La Justicia está haciendo valer el acuerdo de equiparación salarial al que llegaron los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil con el Ministerio del Interior. Las organizaciones consiguieron más que una simple subida de sueldo en lo relativo a sus condiciones laborales, como es la vuelta al ejercicio activo desde la segunda activad.

En una sentencia a la que ha tenido acceso El Independiente, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia da la razón al Sindicato Profesional de Policía (SPP) sobre la situación de un agente que había pasado a lo que en el Cuerpo se conoce como segunda actividad y que quería volver a su destino de manera ordinaria. Y lo hace basándose en lo firmado por Interior con las organizaciones.

La situación de segunda actividad sin destino es una situación administrativa en la que el policía sigue percibiendo retribuciones y que es previa a la jubilación, concluyendo precisamente con dicha jubilación. Hay varios motivos para acceder a ella, pero hasta ahora la administración negaba la posibilidad a los agentes que querían reincorporarse a su puesto.

El escrito judicial explica que, si es cierto que un policía puede pasar a segunda actividad porque haya perdido capacidades físicas, "carecería de sentido el que fuera factible el reingreso cuando un tribunal médico aprecie que el solicitante reúna las aptitudes psicofísicas necesarias para la prestación de las funciones encomendadas y, sin embargo, se excluya la posibilidad del reingreso cuando la razón del pase a la situación de segunda actividad respondiera a petición propia".

El SPP ha celebrado el fallo judicial: "Era una demanda que llevábamos tiempo esperando resolución, pues afectaba a todos los compañeros que se encuentren en la situación de segunda actividad, y deseaban poder reingresar al servicio activo", señalan en lo que consiferan una "sentencia histórica".

Sentencia de la Audiencia Nacional

La vuelta a sus puestos de trabajo de los agentes de segunda actividad es una reivindicación histórica de los sindicatos. En el acuerdo con Interior se incluyó una cláusula, la tercera, en el que se destinarán 100 millones de euros cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo.

Este punto del acuerdo, junto con el de aprobar medidas para que no se volviesen a producir diferencias entre Policía Nacional y Guardia Civil con los agentes autonómicos, no se estaba cumpliendo. Varios sindicatos, como el SUP y la AUGC, acudieron a los tribunales. A finales de junio de este año, la Audiencia Nacional les dio la razón

Aquella sentencia recuerda que el 27 de enero de 2022 el secretario de Estado de Seguridad acordó inadmitir las solicitudes presentadas por la AUGC requiriendo al Consejo de Ministros el cumplimiento de lo previsto en la cláusula octava y tercera del acuerdo de equiparación.

Los representantes de guardias civiles apuntaron que la "inactividad contraria al ordenamiento jurídico por parte del Gobierno suponía la consagración de una situación que está afectando muy negativamente a la plena equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La Audiencia Nacional reconoce que el ministro del Interior no tiene capacidad por sí mismo para desarrollar una ley de retribuciones, aunque sí le corresponde "proponer al Consejo de Ministros la adopción de una medida legislativa con ese contenido".