El PP rechaza dar protagonismo a Vox en su reforma del Reglamento del Senado para dilatar la amnistía

El PP quiere seguir reivindicando su autonomía de acción contra la amnistía que negocia y está apuntalando el PSOE junto a sus socios independentistas a cambio de la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y ello, sin dar cualquier hueco de protagonismo a Vox y a los de Santiago Abascal. Dada la aproximación a la norma por el cierre del acuerdo con ERC, la disponibilidad de los socialistas a registrar una proposición de ley colectiva en el Congreso de los Diputados antes de la investidura y a falta de cerrar "unos flecos" con Junts para el sí, el PP ha decidido actuar en el Senado para dilatar en lo posible los plazos para su aprobación una vez tenga luz verde en la cámara baja. Este jueves ha presentado una propuesta de reforma del Reglamento del Senado para dotar a la Mesa, donde tiene mayoría absoluta, de capacidad para tramitar la ley en base a los tiempos ordinarios y no por urgencia en el caso de adoptarse en el Congreso.

El lunes Génova ya adelantaba que usarían todas las herramientas a su alcance para hacer oposición. La iniciativa de los populares se registró en el Senado el martes en torno a las seis de la tarde. Pero no fue la única medida sugerida: dos horas antes, Vox llevó al Registro de la institución otra reforma del Reglamento más dura. Concretamente, los derechistas, cuyos tres miembros integran el Grupo Mixto, y bajo directrices de Bambú, solicitaron pedir informes preceptivos a toda proposición de ley venida del Congreso. Algo que ha anunciado horas después de que el PP hiciera su propuesta y replicándolo en el Congreso. Ante ello, y abierto el melón de la reforma de la doctrina del Senado, el PP rechaza incorporar la sugerencia de Vox; que requiere de su plácet al depender de su mayoría.

Fuentes populares aseguran a El Independiente que solo se centrarán en su propuesta y descartan atender la presentada por Bambú; que en definitiva busca situar al partido en el foco de rivalidad contra el Gobierno en funciones como se está pretendiendo en la calle. Preguntados por esta competencia existente, las mismas fuentes se niegan a valorar "las intenciones o los movimientos de Vox", y prefieren focalizarse en Sánchez, sus pactos y las cesiones dadas hasta la fecha. Lo cierto es que los de Abascal no desaprovechan ninguna oportunidad de entrar en la pugna contra la amnistía más allá de la protesta y la "movilización permanente" que anunció en septiembre.

El PP quiere centrarse en exclusiva en su propuesta de reforma del Reglamento del Senado y evita valorar las intenciones o los movimientos de Vox"

La semana pasada el vicepresidente primero de Vox, Jorge Buxadé, anunció el impulso de recursos de inconstitucionalidad autonómicos -en aquellas zonas donde cogobiernan con el PP- contra la amnistía. La única baza que les permite acudir al Tribunal Constitucional ya con un grupo parlamentario nacional por debajo de los cincuenta escaños. En ello insistió a última hora de la tarde de ayer Ignacio Garriga, el secretario general de Vox.

De hecho el partido ha emitido una solicitud de celebración de Consejos Extraordinarios en sus regiones Los populares guardan silencio sobre esta colaboración con Vox, pero un barón autonómico, esta semana, trasladaba a este medio que de verse perjudicados los intereses territoriales de las regiones, por la amnistía o las cesiones a Cataluña -como como la gestión de Rodalies para la Generalitat- es factible que se orquestase una acción coordinada.

De momento, el pacto de PSOE con ERC, que conllevará la condonación parcial de la deuda autonómica en unos 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ha hecho que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anuncie acciones judiciales en pro de la igualdad territorial: "No nos quedaremos callados ante la injusticia en materia de financiación y condonación de deuda. Este acuerdo genera desigualdad y da carta de naturaleza a favoritismos que supondrán agravios tanto para nuestra tierra como para España". No se descartan que en las próximas horas se sumen otros homólogos. El enfado en la Comunidad Valenciana, la peor financiada, y de la Región de Murcia, es notable.

El PP aboga por retrasar y no por paralizar

La reforma del Reglamento del Senado propuesta por el PP, concretamente en su artículo 133, busca alargar hasta dos meses la tramitación de la ley de amnistía en la cámara territorial. Para ello, los populares quieren dar a la Mesa la capacidad de decidir sobre el carácter de urgencia a una proposición de ley dado en el Congreso o por el Gobierno. Algo que no se pudo hacer ante la derogación de la sedición o la rebaja del delito de malversación a finales del pasado año por darle prisa Moncloa y sus socios. De llegar al Senado una proposición por vía urgente, el Senado tiene que valorar en un plazo máximo de veinte días. A partir de que fructifique la reforma, la mayoría popular puede aplazar en dos meses esa valoración, poniéndola a la cola de las pendientes por atender en régimen ordinario. [A continuación se muestra el documento íntegro registrado por el PP].

La propuesta de Vox para esa reforma del Reglamento busca paralizar temporalmente la reforma bajo la petición de informes a organismos mediadores. Se pretende hacer vía cambio del artículo 104, reformulando sus dos apartados. "Recibida en el Senado una proposición de ley aprobada por el Congreso, en caso de no haberse incorporado los informes que, de haberse presentado esa iniciativa por el Gobierno como proyecto de ley, hubieran sido preceptivos conforme a la ley o las leyes aplicables en cada caso, uno o más senadores podrán reclamar su incorporación antes de continuar su tramitación. La Presidencia del Senado solicitará los aludidos informes y, hasta que se reciban, quedará suspendida la tramitación de la proposición de ley", esboza parte del documento de Vox. [A continuación se muestra íntegro].

Qué supondría un informe preceptivo de la amnistía

Los informes preceptivos son aquellos que, sin ser vinculantes -salvo que así se determine-, se exigen mediante una disposición legal para salvaguardar el acierto y la legalidad del texto que se quiere aprobar. En el caso de la ley de amnistía, que podría registrarse en el Congreso antes de la investidura como aseguran fuentes parlamentarias socialistas, éstos se evitarían, al tramitarse la norma como proposición de ley y no como proyecto, cuyos borradores están sujetos a la supervisión de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.

A diferencia de la propuesta del PP, que dilataría hasta dos meses el proceso para ajustar la iniciativa al ritmo del calendario ordinario del Senado, la demanda de paralización de la amnistía hasta contar con un informe preceptivo que la valore supondría extender notablemente el proceso demandado por los socios independentistas del PSOE y Sumar. La petición tiene que ir dirigida necesariamente al CGPJ, pero puede extenderse a otros órganos como el propio Consejo de Estado o el Consejo Fiscal.

Como ejemplo de esa extensión de plazos, está la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el Ministerio de Justicia a lo largo de 2020 "para actualizar el proceso penal, otorgando a los fiscales la dirección de la investigación". Éste lleva tres años paralizado a la espera de que el CGPJ emita su informe. Ya el año pasado, en octubre, la titular de Justicia, Pilar Llop, pidió que remitiera "cuanto antes" ese informe de valoración al proyecto de su antecesor Juan Carlos Campo. Este anteproyecto cuenta, además, con un informe muy negativo por parte de la Fiscalía, por lo que se augura una senda similar -de darse el caso- a la propuesta de 'olvido' con la que el independentismo condiciona la investidura de Sánchez.