y puede acoger mañana, pues si lo cerramos hoy se comunica hoy", remarcan. Aunque afirman que siempre es preferible avisar "con semanas" de antelación. La postura del Gobierno es que se procedió a ese aviso "por cortesía" a través de sus delegados regionales. Señalan el caso de Madrid, donde Fran Martín y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, conversaron telefónicamente.

Pese a ello, incluso presidentes regionales socialistas como Emiliano García-Page, desde Castilla-La Mancha, se suman a la demanda de mayor coordinación e información. El PP ya apunta más allá, al periodo posterior a la acogida, con declaraciones como las destacadas de Feijóo y Ayuso, a la situación en la que quedarán los migrantes en territorio nacional. Y en especial a los menores no acompañados, de quienes depende su escolarización o atención sanitaria, entre otros. Se desconocen cifras por el momento.

El PP nacional, este viernes, de hecho, convocó una reunión en Génova para abordar el asunto a nivel general. Participaron la secretaria general, Cuca Gamarra, y los vicesecretarios de Institucional, Esteban González Pons, y de Políticas Sociales, Carmen Fúnez. Se unieron la secretaria de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa; Luis Martínez, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y el viceconsejero del gabinete de la vicepresidencia del Gobierno canario, Eduardo Hernández. Desde el PP, según su número dos, se acusa al Ejecutivo de "falta de transparencia" y de una desatención ante las peticiones de "planificación y coordinación".

Gamarra pidió reactivar la Conferencia Sectorial de Inmigración —la última se celebró hace cinco años— y la comisión delegada de asuntos migratorios, eliminada hace tres. Ello atendiendo, además, al mando único que pide Canarias como el ubicado durante la 'crisis de los cayucos' de 2006. La actitud es "incomprensible e inaceptable", dijo la también portavoz parlamentaria, que alerta del "impacto directo" para las administraciones locales y diputaciones.

Desde Migraciones reconocen que evidentemente los migrantes alojados "son libres de moverse". "No se les retiene, han sido filiados por la Policía al llegar. Muchos piden asilo y pueden continuar en el país hasta que se resuelva su petición" si buscan intentar ganarse la vida aquí. Fuentes gubernamentales consideran que por procedencia, y por poco arraigo de colonias de origen senegalés —a diferencia de latinoamericanos o marroquíes—, la mayor parte de los migrantes pueden pretender avanzar hacia zonas como Francia. Y es que señalan que "esta crisis migratoria procede en su mayoría de Senegal, por la inestabilidad política y económica".

Las mismas fuentes de Migraciones, previamente aludidas, también aseguran que no pueden hacer nada más allá de seguir los protocolos de acogida existentes. "Ahora se está atendiendo igual que en otras ocasiones. No entendemos la idea de que haya que profundizar más en explicar los procesos en esta ocasión o hacer algo especial", aseguran. En el ministerio apuntan a que se está siguiendo el mismo protocolo que con Canarias años atrás, y también con la crisis de refugiados afganos o ucranianos tras el inicio de la guerra con Rusia. Vinculan las quejas en el PP más a planteamientos "xenófobos" por no poder retener a los migrantes en un ejercicio de relación con la delincuencia.

De hecho, ponen un ejemplo. Se refieren a la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Allí, se ha enviado a 156 migrantes. Fuentes ministeriales reprochan la actitud de Ayuso, comparándolo con el traslado de refugiados ucranianos en 2022: "Por el mismo centro pasaron 26.000 [...], pero ahora Ayuso ha pedido un refuerzo de las patrullas policiales". A ese reproche añaden el de la "solidaridad" entre aliados y compañeros de partido. Sitúan en el foco al Gobierno canario, parcialmente de signo popular por la asociación con Coalición Canaria (CC). Y se destaca el desinterés a compartir la carga migratoria, insoportable para los servicios de las islas. "En Canarias están que trinan porque tienen más de 4.000 menores no acompañados y ante la demanda de ayuda las otras comunidades los cogen a cuentagotas", insisten desde Migraciones, que solo tienen competencia de los adultos.

Consultado por ello, fuentes de CC se remiten a las declaraciones de Fernando Clavijo, el presidente regional, este viernes. Clavijo, con una posición intermedia a la de socialistas y populares, insistía en dar "una respuesta colectiva y solidaria" al asunto migratorio. Con la implicación estatal y de la Unión Europea —recientemente ha endurecido su política migratoria y países como Alemania siguen esa senda—.

"Es evidente que ningún territorio puede asumir solo tanta presión como región fronteriza. La atención que demos, en especial si son menores no acompañados, define la sociedad que tenemos", sostuvo el presidente canario. Considera esencial compartir el peso de los flujos entre las autonomías, pero también cuestiona la falta de atención del Ejecutivo ante un "asunto de Estado" en las semanas previas. "Hay una evidente falta de coordinación y diálogo del Estado con las comunidades, incluida Canarias".

Cruz Roja gestiona los procesos

Lejos del enfrentamiento directo entre socialistas —y la cuota de Sumar— y los populares, es Cruz Roja quien, por su posición sobre el terreno y en los procesos de acogida, tiene una visión más detallada del asunto. Fuentes de la entidad, en conversaciones con este periódico, relatan las acciones de atención primaria -sanitaria, alimenticia y psicologica, entre otros- desde la recepción en instalaciones previstas para ello y situadas en las costas, hasta su derivación a un centro competente “de acuerdo a las necesidades" particulares.

A partir de ahí, se ahonda en cuestiones como la adaptación en terminos como el idioma y la inserción social. También se ayuda a contactar con familiares presentes en los lugares de origen o en España u otras zonas europeas. En ese caso, acelera la integración, explican desde la ONG. Todo ese proceso, está tutelado por Migraciones y no contrasta con todos los casos previos que se han ido dando. Los menores, como se indica, siguen otros cauces que tutelan las regiones.

El ciclo de acogida es diferenciado para migración ordinaria y casos de asilo político o mujeres en situación de vulnerabilidad. Lo cual agiliza los procesos de regularización. Se delimita un plazo de seis meses, y a partir de ahí el trabajo de la administración central concluye. De no abandonar el país hacia terceros lugares y aceptarse la solicitud de permanencia, el migrante queda con plena autonomía para hacer "vida normal y buscar un empleo". Algo en lo que también se colabora para dar apoyo. Es en ese momento, es donde ya entra el papel autonómico en cuanto a competencias transferidas, como en lo sanitario. Pero desde Cruz Roja dicen que los recursos destinados serán los mismo de los que disponen la ciudadanía general y de manera clarificada.