El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado archivar la causa en la que se investigaba la ampliación de capital del Banco Popular en 2012. En un auto al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado estima que no hay perpetración de delito.

En esta parte del conocido como 'caso Popular', la investigación se dirigía a clarificar si en la ampliación de capital efectuada en 2012 por la entidad financiera, la información pública que se suministró sobre dicha operación "contenía omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener", lo que habría supuesto un incumplimiento de los deberes de transparencia del mercado de valores.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a Pedraz la semana pasada el archivo de la causa porque considera que todo se hizo "conforme a la legislación vigente" y que se sometió "a los controles pertinentes". En el escrito al que tuvo acceso este periódico, la fiscal explica que la pericial del Banco de España fue clave porque se califica de "éxito" la operación de la ampliación y se expone que fue "una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas".

En esa prueba, los peritos calcularón que el Popular tenía que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales y el banco decidió cumplir con los requerimientos "a través de sus propios medios sin recurrir a las ayudadas públicas, optando por realizar una ampliación de capital en 2012 para cumplir los objetivos requeridos a nivel estatal, la cual se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes", señala el juez.

Para la Fiscalía, en esa operación quedó "pendiente reclasificar a dudoso una parte de los importes pendientes identificados por la inspección, reclasificando 3.920 millones de euros en 2013". "Omisión que no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad, sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores", asevera.