El pacto de PSOE y Junts no acaba de nacer. Las dos partes están próximas, pero no hay fumata blanca por el momento. Cuestiones "técnicas" de la redacción de la ley de amnistía están retrasando el cierre del acuerdo, reconocen las dos partes.
La negociación se volvió a desplazar este lunes a Bruselas. El domingo viajó hasta la capital belga la cúpula posconvergente —Jordi Turull, su secretario general, y Albert Batet, el jefe de la formación en el Parlament— para acompañar a Carles Puigdemont en el teórico tirón final de las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Y desde Madrid voló también hasta allí el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, el que ha pilotado todas los contactos con el expresident. El viaje de las dos delegaciones se interpretaba como un cierre inminente del acuerdo.
Los socialistas señalan que la cercanía del acuerdo hace difícil prever cuándo se producirá el cierre de todos los flecos, así que no se descarta mañana
Sin embargo, aún habrá que esperar algo más. "Seguimos intercambiando papeles, en una negociación muy técnica en la que los asesores jurídicos de ambas partes revisan todo", justificaban fuentes de la dirección socialista. Ese escrutinio jurídico "lo hace más largo en el tiempo" y retrasa el broche del pacto. También desde Junts señalaban que no ha habido reunión presencial con el PSOE, "intercambiando documentos sobre la ley para afinarla y que no quede ningún cabo suelto".
El empeño de Puigdemont es que la ley dé cobertura a los encausados por el caso Voloh, que investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas con el procés. El expresident quiere garantizarse que queda protegido uno de sus máximos colaboradores, Josep Lluís Alay.
Los casos encuadrados en el 'lawfare'
Según informa Europa Press, el PSOE ha aceptado que la amnistía, por tanto, incluya a responsables no ligados directamente con el proceso independentista, sin concretar los casos y nombres que podrían quedar afectados. Porque los posconvergentes no solo quieren amparar a Alay, sino también casos enmarcados en lo que encuadran en el lawfare, la "causa general" contra el soberanismo. De ahí que Junts busque incluir al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye —acusado de supuesto blanqueo por narcotráfico—, al exconseller Miquel Buch —condenado por proporcionar escolta al expresident tras el 155— o Laura Borràs, presidenta del partido condenada por fracturar contratos públicos para beneficiar a un amigo.
El 'expresident' empuja para que se incluya a responsables no directamente ligados al 'procés' independentista
Desde la cúpula del PSOE insistían en que "no se puede hacer un cálculo de previsión de cierre del acuerdo" cuando precisamente se está "cerca". Es decir, que puede demorarse unas horas más, o que se amarre esta noche o bien mañana martes.
Para los socialistas es capital pasar página cuanto antes de la tortuosa negociación con Junts y que Sánchez pueda ir a la investidura "cuanto antes". Incluso, si es posible, esta misma semana. El debate podría celebrarse cualquier día, incluidos este jueves, festivo en Madrid capital —la Almudena—, o el fin de semana, ya que el Congreso habilitó todos los días hasta el 27 de noviembre, cuando vence el plazo constitucional para la investidura.
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