Es una movilización que se anuncia numerosa. Recorrerá esta tarde las calles de Bilbao y en ella, tras la pancarta, irán juntos Bildu y el PNV. Estarán acompañados de los principales sindicatos nacionalistas y de distintas asociaciones y movimientos sociales. Denunciarán en la calle lo que consideran que es un “acoso” al euskera por parte del poder judicial que se habría manifestado en una sucesión de sentencias emitidas por los juzgados en los últimos dos años. Una suerte de ‘euskarafobia’ de la judicatura que hasta el lehendakari Iñigo Urkullu afirma que existe. En su caso rebaja el término a una “falta de sensibilidad” hacia la lengua por parte de la Justicia. El Ejecutivo vasco no acudirá al acto, pero sí el PNV.  

Un lehendakari que ha extendido los recelos ante el euskera incluso hacia una parte del empresariado después de que durante su intervención en el Congreso de Empresa Familiar celebrado la semana pasada parte de los presentes tosieran, murmuraran y se levantaran cuando intervenía en euskera.

En los últimos meses el euskera se ha convertido en motivo de controversia y enfrentamiento no sólo entre los dos socios de Gobierno, el PNV y el PSE, sino entre el nacionalismo más moderado y el más radical con la judicatura. La plataforma que reúne a una treintena de organizaciones que trabajan por el euskera, ‘Euskalgintzaren Kontseilua’, es quien ha convocado la manifestación de esta tarde. Lo ha hecho bajo la acusación de que existe una “ofensiva judicial” para frenar el desarrollo del euskera. El manifiesto de convocatoria habla de la existencia de una “ola reaccionaria, retrógrada y euskarófoba para obstaculizar el proceso de normalización del euskera y retroceder en el camino recorrido”.

La existencia de más de una docena de sentencias en las que se anulaba o cuestionaba las condiciones lingüísticas de algunas convocatorias de empleo o de decisiones laborales de instituciones pública por excederse en la exigencia, están en la raíz de la movilización. A ello se suma los cuestionamientos que la Justicia ha hecho tanto de algunos artículos de la Ley Municipal como del decreto que lo regula, siempre en lo concerniente a la lengua.

Fue precisamente la anulación de algunos aspectos de esta ley –las referidas a la priorización del euskera sobre el castellano que podrían acordar los ayuntamientos- por parte del TC la que provocó la primera gran movilización conjunta entre PNB y EH Bildu. Un total de 71 alcaldes, con la ‘makila’ o bastón de mando en mano, se concentraron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para denunciar la sentencia del Constitucional que anulaba la posibilidad de priorizar una lengua sobre la otra en las relaciones internas y externas de un Consistorio.

Enfrentado a su socio del Gobierno

Esta tarde en la manifestación estará hasta la presidenta del Parlamento Vasco, una Cámara en la que esta semana el PNV se ha apoyado en EH Bildu para denunciar la “ofensiva” de los jueces. Ayer el propio lehendakari reiteraba las críticas a la judicatura recordando que “falta mucho” para llegar a la plena igualdad de ambas lenguas cooficiales, en particular en la Justicia, donde sigue siendo imposible llevar adelante un proceso judicial íntegramente en euskera.

Las continuas acusaciones que desde el ámbito del nacionalismo vasco se han realizado contra los jueces, cuestionando su falta de sensibilidad hacia el euskera, se han acentuado después de que en varias sentencias se cuestionaran algunos procesos o decisiones de administraciones públicas. Una fractura en la que también se ha distanciado su socio del Ejecutivo, el PSE, que se ha desmarcado de modo significativo de estas acusaciones y poniendo el foco en el marco normativo que deben aplicar y que es el que fija el campo de actuación legal en el que debe moverse el impulso de la lengua.

Las discrepancias en torno al euskera también han enfrentado al PNV y el PSE y a estos con EH Bildu en el ámbito de la ley de Educación. La negociación para su aprobación dividió en un primer momento a los dos socios de Gobierno, enfrentado por el modo insuficiente en el que se blindaban los actuales tres modelos lingüísticos en el sistema educativo vasco. La matización del articulado de los modelos cerró las discrepancias PNV-PSE pero agravó la distancia con EH Bildu, que defiende la necesidad de darlos por superados por un único modelo con el euskera como eje vehicular central.  

En este contexto, la cuestión se agitó aún más hace sólo unos días cuando quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, salió en defensa de los jueces. Ante las acusaciones de una supuesta ‘euskarafobia’ aseguró estas movilizaciones y acusaciones se basan en una interpretación de “intenciones” de los magistrados y no en “la verdad expresada en la ejecutoria judicial”. Unas intenciones en las que él percibe “el eco sostenido y específico del discurso de deslegitimación social que la cultura de la violencia política dirigió durante más de una década contra la Judicatura” del País Vasco. Ibarra afirmó que ese discurso contra los jueces estaba vinculado a “la mitología del MLNV”. Recordó que se sustentó en tres tópicos. El primero de ellos fue que “esos jueces no son nuestros jueces”, el segundo que “la legalidad la conceden los pueblos y no los Estados” y el tercero hacía referencia a que los vascos no podían defenderse “ante jueces que no emplean o no conocen nuestra lengua”.

Sobrepasar las normas

Expertos reconocidos, y a los que el PSE ha recurrido en ocasiones anteriores, como el catedrático en Derecho Constitucional, Alberto López Basaguren, han cuestionado que las sentencias sobre las que se soporta la manifestación que hoy acogerá la capital vizcaína escondan ningún tipo de ‘euskarafobia’ como se quiere hacer creer. En un reciente análisis recordó que lo que las sentencias en cuestión revelan es que se está “sobrepasando las exigencias respecto a los establecido en las propias normas” que regulan la normalización del euskera.

En este punto, apunta que existe un Índice de Obligado Cumplimiento (IOC) previsto en la ley de normalización por el que el número de plazas exigibles en una convocatoria debe adecuarse al entorno sociolingüístico en el que se aplica. Basaguren apunta que las sentencias sobre convocatorias de plazas en la Policía Municipal de Irún, en la entidad pública Uliazpi y en otras muchas lo único que cuestionan las sentencia es que se supera el IOC previsto por la ley. Añade que otra de las sentencias sobre la que se sustenta la acusación de ‘euskarafobia’ es una que obliga a readmitir a una mujer mayor de 45 años que ocupaba una plaza y que había sido despedida por no saber euskera, cuando los mayores de esa edad que ocupan una plaza pública están exentos. López Basaguren advierte de que lo que se está intentando es una “impunidad sobre cualquier medida en torno al euskera”, incluso si vulnera la propia normativa que lo regula.