Los guardias civiles y policías nacionales han estyallado y reclaman la dimisión de Alba Vergés, ex consejera de Sanidad de la Generalitat, y actual vicepresidenta del parlamento autonómico, por el caso del retraso de la vacunación contra la Covid-19 en Cataluña. El motivo: la publicación de unos mensajes que la señalan como la responsable de la dilación del caso.

La causa, que dirige el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, indaga sobre qué llevo a no vacunar a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en Cataluña contra el coronavirus. El proceso de inoculación comenzó el 10 de febrero de 2021, pero el Govern no hizo alusión a los operativos de estos dos Cuerpos.

Cinco días después, la Generalitat iba a contactar con los implicados para organizar los turnos de vacunación, pero no fue hasta el 24 del mismo mes cuando se fijó una reunión para el 4 de marzo para establecer el calendario. En ese momento llevaban 23 días vacunando a Mossos d'Esquadra y otro policías de ambito local.

Tras varias reuniones, los policías iban a ser vacunados el 25, 26 y 29 de marzo, pero a 24 horas de empezar la consejería encabezada por Vergés desprogramó el proceso a los agentes menores de 60 años -que eran la inmensa mayoría- y el 8 de abril el departamento lo justificó argumentando que se recomendaba no administrar Astrazeneca a estos colectivos de edad.

El 24 de marzo, la Generalitat había vacunado a más del 77% de mossos, frente al 2,9% de guardias y el 3,6 de policías. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó entonces que vacunase de inmediato a todos los agentes estatales al ver una "apariencia de discriminación". Paralelamente, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil como Jucil, Jupol, SPP y AEGC denunciaron el retraso en los tribunales, aunque en marzo del pasado año el TSJC rechazó investigar a Vergés, al no apreciar ninguna "acción u omisión" que le vinculara al proceso.

La semana pasada, Efe publicó unos mensajes de WhatsApp que señalan a Vergés. Han sido aportados a la causa por la defensa del exsecretario de Salud Pública Josep Maria Argimon y la exsubdirectora general de Promoción de la Salud Carmen Cabezas, y en ellos se pueden leer: "La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo".

Jucil, una de las asociaciones personadas, cree que los mensajes "cierran el círculo" sobre los autores de este acto de "odio". También la Unión de Oficiales (UO) creen que Vergés "ha quedado desacreditada para ocupar cualquier cargo público". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apoyado públicamente a la exconsellera de Salud, lo que, a las fuentes consultadas, lleva a pensar que no la cesará "menos ahora que están de negociaciones", en referencia a las conversaciones entre el PSOE y los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.