El referéndum ilegal del 1 de octubre, los Comités de Defensa de la República (CDR), la Operación Judas y el Caso Voloh, Tsunami Democràtic... La lucha de la Guardia Civil contra las ilegalidades del independentismo desde 2017 hasta el 2 de noviembre de 2023 han sido cuantiosas y fructíferas, aunque podrían encallar en tierra de nadie. El acuerdo del PSOE con los partidos nacionalistas para investir a Pedro Sánchez gracias a la amnistía podría dejar en papel mojado años de trabajo.

Los ánimos están bajos, nadie lo esconde. Ven cómo una amnistía con fines partidistas pueden dejar en nada seguimientos, escuchas, trabajos de información, análisis de datos, cientpos de páginas de informes judiciales y detenciones sin efecto. "Todo vale para conservar el poder, aunque se demonten los cimientos del sistema", resume un mando del Instituto Armado.

Si la Policía Nacional se batió el cobre en las calles de Barcelona contra cientos de manifestantes que blandían piedras, cristales y fuego, el trabajo de la Guardia Civil ha sido determinante para dirigir investigaciones en los juzgados que imputen a políticos y civiles en su pelea por conseguir un estado independiente en el noreste de España. Violencia mediante en algunos casos.

Sin medallas

La posible eliminación de estas causas tiene socavada la moral de los investigadores, según los mandos consultados. No es una sensación nueva, ya que desde el inicio de las investigaciones han notado cómo eran incómodas para la cúpula de la Guardia Civil. Fuentes conocedoras de la situación, aseguran que desde que comenzaron las investigaciones, la Dirección General ha ido frenando las medallas que se proponían desde las unidades implicadas.

"En su día se elevaron propuestas de condecoraciones por los servicios prestados por muchas unidades. No solo UCEs, si no también de Información y de Policía Judicial, principalmente. Ahí ya estaban jodidos porque tiraron para atrás aquellas propuestas. Se habían quedado atascadas en la Dirección General. Así que les dijeron a los jefes que hiciesen una nueva relación de propuestas, y terminaron dando muchas menos y de menor rango", apunta una fuente conocedora de la situación

El desasosiego está en todas las escalas. Un mando señala que añadir a la amnistía las causas judiciales de la Audiencia nacional es "un despropósito más que muestra una ausencia de limites y principios del PSOE". En la Guardia Civil dicen con sorna que este ya no será el "Gobierno Frankenstein" que bautizó Alfredo Pérez Rubalcaba, si no "el del 'Conde Drácula'". "El unico elemento comun entre los socios es que quieren desmontar regimen 78", y señalan como prueba las notadas ausencia en la jura de la Constitución de la princesa Leonor. "Y ahora toca que Bildu exija la misma amnistia para sus presos".

Otra fuente señala que hay un "desánimo absoluto" y ganas de "pasar de todo", Los agente se "sienten abandonados" pero también hay "algún temor de que arremetan profesionalmente, de alguna manera, contra los agentes más destacados" en la sáreas que llevaron las investigaciones.

El acuerdo entre el PSOE y ERC busca una amnistía ampliada que incluye a investigados por terrorismo. Son los casos de los CDR y Tsunami Democràtic. Ambas causas son líneas rojas para los republicanos, y sin perdonerles a ello no habrá síes para Pedro Sánchez en el Congreso. Este viernes, la Justicia por un lado, y la propia Benemérita por otro, apuntalaban las causas que atormentan al independentismo.

CDR

La Audiencia Nacional ha mandado a los 12 integrantes de los Comités de Defensa de la República al banquillo, acusados de un delito de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. Fue la Operación Judas la que acabó con los autodenominados "Equipos de Respuesta Táctica" (ERT) y fue llevada a cabo por la Guardia Civil.

Era septiembre de 2019. Los agentes llevaban más de un año detras de ellos. Entre los detenidos, dos pertenecían a Los nueve de Lledoners (un proceso judicial aparte por robo, lesiones, atentado a la autoridad y desórdenes) y otro fue candidato de ERC en Folgarolas. 500 guardias se desplegaron por distintos puntos de Barcelona y sus alrededores para detener a nueve personas. Se requisaron planos de edificios públicos, incluido un cuartel del Instituto Armado, instrucciones para fabricar Goma-2 y otras sustancias para elaborar termita, un precursor explosivo.

Tsunami Democràtic

La propia Guardia Civil dio sus últimos pasos en otra causa esta semana. Se trata de la que también investiga la Audiencia Nacional sobre la plataforma Tsunami Democràtic. En esta causa se trata de dilucidar quién estaba detrás de esta organización que causa daños y pérdidas por 2,9 millones de euros en 2019, tras conocerse la sentencia del procés.

Los investigadores han señalado a nueve personas que entroncarían el organigrama. Entre los señalados hay políticos de ERC como Marta Rovira o Rubén Wagensberg, pero también hay personas con relación con los medios de comunicación o especializados en tareas de seguridad. Las acciones más simbólicas tuvieron lugar durante el corte de la AP-7, el colapso del aeropuerto de Barcelona, el intento de boicotear el Clásico de fútbol que enfrentaba al Barcelona y al Real Madrid en diciembre de aquel año o la pretensión de saturar el aeropuerto de Barajas.

Las comunicaciones se hacían a través de aplicaciones encriptadas donde los nueve señalados utilizaban seudónimos. Konan, Matagalls, Rigoberta, Mandela o Kanaba eran algunos. Para ello, los investigadores tuvieron que acceder a los terminales móviles de los detenidos e ir destripando los mensajes para poner cara a cada uno de ellos. Un trabajo de chinos que tuvo su resultado final en el informe que entregaron al juez Manuel García Castellón.

La tercera causa en la que ha participado la Guardia Civil y que podría quedarse en nada en es denominado Caso Voloh. Aquí se investiga las posibles conexiones con el Kremlin ruso por parte de la Generalitat durante los meses del procès. Poco se sabe de ella ya que permanece secreta.

La extensión de la amnistía política a estas causas, donde se investigan casos de terrorismo, podría dejar a las investigaciones de la Guardia Civil en nada. La disputa entre Junts y ERC por ser el partido que más cesiones saque a Pedro Sánchez les lleva a imponer sus condiciones. Los primeros están interesados en que la ley incluya a Voloh, ya que ahí está el jefe del a Oficina de ex Presidente de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y a la familia Pujol, de quienes nacen políticamente. En el caso de los republicanos, su obsesión está en los CDR y en Tsunami, ya que en esta última hay dos políticos de su formación señalados.