El juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional ha decidido dirigir la investigación de 'Tsunami Democràtic' contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont --huido en Bélgica desde 2017--, la secretaria general de ERC, Marta Rovira --fugada en Suiza desde 2018-- y a otras 10 personas más por estar presuntamente involucrados en la organización de los disturbios en Cataluña en 2019 tras la sentencia del procés. El magistrado sitúa a ambos políticos en la cúspide de la plataforma después de que la Guardia Civil rastreara mensajes que la implicaban como 'Matagalls' a ella y como 'el gran jefe' a él. Este impulso de la causa que llevaba casi cuatro años bajo secreto llega en plena negociación del Gobierno sobre la amnistía. Los hechos, dice el juez, podrían calificarse como terrorismo.

En el auto de este mismo lunes, el magistrado ofrece a Puigdemont al tratarse de un miembro del Parlamento Europeo, que antes de cursar el correspondiente suplicatorio para su imputación comparezca voluntariamente ante la Audiencia Nacional. “Su citación, en este momento no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio”, indica el escrito del juez. Lo mismo ocurre respecto del diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg Ramón, a quien, del mismo modo, se ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente.  

La resolución acuerda citar como investigados igualmente al jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay; al fundador del Diario Ara, Oriol Soler; y al resto de personas de los que la Benemérita ha encontrado rastro de impliación como Xavier Vendrell Segura, exconsejero de la Generalitat y dirigente de ERC; Marta Molina Álvarez, que ocupó cargos en ERC; Josep Campmajó Caparrós, empresario catalán; Jesús Rodríguez Sellés empresario y trabajador del periódico La Directa; Jaume Cabani Massip; Oleguer Serra Boixaderas, consjero de Òmnium Cultural; y Nicola Flavio Giulio, quien presuntamente subvencionó el movimiento.

Además acuerda citar como testigo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi Arnaldo Otegi, a fin de esclarecer lo acontecido en la reunión en Ginebra, y la participación que en ella tuvieron los diferentes líderes que asistieron. En la investigación se ha señalado que existieron encuentros en Suiza para coordinar y sacar adelante los disturbios. Para el juez, Alay es otra de las personas que acudió a esta reunión celebrada en Ginebra los días 29 y 30 de agosto de 2019 donde se pudo haber planificado la actuación de 'Tsunami Democràtic'. Igualmente cita como testigo a Marta Vilalta, exportavoz de ERC en el periodo que se investiga.

Las protestas callejeras se saldaron con cerca de 200 detenidos ese año y una factura que según los cálculos de la investigación asciende a 2,8 millones de euros en daños urbanos y de las compañías aéreas. Quemaron contenedores, cortaron carreteras, paralizaron un partido de fútbol en el Camp Nou y bloquearon el aeropuerto del Prat provocando la cancelación de casi 150 vuelos. Tsunami Democràtic se vendió como una organización espontánea y pacífica, pero la Guardia Civil tiene una teoría bien distinta y al juez le toca ahora calificar en qué delitos se incardina todo lo ocurrido después de que el Gobierno haya borrado la sedición del Código Penal. La clave para que siga en la Audiencia Nacional está en si se trata de terrorismo.

El juez habla de organización estructurada y jerarquizada

Las investigaciones practicadas permiten inferir indiciariamente que 'Tsunami Democràtic' fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, señala el magistrado, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.

El togado se apoya en las pesquisas de la Guardia Civil para decir que consiguieron acciones de "gran envergadura" y que fueron capaces de "movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España".

Las actuaciones llevadas a cabo por esta plataforma en 2019 fueron el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado como el del Aeropuerto de Barcelona-El Prat; el intento de bloqueo de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà o el intento de bloqueo del Aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez-Barajas;  la huelga general de 18 de octubre de 2019; el intento de afectación del proceso de Elecciones Generales de noviembre; y las acciones cometidas a propósito del fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid FC en diciembre.

Grupo terrorista

Los hechos que el juez relata creen que pueden incardinarse en diversas infracciones y, entre ellas, "terrorismo, entendiendo que desde la provisionalidad de este momento procesal" esa era la finalidad de los cabecillas. Igualmente, reconoce que lo ocurrido puede ser un delito de desórdenes públicos terroristas

“El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que 'Tsunami Democràtic' pudiera tener la consideración de “grupo terrorista”, debiendo esclarecer si se llegó a materializar su actuación con alguno de los delitos del art. 573 CP (contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías)”, explica el auto.