No habrá acuerdo en las próximas horas entre PSOE y Junts que permita desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. No lo prevén ninguno de los dos partidos, que siguen negociando y lo continuarán haciendo en los próximos días. El obstáculo reside en cuestiones "muy complejas" de la ley de amnistía, técnicas pero también políticas, que todavía no han resuelto y que necesitan de una escrupulosa revisión jurídica. Eso es al menos lo que trasladan las dos partes desde Bruselas, epicentro en las últimas horas de las conversaciones para la reelección del líder socialista.

Las expectativas, pues, se han enfriado ostensiblemente este viernes, después de que se hayan sucedido los contactos entre los dos partidos, el PSOE, capitaneado por su secretario de Organización, Santos Cerdán, y JxCAT, liderado por el expresident. Desde Ferraz alegan que se manejan textos de la ley de amnistía "muy avanzados, pero no cerrados" porque hay flecos pendientes que ninguna de las dos fuerzas quiere detallar. Lo que reconocen los socialistas es que están sumergidos en discusiones "muy complejas" sobre cómo se aborda la ley de amnistía, que tienen una traducción legislativa difícil, razón por la cual están revisando la redacción los juristas.

Los socialistas indican que no es un problema de "nombres", de los afectados que Junts querría que estuvieran incluidos en la ley de amnistía

En la dirección del PSOE apuntan que el problema no está en los "nombres". Es decir, en los afectados por la futura ley. Y es que en las últimas horas se había relacionado el parón en las negociaciones con la posible voluntad de Junts de incluir en la amnistía a los afectados por la operación Volhov —la causa que investiga el desvío de fondos públicos para actividades ligadas al procés en la que está implicado, entre otros, Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont—, a Gonzalo Boye —abogado del expresident, investigado por blanqueo junto al narcotraficante Sito Miñanco—, a la familia Pujol y a Laura Borràs, presidenta de Junts, condenada a cuatro años y medio de cárcel por trocear contratos públicos.

Causa general

También desde el independentismo se insiste en que esto no va de "soluciones personales". Pero una de las tesis que más firmemente ha sostenido Junts en los últimos años es la existencia de una "causa general" contra el independentismo, como prácticas de lawfare —abuso de la vías judicial para atacar a los independentistas—. Una denuncia que se escuda en las actuaciones de la "policía patriótica" contra la familia Pujol-Ferrusola o el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y que ha servido en los últimos años para defender la inocencia de la presidenta del partido, Laura Borràs. Desde Junts niegan que sea un tema de nombres, pero reclaman que la amnistía dé cobijo a los procesados por causas asociables a esa "causa general" de difícil definición jurídica.

Los socialistas insisten en que las negociaciones siguen, que no se han parado, que continuarán por la tarde en Bruselas, pero no en el Parlamento Europeo, pero para que fructifiquen requieren de total "discreción". En la cúpula constatan "avances" en las últimas horas, tras el intercambio de papeles y de conversaciones, pero no esperan que haya fumata blanca a lo largo del día de este viernes. No descartan un encuentro en persona entre Cerdán y Puigdemont esta tarde, pero todo dependerá, añaden, de los metros que se logren recorrer. Durante la mañana, no despacharon los dos frente a frente, lo hicieron "cada uno en sus dependencias con sus asesores y cambiando papeles", según ilustran desde el entorno del número tres del partido. En función de cómo avancen los contactos, Cerdán evaluará si se queda más días en Bruselas o bien regresa a España para continuar conversando con el eurodiputado vía telefónica y telemática.

En el equipo de Sánchez apuntan que no se ponen "plazos" para la fecha del debate en el Congreso, ya que la del presidente en funciones "es la única investidura posible". "Hasta el 27 de noviembre hay tiempo", indican. Ese es el tope constitucional, cuando vencen los dos meses que la Carta Magna da de plazo después de la primera votación fallida. Es decir, que en el horizonte se diluye la posibilidad de una investidura la próxima semana, que era el plan que habían asfaltado Ferraz y la Moncloa. Todavía hay opciones, dado que la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, puede convocar el pleno con 24 o 48 horas de antelación.

"No haremos una amnistía para vips"

Desde Junts también coinciden en que este viernes no habrá acuerdo y en que no hay que angustiarse, porque hay margen aún. Ellos alegan que hay elementos técnicos y políticos que no están resueltos, pero la voluntad de que se reencaucen está presente, como prueba, señalan, que sigan al lado de Puigdemont el secretario general del partido, Jordi Turull, y la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. En la formación independentista, de hecho, hacen valer su buena voluntad negociadora, teniendo en cuenta, recuerdan, que vienen del rincón, de una política de confrontación con el PSOE (y de ridiculización de la estrategia pactista de ERC) de los últimos cuatro años.

Junts asegura que cuantitativamente queda poco para cerrar el acuerdo, pero no cualitativamente

Los posconvergentes reconocen que se intercambian papeles e ideas con Ferraz pero rehúsan dar detalles. Se aferran también a la máxima de la discreción y aseguran no banalizar el momento absolutamente trascendente en el que se hallan las negociaciones. Apuntan que cuantitativamente queda poco para cerrar el acuerdo, pero no cualitativamente. Están chequeando, dicen, si las condiciones que impuso el expresident en su comparecencia del pasado 5 de septiembre se cumplen o no. Y añaden que tanto la ejecutiva como la permanente de Junts se impuso actuar con responsabilidad.

Que la posibilidad de un acuerdo no era inminente quedaba reflejado en un mensaje remitido este viernes por Turull a la dirección del partido, adelantado por La Vanguardia y confirmado por EFE. "Vienen horas y días de mucha presión", advertía el secretario general en su escrito, en el que descalifica también el texto suscrito ayer por PSOE y ERC. "No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips", destacaba, porque "aquí hay mucha gente que se la ha jugado, que no se ha rendido" y que por tanto entiende Junts que debe quedar cubierta por la amnistía. Turull pedía a los suyos "calma" para aguantar las presiones por cerrar cuanto antes un acuerdo con los socialistas.