Lo confieso. Mi capacidad de sorpresa ha llegado a su límite. Si me dicen que Sánchez ha aceptado incluir en su gobierno a Puigdemont como ministro del Interior, me lo creo.

Esta semana hemos visto como el presidente ha puesto en almoneda los principios básicos de un Estado de Derecho. Sin importarle nada más que su empecinamiento en lograr ser investido, sea como sea, al precio que sea.

Comenzamos con una foto ignominiosa el lunes en Bruselas, en la que el número tres del PSOE, Santos Cerdán, posaba junto al líder de Junts, perdón quise decir el president Puigdemont. Daba lástima ver, al lado de Cerdán, a Iratxe García, portavoz de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, rindiendo pleitesía al hombre al que ella misma ha negado en el Parlamento Europeo la inmunidad que el político fugado reclamaba para blindarse de la orden de busca y captura del juez Llarena para ser juzgado en España por delitos penados con más de 15 años de cárcel.

El PSOE difundió la instantánea del encuentro y un vídeo mudo cuidándose de que no apareciese la gran fotografía que ocupaba toda la pared detrás del prófugo, en la que se ve a unos individuos portando una urna gigante, en homenaje al ilegal referéndum del 1-O. No tardamos ni diez minutos en descubrir lo que se nos había querido ocultar. Luego, para disculparse, dijeron en el PSOE que se había pactado con los líderes de Junts que esa imagen no apareciese en el corte que se iba a distribuir a los medios. ¡Qué lástima!

Sin despeinarse, el presidente acudió al día siguiente a los actos de jura de la Constitución de la princesa Leonor. Una cosa tapaba a la otra, al menos en la atención mediática. En el Congreso participó del largo aplauso (casi 4 minutos) a la Princesa de Asturias, tras haber jurado esta "guardar y hacer guardar la Constitución". Después, ya en el Palacio Real, el presidente tuvo el cuajo de afirmar en su breve discurso ante un centenar de invitados: "El juramento o promesa es la manera que tenemos los humanos de establecer un futuro seguro en un mundo lleno de incertidumbres". ¿Pero hay acaso alguna promesa que él no haya roto?

Dábamos ya por hecho que Sánchez tenía en el saco la investidura. De hecho, en los corrillos del Congreso los diputados socialistas, con Cerdán en el foco, apuntaron que el texto de la proposición de ley de amnistía podría aterrizar en la mesa de la Cámara el jueves, 2 de noviembre, y que las sesiones de investidura se celebrarían la semana próxima, una vez que los reyes hubiesen regresado de su viaje a Dinamarca, lo que llevaría la votación al día 9, para que así Sánchez pudiera presidir la reunión de los socialistas europeos a celebrar en Málaga (10 y 11 de noviembre), ya como presidente.

Los pactos del PSOE con ERC, ya cerrado, y con Junts, todavía por cerrar, representan una humillación para el Estado, sí. Y, en primer lugar, para el Rey Felipe VI, que instó en octubre de 2017 a los poderes del Estado a restablecer el orden constitucional en Cataluña

Pero no. El protagonismo de Puigdemont había dejado con un mohín de disgusto a Oriol Junqueras, que no podía dejar ese espacio al que escapó escondido en el maletero de un coche mientras que él se tragaba tres años de talego. ERC subió el precio de su apoyo a la investidura. No firmarían si en la amnistía no se incluían a los líderes de Tsunami Democratic y a los encausados de los Comités de Defensa de la República (CDR), 12 de cuyos miembros tendrán que ir a juicio, acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional. Afortunadamente, los jueces y la Guardia Civil siguen trabajando.

