El PP ha presentado en el Senado una propuesta de reforma del Reglamento de la cámara territorial para permitir a la Mesa, el máximo órgano decisor y que cuenta con mayoría popular, tener competencias para considerar pertinente o no dotar de carácter de urgencia a las tramitaciones de proposiciones de ley que así lleguen desde el Congreso de los Diputados. Ello dará a Génova la capacidad de extender los plazos de desarrollo y aprobación de la futura Ley de Amnistía cuando tenga luz verde en la cámara baja. Ésta podría registrarse por parte del PSOE y sus socios en breve, según trasladaron a principio de la semana fuentes del entorno de los socialistas en el hemiciclo.

La actuación del PP responde, así, a la predisposición de los de Alberto Núñez Feijóo a utilizar todas las herramientas disponibles para combatir la aplicación de la amnistía. Un proyecto que tachan de "inconstitucional", de "inmoral" o de engaño para los votantes que apoyaron al PSOE en las pasadas generales. Entre esos instrumentos destacan la actuación en el Senado, el Congreso -donde no tiene mayoría ni suma con Vox o los partidos del grupo mixto que le apoyaron en la investidura-, la movilización en la calle y la previsión de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este mismo jueves, en un desayuno informativo junto a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, el líder del PP ha insistido en que no van "a callar" frente al "chantaje" del independentismo que Pedro Sánchez tolera.

Propuesta del PP para la Reforma del Reglamento del SenadoDescarga

Hasta ahora, y a la espera de que se aplique esta reforma, una proposición de ley que llegaba por vía urgente del Congreso contaba con un margen de veinte días para que fuese abordado por el Senado. Una vez se produzca el cambio, lo llegado desde la Carrera de San Jerónimo tendrá que adecuarse a los plazos ordinarios del Senado si así lo considera la Mesa. Eso es "un plazo de dos meses -máximo- desde la recepción del texto" para aprobar, introducir enmiendas o vetarlo". El Gobierno empleó el carácter de urgencia, recientemente, para la supresión del delito de sedición o la rebaja del de malversación de acuerdo a sus pactos con ERC.

El artículo que quiere cambiar el PP

Según el documento registrado en el Senado, el PP propone una nueva redacción para el primer apartado: En los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de veinte días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo. Asimismo, la Mesa del Senado, de oficio o propuesta de un Grupo parlamentario o de veinticinco senadores, podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia". A esto, se añade una nueva redacción para el segundo, que incorpora que "en las proposiciones de ley, la Mesa podrá decidir la aplicación de urgencia cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso", bajo el mismo criterio de "oficio o a propuesta de un grupo o de veinticinco senadores".

Para abordar esta reforma dirigida a dilatar la aprobación de la amnistía, el PP se escuda en que la Constitución permite que "la tramitación de las proposiciones de ley se regulen por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87". Aunque los populares también se justifican en que esta modificación dotará de mayor rigor los procedimientos, al dar más tiempo a los senadores para contar con la documentación y el análisis técnico-jurídico necesario. Así como un criterio social.

Vox quiere paralizar la amnistía

Vox ha registrado otra proposición de reforma de Reglamento en el Senado para dar capacidad a Presidencia para suspender la tramitación de proposiciones de ley que no tenga informes perceptivos, caso del de la amnistía. Los de Santiago Abascal, a diferencia del PP, buscan paralizar la iniciativa hasta que ésta cuente con dichos informes.

Vox aboga por que toda proposición de ley "recibida en el Senado y aprobada por el Congreso, en caso de no haberse incorporado los informes que, de haberse presentado esa iniciativa por el Gobierno como proyecto de ley, hubieran sido preceptivos conforme a la ley o las leyes aplicables en cada caso, uno o más senadores podrán reclamar su incorporación antes de continuar su tramitación".