Félix Bolaños fue el encargado de apagar este incendio. ¿Cómo? Cediendo en todo lo que pedían los independentistas republicanos. El pacto con ERC se cerró el jueves, deprisa, deprisa, y quedó plasmado en un documento que avergonzará a cualquier socialista con un poquito de sentido de estado. El PSOE no sólo concede la amnistía (ya sabremos a cuantos cientos afectará cuando conozcamos el texto final que se remita al Congreso), sino que acepta la condonación de 15.000 millones de deuda a la Generalitat y se la cesión graciosa de las infraestructuras de los trenes de cercanías, algo que, según la ministra del ramo, Raquel Sánchez, no se podía hacer porque era "ilegal". Pero, lo peor de todo es que el PSOE admite de la a a la z el relato del independentismo, la legitimidad de sus acciones, que pusieron en riesgo la estabilidad del Estado y la convivencia en Cataluña, incluida la declaración unilateral de independencia y el 1-O.

El acuerdo, que vale siete votos, asume la existencia de "un conflicto sobre el futuro de Cataluña" que tiene su origen en "las diferentes concepciones de la soberanía por parte de los principales actores, como la existencia de mayorías parlamentarias y aspiraciones políticas contrapuestas en Catalunya y el conjunto de España". A saber, que el PSOE acepta que hay dos soberanías distintas, una en Cataluña y otra en el resto de España. ¡Qué peligro tiene dar por buena la existencia de ese doble poder! Sobre todo, cuando en la mesa de negociación que incluye el acuerdo para verificar su cumplimiento, relator o relatores incluidos, se admite también que se debata sobre el referéndum.

Junqueras, un tanto desdibujado en las últimas semanas, apareció pletórico en la rueda de prensa de explicación del acuerdo el pasado jueves: "Hoy es Cataluña quien gana". Era la imagen de un hombre feliz y satisfecho. "Las primeras preguntas, en catalán", advirtió a los periodistas.

La maniobra de apretar en el último momento le salió redonda a ERC. Pero, hete aquí que unas horas después Junts echó el freno de mano exigiendo por su parte que en el saco de la amnistía se incluyera a individuos como Josep Luis Alay (jefe de la oficina de Puigdemont), afectado por la llamada Operación Voloh, los oscuros contactos con el Kremlin para que Putin ayudase a consolidar la república independiente catalana; también, como no, a Laura Borràs (condenada por malversar fondos públicos; a Gonzalo Boye, abogado del ex president e imputado por blanqueo de dinero de la droga, y... ¡a la familia Pujol! Si conocen algún delincuente simpatizante de Junts o de ERC es el momento para librarlo de la cárcel.

Compuesto y sin pacto, Cerdán permaneció en Bruselas. Sánchez no abandona la idea de cumplir con su programa de amnistía exprés para lograr la investidura exprés.

En Moncloa ya se admite que algo más habrá que ceder a Puigdemont para que este pueda quedar como más machote que Junqueras en eso de sacarle los higadillos a Sánchez.

Y, mientras tanto, ¡aún no sabemos si la militancia del PSOE ha dado su visto bueno a la negociación! Lo sabremos a las 22 horas del sábado 4 de noviembre. Ya hablaremos de ese asunto.

En fin, una semana vergonzante para el PSOE, que Emiliano García-Page ha calificado de "humillación al Estado". El presidente de Castilla La Mancha ha utilizado el término exacto que define lo que está ocurriendo. Es una humillación al Estado, sí. Pero también es una humillación para los jueces y fiscales que han actuado en cumplimiento de la ley contra los presumiblemente afectados por una ley de amnistía hecha a su medida. Una humillación también para la Policía y la Guardia Civil, que actuaron en cumplimiento de mandatos judiciales. Una humillación para el rey Felipe VI, cuyo discurso del 3 de octubre de 2017, instando a los poderes del Estado a actuar contra las autoridades de la Generalitat para reestablecer el orden constitucional ha sido convertido no sólo en papel mojado, sino en casi una proclama antidemocrática.

Una humillación, en fin, para todos los españoles, de derechas y de izquierdas, que valoran la Constitución de 1978 y que coinciden con ella en que la soberanía nacional sólo reside, sólo puede residir, en el Congreso y en el Senado.